En diálogo con FM Chalet, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Romina Del Pla, abordó un tema que ha generado gran preocupación durante toda la semana: la violación de los derechos humanos en la provincia de Jujuy. En particular, se hizo énfasis en los hechos de violenta represión que han ocurrido tanto en la ciudad como en diversos lugares de la región.
Romina Del Pla, reconocida profesora de Historia y precandidata a senadora por su partido, hizo hincapié en la difícil situación que está atravesando la población trabajadora y el sector docente en Jujuy. Destacó que los docentes se encuentran en su tercera semana de paro, denunciando salarios insuficientes que sumergen a muchos en condiciones de pobreza e indigencia. Esta problemática ha cobrado aún más relevancia debido a la puesta en funcionamiento repentina de una convención constituyente por parte del gobernador Morales, con un carácter altamente reaccionario, según denuncia la diputada.
La reforma constitucional propuesta por el gobernador Morales ha generado un profundo rechazo en la población jujeña, movilizando a diversos sectores como las comunidades originarias, los trabajadores de la salud, los mineros y los manifestantes piqueteros. Según Del Pla, el objetivo de esta reforma es criminalizar la protesta social, permitiendo que cualquier persona que se movilice o reclame, ya sea por temas ambientales, salarios, empleo, falta de alimentos en comedores o casos de femicidio, sea multada o enfrente cargos penales. Estas acciones represivas por parte del gobernador Morales se suman a ocho años de persecución hacia los manifestantes
Ante la movilización y el rechazo generalizado hacia la reforma, el gobernador respondió con represión brutal. En diferentes episodios, la policía no solo reprimió las manifestaciones, sino que también causó graves heridas y detuvo a más de 60 personas. Del Pla enfatizó la necesidad de la liberación de los detenidos y el fin de la represión, así como la renuncia del gobernador Morales y la derogación de la reforma constitucional.
Además, destacó que queda claro que en Juntos por el Cambio no hay diferencias significativas entre sus miembros. Todos están comprometidos en servir a los intereses de saqueo de los recursos tanto a nivel provincial como nacional. Su objetivo es permitir la explotación y el saqueo de manera indiscriminada. Esta es la razón por la cual han cerrado filas para defender a Morales, ya que esto anticipa lo que sucedería si regresaran al gobierno nacional.
Sobre las propagandas pagadas con fondos provinciales que presentaban a Jujuy como una provincia próspera y exitosa, criticó el uso de estos recursos para financiar la campaña presidencial de Morales en lugar de destinarlos a aumentar los salarios de los docentes. La defensa corporativa de Morales se debe a la protección de un concepto de represión y saqueo que trasciende su figura, ya que el saqueo del litio ha sido permitido por el gobierno nacional en complicidad con las multinacionales.
Del Pla enfatizó que lo que está sucediendo en Jujuy es una respuesta del pueblo contra las estafas perpetradas por el propio gobernador. Muchos de los manifestantes son personas que votaron a Morales, pero se sienten engañadas por sus intenciones con la reforma constitucional, lo cual ha generado una profunda indignación en la población.
Explicó que el gobierno de Jujuy tiene la posibilidad de dar marcha atrás en esta reforma completamente reaccionaria. Incluso, Morales intentó engañar a las comunidades originarias después de la aprobación de la Constitución, afirmando que modificaría dos artículos para evitar confusiones en relación a la expropiación de tierras. Esto demuestra que el gobernador tiene el poder de modificar la reforma a su voluntad. Es importante destacar que esta reforma puede y debe ser revertida, ya que es el reclamo de la gran mayoría de la población. Realizar una reforma constitucional a espaldas del pueblo implica un gran perjuicio para la mayoría, y esto debe quedar claro.
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