Fue gracias a las negociaciones con el kirchnerismo. Los planes para avanzar con el nombramiento del académico y el temario deseado para las sesiones extraordinarias.

Por Tatiana Scorciapino/ Tiempo Argentino

A contrarreloj, y gracias al apoyo de la senadora kirchnerista Lucía Corpacci, el gobierno logró conseguir las nueve firmas necesarias para habilitar el tratamiento del pliego de Ariel Lijo para asumir como futuro juez de la Corte Suprema de Justicia. Las buenas noticias, sin embargo, no se replican para Manuel García Mansilla quien, a dos días de la última sesión ordinaria en el Senado, aún no logra juntar los avales necesarios. Con este escenario, en el gobierno ya evalúan la posibilidad de concretar su nombramiento por decreto.

La decisión del oficialismo se da en medio de la imposibilidad de avanzar en las negociaciones con la oposición, que resiste al magistrado por tratarse de una mujer. El académico fue designado por el oficialismo como reemplazante de Helena Elena Highton de Nolasco, un movimiento que no tuvo buena repercusión en las bancadas dialoguistas, quienes desde hace meses insisten en que el gobierno cambie a García Mansilla por una jueza para respetar el orden institucional, un reclamo que el oficialismo no tiene intenciones de dar lugar.

En este marco, y a pesar de la negativa de varios miembros de Comisión de Acuerdos, dirigida por la larretista Guadalupe Tagliaferri, la posibilidad de que el máximo tribunal quede compuesto por sólo tres miembros no es una opción para el gobierno. Así lo hizo saber en las últimas horas en el Senado el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, encargado de llevar adelante las negociaciones con los bloques parlamentarios. En la misma línea se manifestó Guillermo Francos, quien abrió el paraguas mediático anticipando la posible medida. «Son alternativas (el nombramiento por decreto) que están en análisis», afirmó el jefe de gabinete en una entrevista

Con este escenario, la mesa chica del oficialismo analiza la posibilidad de avanzar este jueves sólo con el pliego de Lijo, que logró conseguir el apoyo de Ezequiel Atauche; Juan Carlos Romero; Carlos “Camau” Espínola; Beatriz Ávila; Carlos Arce; Lucía Corpacci; Claudia Ledesma Abdala de Zamora; Sergio Uñac y Tagliaferri. Así, se dejaría a García Mansilla sujeto al nombramiento por decreto. Si bien en la mesa chica de la gestión libertaria reconocen que esta posibilidad no era la deseada, puesto que esperaban contar con el apoyo del Senado y no repetir la experiencia de Mauricio Macri en 2016, lo cierto es que la falta de apoyo los obligó a modificar los planes a último momento.

“La idea original sigue siendo ‘los dos o ninguno’, pero no podemos dejar a la Corte armada por la mitad”, reconoció ante Tiempo una fuente irrefutable. En poco más de seis meses de negociaciones, García Mansilla sólo logró juntar cinco de las nueve firmas necesarias para su dictamen, un número que los operadores del gobierno no logran quebrar. Por ello, la posibilidad de que este nombramiento avance por decreto en comisión -y quede a prueba por un año- está cada vez más latente.

Si bien el reloj sigue corriendo, en el gobierno se juegan una última carta. Según pudo saber este medio, el oficialismo convocará a sesiones extraordinarias en las próximas horas cuyo temario incluirá el tratamiento de los pliegos de ambos magistrados. En el ideal de los cerebros libertarios, esta extensión de tiempo podría garantizar que se destrabe la negociación con el peronismo, que mira con cada vez más preocupación el rol que tendrá la Corte en el futuro electoral de su líder.

Con la condena a Cristina Fernández de Kirchner ratificada en Casación, la ex vicepresidenta cuenta con la Corte como última instancia de apelación para esquivar la decisión judicial de inhabilitarla de por vida a ejercer cargos públicos. Sin embargo, con un tribunal a medio componer y cuyos tres principales miembros son los mismos a quienes el ex oficialismo intentó ejecutar mediante la figura de juicio político, en el Instituto Patria y Balcarce 50 saben que la ratificación de la condena llegará más pronto que tarde.

Es con este escenario que en el oficialismo buscarán seducir a un peronismo cercado para que los apoye en estos dos nombramientos. Esta es la segunda vez que el gobierno y el kirchnerismo buscan cerrar un acuerdo. Según reconstruyó Tiempo, el último intento se dio quince días atrás, momento en el que se esperaba la firma de Corpacci, pero la decisión del gobierno de no ceder ante el pedido de nombrar a una jueza afín a CFK en lugar de García Mansilla coartó esa posibilidad.

Dos semanas después, y con un fallo condenatorio en segunda instancia, el kirchnerismo envió un gesto de buena voluntad y puso el gancho para habilitar el tratamiento del resistido juez. Como recompensa, dice una fuente irrefutable, el gobierno estará dispuesto a negociar la ampliación de la Corte y permitirá que el justicialismo acerque sus propios nombres para ocupar un futuro máximo tribunal integrado por nueve magistrados.

El encargado de llevar adelante esta negociación es el propio Amerio. El titular blue de la cartera tiene diálogo directo con terminales de la ex vicepresidenta, a quienes busca convencer a contrarreloj, mientras su amigo Santiago Caputo hace lo propio con Juan Manuel Olmos. El actual titular de la AGN y referente del PJ porteño es el nexo entre el peronismo y la justicia, por lo que su participación en las negociaciones con el oficialismo es clave para asegurar una convivencia pacífica en un terreno más que turbulento.

Las otras negociaciones

Además del tratamiento de los pliegos en extraordinarias, en el oficialismo confirman que también llevarán al recinto las discusiones por la eliminación de las PASO, la modificación del financiamiento de partidos políticos y la privatización de Aerolíneas Argentinas. Si bien en el gobierno afirman que cuentan con los votos para avanzar, lo cierto es que la resistencia del PRO y el radicalismo son altas y ponen en jaque la relación del oficialismo con sus principales socios políticos de cara a los acuerdos electorales para las legislativas del próximo año.

En tanto, la posibilidad de que el Presupuesto 2025 sea aprobado es prácticamente nula. A pesar de sobreactuar voluntad de diálogo con las visitas del secretario de Hacienda Carlos Guberman al palacio, en los hechos la mesa chica del oficialismo nunca tuvo una intención de aprobar la ley de leyes, instancia que enfureció a los gobernadores dialoguistas. Con un año electoral por delante, los mandatarios precisan imperiosamente de los envíos del gobierno nacional, una canilla que se coartará de manera deliberada si el gobierno prorroga -por segunda vez- la hoja de ruta del 2022.

Es por esto que en las últimas horas los popes provinciales volvieron a insistir a la Casa Rosada para concretar una nueva reunión que les permita llegar a acuerdos que contenten a todas las partes. Sin mayores precisiones, en ambas terminales reconocen que la cumbre fue solicitada, pero por el momento no se fijó ninguna fecha. Si bien en la mesa chica admiten que gobernar con un presupuesto dos veces prorrogado -y, por consecuencia, desactualizado- es la fantasía del presidente, admiten que aún están dispuestos a tener una última instancia de diálogo.

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