El fiscal Ezequiel Hernández, de la Unidad de Violencia Institucional, acusó formalmente a los efectivos por el grave episodio ocurrido el 17 de enero de 2026. Además, les atribuyó torturas contra un menor de edad. La autopsia se rige bajo el Protocolo de Minnesota. Investigan por qué el joven fue hallado sin vida en la celda horas después de que se ordenara su liberación.
La investigación judicial por la muerte de Mauro González, el joven de barrio Yapeyú que falleció en el interior de un calabozo mientras se encontraba bajo custodia del Estado, dio un paso crucial hacia el esclarecimiento y la determinación de responsabilidades penales.
Este viernes, el fiscal de la Unidad de Violencia Institucional, Ezequiel Hernández, imputó formalmente a seis agentes de la Policía de la provincia que prestaban funciones en la Comisaría 8ª al momento del luctuoso hecho.
A los uniformados se les atribuyeron los gravísimos delitos de apremios ilegales y tormentos seguidos de muerte. Pero la acusación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) fue aún más allá: el fiscal Hernández también les endilgó un segundo hecho independiente de apremios ilegales y tormentos en perjuicio de un menor de edad, cometido bajo una modalidad y un patrón operativo que presentaría alarmantes similitudes con los vejámenes sufridos por González.
La causa, en la que la familia de la víctima interviene en carácter de querellante con el patrocinio institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, busca desentrañar una presunta trama de brutalidad policial y posterior encubrimiento dentro de la seccional ubicada en el norte de la capital santafesina.
De una denuncia por desorden a una celda de castigo
El trágico derrotero de Mauro González comenzó el pasado 17 de enero de 2026 en la vereda de su propio domicilio en barrio Yapeyú, luego de que un llamado a la Central de Emergencias 911 alertara sobre un supuesto desorden vecinal en la vía pública. Desde el primer minuto posterior al arresto, los familiares denunciaron que la aprehensión estuvo signada por un uso desproporcionado de la fuerza física por parte del personal actuante.
Para sustentar la acusación de violencia institucional, la Fiscalía incorporó al expediente penal una importante masa de pruebas que debilita la versión oficial del “paro cardiorrespiratorio no traumático” que intentó instalar la seccional en las primeras horas:
El cúmulo de evidencias en manos de la Fiscalía
Testimonios de vecinos: múltiples declaraciones de personas del barrio que aseguraron haber presenciado cómo los uniformados golpearon a González cuando ya se encontraba reducido y esposado en el suelo.
Registros audiovisuales: videos particulares filmados con teléfonos celulares, fotografías y el rastreo de cámaras de seguridad públicas y privadas que captaron la violencia del operativo de traslado.
Constancia médica omitida: los peritajes determinaron que el joven fue paseado por distintas dependencias antes de recibir asistencia médica formal. Cuando finalmente un profesional lo revisó, dejó asentadas de puño y letra lesiones severas en el cuerpo que demandaban varios días de curación y reposo.
Una orden de libertad firmada que nunca se ejecutó
Uno de los puntos más oscuros y determinantes de la pesquisa gira en torno a las horas previas al deceso dentro de la Comisaría 8ª. Según consta en los registros informáticos y en los libros de guardia secuestrados por los investigadores, el fiscal que intervino de forma primaria en el caso del desorden callejero había ordenado la inmediata libertad de Mauro González alrededor de las 22:40 de ese mismo día.
Sin embargo, por razones que son materia de estricta investigación, la disposición jerárquica nunca se materializó ni se notificó al detenido, quien continuó encerrado en el calabozo. Horas más tarde, ya en la madrugada, cuando los agentes de turno presuntamente se disponían a hacerle firmar el acta para concretar su salida, González fue hallado sin vida y sin pulso en el interior de la celda de aislamiento.
Aplicación del Protocolo de Minnesota
A raíz del fallecimiento en contexto de encierro, el expediente fue retirado de la Unidad de Homicidios y derivado a la Unidad de Violencia Institucional para garantizar la transparencia del proceso. El fiscal Hernández dispuso la inmediata activación del Protocolo de Minnesota, un estándar internacional de la ONU diseñado de forma específica para investigar muertes bajo custodia estatal, cuyo fin es determinar si el deceso fue consecuencia de torturas, ejecuciones extralegales u omisiones deliberadas de cuidado por parte de los centinelas.
Con la imputación de los seis efectivos policiales en los tribunales locales, el caso ingresa formalmente en una etapa de recolección de pruebas de laboratorio y peritajes científicos definitivos. La querella y el MPA buscarán convertir estas imputaciones en prisiones preventivas definitivas para evitar el entorpecimiento de la causa y garantizar la seguridad de los testigos de barrio Yapeyú que se animaron a denunciar a la fuerza estatal.
Fuente: UNO Santa Fe
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