El juicio expuso el rol del Regimiento de Infantería 7, que dirigía el padre del actual ministro de Defensa. Entre los condenados, hay un represor que escribió un libro con Victoria Villarruel.
Por Luciana Bertoia / Página 12
El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata condenó a trece represores por crímenes de lesa humanidad ocurridos en tres centros clandestinos de detención de La Plata. Por primera vez, el foco estuvo puesto en el rol que jugó en los secuestros, las torturas y los asesinatos el Regimiento de Infantería 7, que estuvo a cargo de Roque Presti –padre del actual ministro de Defensa, Carlos Presti– durante los primeros meses de la última dictadura.
Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Basso condenaron a todos los acusados que llegaron al final del juicio: once recibieron una sentencia a prisión perpetua, uno a 25 años y otro a 18. Entre los condenados a perpetua se encuentra Jaime Lamont Smart, ministro de Gobierno de la dictadura en la provincia de Buenos Aires.
Quienes fueron juzgados en este proceso fueron parte del Regimiento de Infantería 7 (RI7) –que era responsable de la represión en el Área 113, que incluía a La Plata y otros partidos aledaños–, el Destacamento de Inteligencia 101, el Cuerpo de Infantería Motorizada de la Policía Bonaerense y la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una banda de ultraderecha.
Entre quienes recibieron la pena máxima se encuentran Alberto Jorge Crinigan (oficial de inteligencia del RI7 y coautor de un libro junto con Victoria Villarruel), Ismael Ramón Verón (oficial de operaciones del RI7), Enrique Francisco Welsh (oficial de personal del RI7), Claudio Rubén Mejías (Cuerpo Motorizado), Raúl Ricardo Monzón (Cuerpo Motorizado), Rubén Vicente Sánchez (oficial de personal del RI7), Enrique Armando Cicciari (oficial de logística del RI7), Carlos María Romero Pavón (Destacamento de Inteligencia 101), Roberto Armando Balmaceda (Destacamento de Inteligencia 101), Jorge Héctor Di Pasquale (Destacamento de Inteligencia 101) y Carlos Ernesto “Indio” Castillo, de la CNU.
El proceso estuvo centrado en lo sucedido en tres dependencias de la Policía Bonaerense: la que estaba ubicada en 1 y 60 –que concentró la mayoría de los casos–, la comisaría 8ª y la comisaría 2ª. En el caso se examinó lo sucedido con 294 víctimas entre 1976 y 1978. El TOF reconoció, a pedido de la querella, que existieron desapariciones forzadas de personas.
“Es la primera causa en la jurisdicción que muestra el rol del RI7 en la región. El RI7 era el encargado de conducir todo el esquema represivo en coordinación con la Fuerza de Tarea 5. En este juicio se vieron las detenciones masivas del 24 de marzo, que dejaron en evidencia la inteligencia previa al golpe y la preparación represiva de las Fuerzas Armadas. A diferencia de otros procesos, aquí varios imputados recibieron su primera condena, algo que ya no es tan habitual. Fue un juicio excesivamente extenso, con tres jueces subrogantes —y por primera vez una jueza—, imputados a los que solo vimos por cámara y un proceso muy representativo de esta época”, señaló la abogada querellante Guadalupe Godoy.
“Fue un buen veredicto”, consideró su colega Pablo Llonto. “No sólo por la cantidad de condenas a perpetua que coinciden bastante con lo solicitado en general, sino porque un nuevo tribunal en la Argentina reconoce la existencia del delito de desaparición forzada de personas, hecho muy importante para nuestro país ya que representa la admisión jurídica de un delito que se sigue cometiendo al mantener los genocidas el silencio sobre el destino de los restos de los desaparecidos, lo cual da cuenta de su peligrosidad y del riesgo que significa que se le concedan beneficios tales como la prisión domiciliaria, las salidas transitorias o las libertades condicionales”, resaltó.
Por su parte, la auxiliar fiscal Ana Oberlin destacó que el TOF1 haya reconocido los delitos por medios sexuales que sufrieron las mujeres que estuvieron secuestradas en 1 y 60 y en la comisaría 8ª. “Es importante que en estos juicios se reconozcan las violencias específicas y diferenciadas contra las mujeres”, explicó.
El TOF 1 dispuso, además, que se señalicen los tres espacios como centros clandestinos.
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