La causa penal por el presunto fraude que sacude a la localidad del departamento La Capital comenzó a tomar impulso con la designación del fiscal Ignacio Orio. Mientras los ahorristas de Nelson, Laguna Paiva, Monte Vera y Llambi Campbell reclaman la devolución de sus depósitos, el Football Club Libertad emitió un comunicado para desvincularse de la operatoria de la mutual que lleva su nombre.
El presunto fraude millonario a ahorristas de la Mutual Libertad de Nelson sacude a la localidad situada a 42 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y se extiende hacia el conjunto del centro-norte santafesino.
Lo que durante años funcionó como una entidad de ahorro y crédito de referencia, quedó al descubierto tras el fallecimiento de su presidente, Osvaldo José Leiva, ocurrido el 4 de junio: la sede cerró sus puertas de forma intempestiva, los fondos dejaron de estar disponibles y decenas de ahorristas de Nelson, Laguna Paiva, Monte Vera y Llambi Campbell se encontraron sin poder recuperar su dinero ni obtener explicaciones.
La incertidumbre no se disipó con la reapertura parcial de la mutual días después. Sin autoridades identificadas públicamente, sin un comunicado firmado por responsables concretos y sin respuestas sobre el destino de los depósitos, los damnificados comenzaron a organizarse y a recurrir a la justicia. Tras varias semanas de reclamos por la demora, la causa penal presentada ante la Fiscalía Regional N°1 del Ministerio Público de la Acusación finalmente tiene fiscal: Ignacio Orio quedó a cargo de la investigación.
Una crisis que venía gestándose
La abogada Antonella Spreggero, representante de uno de los grupos de ahorristas damnificados, explicó que los primeros problemas comenzaron a advertirse meses antes del cierre. “Nosotros nos enteramos de esta situación ya desde fines de marzo”, señaló, al describir las dificultades que algunos asociados ya enfrentaban para retirar el dinero de sus plazos fijos. Según la letrada, las respuestas de la entidad eran cada vez más evasivas y los plazos para devolver los fondos se extendían sin explicaciones claras.
La situación se agravó tras el fallecimiento de Leiva, cuando la mutual dejó de operar con normalidad y los socios quedaron sin interlocutores identificables. “No sabemos quiénes son las autoridades, quiénes quedaron a cargo ni quiénes son los representantes. Lo único que apareció fue un comunicado anónimo en redes sociales”, cuestionó Spreggero.
Ante la consulta de UNO Santa Fe, la letrada indicó además que la investigación recién está comenzando y anticipó que la próxima semana podrían conocerse las primeras novedades judiciales de la causa.
La mutual admitió que no tiene fondos
Uno de los aspectos más preocupantes del caso es que la propia mutual habría reconocido no contar con el dinero necesario para devolver los depósitos. Según Spreggero, desde la entidad les comunicaron que estaban gestionando créditos con otras mutuales para afrontar los pagos y que, de conseguirlos, la devolución se haría en cuotas. “Nosotros reclamábamos el recupero íntegro de los fondos y no nos daba lugar a eso”, afirmó.
La magnitud económica del conflicto es aún incierta, pero los números disponibles dan cuenta de su gravedad: una sola de las denuncias presentadas ante el MPA reclama la devolución de $42.818.474,91, correspondientes a un único ahorrista oriundo de Monte Vera. Los abogados que intervienen en la causa advierten que el monto global podría ser considerablemente superior, dado que existen distintos grupos de damnificados en Nelson y las localidades vecinas.
El entramado que genera interrogantes
La situación también quedó envuelta en cuestionamientos por los vínculos familiares y políticos que rodean a la institución. Osvaldo José Leiva era hermano del presidente comunal de Nelson, Héctor Ramón Leiva. Además, distintos denunciantes señalaron que la tesorera de la mutual se desempeña simultáneamente como secretaria del mandatario local.
Spreggero confirmó el vínculo familiar y admitió que “genera algunas cuestiones a pensar”, aunque remarcó que será la justicia la encargada de determinar las eventuales responsabilidades.
Uno de los denunciantes, Héctor Beltrán, oriundo de Laguna Paiva, fue más directo y cuestionó la explicación que atribuye toda la responsabilidad al fallecido presidente: “Todo el mundo dice que la plata no está porque se la robó Leiva. Pero la lógica sería que si vos te robás ese dinero no te ahorcás. Claramente hay que investigar qué pasó”. Beltrán también apuntó contra la tesorera de la mutual y reclamó que rompa el silencio: “La primera que tiene que hablar es la tesorera. Para que se mueva el dinero tiene que firmar. Ella no habla, no aparece”.
El denunciante también pidió explicaciones al presidente comunal: “Trabajaban con una vinculación concreta entre ambas instituciones. El presidente comunal tiene que dar respuestas sobre esto. No sé si será responsable o no, pero tiene que explicar qué pasó”. Y cerró con una definición contundente sobre la situación que atraviesan los ahorristas: “Es una tomada de pelo de una magnitud que da tristeza. No sabés si llorar o reírte. Jugar así con la gente es muy triste”.
El club tomó distancia de la mutual
En medio del conflicto, la Asociación Civil Foot-Ball Club Libertad de Nelson difundió un comunicado para desvincularse de la operatoria de la mutual. El texto, firmado por el presidente Francisco Lanzo y la secretaria Yamila Tion, y fechado el 19 de junio de 2026, sostuvo que el club y la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes son “entidades jurídicas distintas e independientes”, cada una con sus propias autoridades y ámbitos de actuación.
La comisión directiva afirmó que nunca integró ni ejerció funciones en los órganos de administración, fiscalización o gobierno de la mutual, y que tampoco participó en la gestión de sus actividades, en la administración de sus recursos ni en la toma de decisiones. Remarcó además que el club “no tuvo ni tiene facultades legales de supervisión, fiscalización o control” sobre las actividades de la mutual, cuya denominación fue oportunamente autorizada por el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social).
El comunicado también expresó respeto hacia los ahorristas damnificados y reconoció su derecho a ejercer las acciones legales que consideren pertinentes, aclarando que esos reclamos “deberán canalizarse y resolverse por las vías institucionales y legales pertinentes”. Finalmente, la comisión reafirmó su compromiso con la transparencia y su disposición para colaborar con las autoridades judiciales ante cualquier requerimiento.
Fuente: UNO Santa Fe
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