Abuelas de Plaza de Mayo había advertido que se podría paralizar la búsqueda de los bebés robados durante la dictadura por falta de presupuesto. Intervinieron fiscales especializados en crímenes de lesa humanidad.
Por Luciana Bertoia / Página 12
Manuel Adorni tendrá oportunidad de dedicarse a asuntos más altruistas que su situación patrimonial. El juez federal Alejo Ramos Padilla le ordenó al jefe de Gabinete que disponga todas las medidas administrativas y asignaciones presupuestarias para garantizar que siga funcionando el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Horas antes, las Abuelas de Plaza de Mayo les habían pedido a los jueces y a los integrantes del Congreso que exhortaran al Gobierno a mantener en pie el organismo que se ocupa de los análisis para identificar a los bebés que fueron robados durante el terrorismo de Estado.
El BNDG se encuentra en una situación crítica por falta de recursos. El viernes pasado, la directora técnica de la institución, Mariana Herrera Piñero, envió una nota a juzgados y tribunales federales advirtiendo que no podrían seguir tomando muestras biológicas –indispensables para hacer los cotejos de ADN que permiten determinar si una persona es hija de desaparecidos.
A partir de esa nota del BNDG, la alarma empezó a crecer en los tribunales. El fiscal Pablo Parenti, titular de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE), promovió una serie de presentaciones en distintas jurisdicciones. En La Plata, la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos –integrada por Gonzalo Miranda, Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira– se sumó y requirió medidas.
En ese sentido, Ramos Padilla decidió dictar una medida cautelar interina, que solo se permite en “circunstancias graves y objetivamente inaplazables que lo justifiquen”. El juez intimó a Adorni a que en cinco días explique cuál es el interés público comprometido en el funcionamiento del BNDG, ya que el organismo está en su órbita al igual que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. En idéntico plazo, el ministro Juan Bautista Mahiques deberá pronunciarse por la eventual responsabilidad del Estado Nacional ante la posible afectación del servicio de justicia.
“La eventual interrupción o limitación de las funciones periciales del BNDG podría comprometer seriamente la producción y preservación de prueba judicial esencial e irrepetible en procesos vinculados a delitos de lesa humanidad actualmente en trámite ante la jurisdicción federal, con eventual afectación de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino y de la adecuada prestación del servicio de justicia”, advirtió el titular del Juzgado Federal 1 de La Plata.
El BNDG es un organismo autárquico. Fue creado en 1987 por decisión del entonces presidente Raúl Alfonsín ante un pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo, que entendieron que la ciencia sería fundamental para reencontrarse con los nietos y las nietas que los represores les habían arrebatado.
Desde Abuelas de Plaza de Mayo explicaron que en el BNDG hay unas 32.000 muestras ingresadas. En su mayoría, están relacionadas con crímenes de lesa humanidad. Pertenecen a personas que buscan a niños robados durante los años del terrorismo de Estado o a personas que sospechan que podrían ser hijos de desaparecidos.
“El desfinanciamiento del BNDG podría generar un daño irreversible para la restitución de los nietos y nietas apropiados en dictadura, pero también para las nuevas búsquedas que se han incorporado a lo largo de estos años de ampliación del derecho a la identidad”, alertaron desde Abuelas, el organismo que preside Estela de Carlotto.
Un deterioro progresivo
En la resolución, Ramos Padilla dio cuenta de que la directora del BNDG empezó a advertir desde el 18 de marzo sobre la falta de recursos humanos y materiales. En esa oportunidad, había explicado que el ajuste había impactado negativamente en el cumplimiento de las pericias solicitadas durante 2025 y que se debieron suspender viajes para la toma de muestras programadas ante la falta de viáticos. En ese momento, la experta decía que se había comenzado a afectar el pago a proveedores responsables de servicios críticos –como seguridad, mantenimiento informático y condiciones ambientales para la preservación del material genético.
Para que se entendieran las dificultades que atraviesa el BNDG, la directora había explicado que no podían ni siquiera adquirir nuevos equipos para mantener las muestras nuevas que se iban tomando. Las muestras tienen que preservarse a determinada temperatura para evitar su deterioro.
El 6 de mayo pasado, Herrera Piñero mandó otra nota en la que alertaba sobre la situación crítica presupuestaria, ya que únicamente se había aprobado un 56 por ciento del monto requerido para el funcionamiento durante 2026. Dos días después, la nota fue más alarmante. Anunció que ya no se podrían tomar muestras biológicas.
Ramos Padilla ponderó en su resolución el rol del BNDG en tanto “organismo técnico esencial e irremplazable” para el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad –como lo son las apropiaciones de niños y niñas durante los años del terrorismo de Estado– y como perito oficial. “Los peritajes allí producidos han constituido históricamente una herramienta central –y en numerosos casos, la única prueba científica idónea– para determinar el verdadero origen biológico de víctimas de apropiación y supresión de identidad, posibilitando la reconstrucción de vínculos familiares, el restablecimiento del derecho a la identidad y el avance de los procesos judiciales correspondientes”, señaló.
“A través del auxilio del BNDG, el Poder Judicial logra efectuar una reparación a las víctimas de delitos de lesa humanidad, al devolver la identidad de aquellas que fueron apropiadas”, añadió.
Ramos Padilla recordó que el Juzgado Federal 1 de La Plata, actualmente a su cargo, intervino en distintos casos de apropiación: el de Elena Gallinari Abinet –la primera nieta nacida en cautiverio que logró ser restituida a su familia–, el de Silvia Alejandra Cugura Casado y el de Sebastián José Casado Tasca.
“La conservación de los datos genéticos ya incorporados resulta clave en el cotejo y la búsqueda de la identidad y la verdad. Por otra parte, la incorporación de nuevas muestras al Archivo Nacional de Datos Genéticos implica brindar mayores chances de resultados positivos, incluso para investigaciones suspendidas, futuras o en trámite”, resaltó Ramos Padilla.
A nivel político, hubo distintas reacciones. El Gobierno bonaerense le recordó a Milei las obligaciones internacionales que asumió el Estado argentino a la hora de investigar, sancionar y reparar crímenes de lesa humanidad a través de una declaración de la Subsecretaría provincial de Derechos Humanos.
La diputada nacional Cecilia Moreau presentó un proyecto para que el Congreso inste a Milei a preservar el funcionamiento del BNDG. El Parlamento ya tuvo que intervenir para dejar sin efecto el Decreto 351/2025, que disponía una intervención de facto del organismo.
En la Legislatura porteña, el peronismo acompañó un proyecto de declaración de Andrés La Blunda –legislador y uno de los nietos encontrados por las Abuelas– en la que se alertaba sobre la motosierra de Milei en instituciones fundamentales para la democracia.
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