Colombia, Ecuador y Perú comparten no sólo fronteras sino problemas semejantes.
Colombia, Ecuador y Perú comparten no sólo fronteras sino problemas semejantes, como la penetración del narcotráfico, el desarrollo de la violencia criminal, un crecimiento económico insuficiente, agudos problemas de subempleo y una gran disparidad en la distribución del ingreso.
Hasta hace pocos años, sus estados tenían relaciones cordiales con una política exterior no ideologizada, de mutuo respeto a las coyunturas políticas internas. Eso está en crisis, con consecuencias para sus pueblos que no comparten las querellas de sus dirigentes y las ven como sandeces irresponsables. Veamos el panorama en su conjunto, el cual dicta la necesidad de desarrollar la colaboración tripartita y no destruirla.
Las proyecciones del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita (nominal) para 2026 sitúan a Perú con $8.452 USD, a Colombia con $7.914 USD y a Ecuador con $6.875 USD por habitante.
Ese mismo indicador ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA) es en Perú de $16.038 USD. Su economía se caracteriza por la exportación de metales (cobre y oro) y su previsión de crecimiento sostenido. En Colombia es de $23.576 USD ajustado por PPA; cuenta con una base industrial y exportadora más diversificada, y se posiciona como una de las economías más grandes de América Latina. En Ecuador es de $14.200 USD ajustado por PPA; su economía está dolarizada, lo que le otorga una menor inflación, pero afronta importantes retos en materia de crecimiento y balanza comercial.
El subempleo en Colombia, Perú y Ecuador representa el principal desafío de sus mercados laborales. El índice de empleo decente, según la denominación de la OIT, sólo alcanza al 50% de la Población Económicamente Activa (PEA). El otro 50% está subempleado en los tres países.
El Índice de Gini (que mide la desigualdad de ingresos en una escala de 0 a 100 o de 0 a 1) en estos tres países sudamericanos registra los siguientes niveles con base en las cifras más recientes del Banco Mundial: Colombia: 54,4 (o 0,544); Perú: 40,1 (o 0,401); Ecuador: 45,9 (o 0,459).
Colombia es considerado uno de los países con mayor desigualdad de ingresos en la región y a nivel global. Sin embargo, la tendencia a nivel nacional ha venido mostrando una leve mejora y reducción de estas brechas en años recientes, aunque el índice continúa siendo alto. Perú presenta un Índice de Gini considerablemente menor al promedio de América Latina. Históricamente ha mostrado una tendencia de reducción progresiva en el nivel de desigualdad en la distribución de ingresos durante las últimas dos décadas. Ecuador se sitúa en un nivel intermedio de desigualdad respecto a sus vecinos. Las mediciones oficiales revelan diferencias marcadas entre las zonas urbanas y rurales (donde el área rural mantiene un índice de Gini superior, evidenciando menor equidad).

Vale decir que, con diferencias económicas y sociales menores entre sí, los tres países pertenecen a una categoría internacional de «clase media baja» en el planeta.
En el asunto de la inseguridad, Ecuador se consolida como el país más violento de Latinoamérica, arrastrando el récord histórico con el que cerró el periodo previo (50.9 homicidios por cada 100.000 habitantes). En lo que va del año se registra una disminución acumulada de homicidios del 13% al 25% en meses específicos (como mayo) en comparación con el año anterior, gracias a los toques de queda nocturnos y la declaración de «conflicto armado interno».
Colombia atraviesa su peor panorama de violencia en más de una década, con proyecciones que elevan la tasa anual hacia los 28.3 homicidios por cada 100.000 habitantes en algunas mediciones regionales. El primer trimestre del año cerró con 3.391 homicidios, la cifra más alta registrada para ese periodo desde el año 2013.
Perú se mantiene con los índices más bajos de la comparación, situándose cerca del umbral de los 9.5 a 10.7 homicidios por cada 100.000 habitantes.
La amenaza de El Niño en 2026 se traduce en un evento cálido de magnitud moderada a fuerte con efectos opuestos en la región andina: sequías e incendios forestales en Colombia e intensas lluvias e inundaciones en las costas de Perú y Ecuador.
Los tres países tienen sociedades políticamente escindidas. El candidato electo en Colombia, Abelardo de la Espriella, ganó con menos del 1% de diferencia su elección y no tiene mayoría en el Congreso. La señora Keiko Fujimori está en una situación igual. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, perdió una consulta mal planteada y peor difundida con el 60% de votos negativos. Vale decir, los tres países comparten serios problemas de gobernabilidad.

Este trío andino, que comparte fronteras, problemas, desafíos históricos y amenazas criminales y naturales, ha cambiado en estos meses tradiciones históricas de política exterior y la ha ideologizado tontamente. Noboa ha intervenido en las elecciones colombianas burdamente, tomando partido por un candidato que hoy es presidente electo de Colombia con el apoyo de la mitad de la población. De la Espriella agradeció públicamente el apoyo de Noboa en plena campaña electoral. Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha nacionalizado a un político ecuatoriano preso por presuntos actos de corrupción. Fujimori, probable presidenta del Perú cuando así la proclamen oficialmente, ha acusado a Petro de ser un «presidente subversivo», y este le ha respondido diciendo que el fujimorismo representa en Perú la posibilidad de un «Estado terrorista y genocida».
Los líderes andinos han violado el principio de no intervención consagrado en la Carta de la ONU y han debilitado a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) a la que pertenecen sus países. Una verdadera olimpiada de torpezas de dirigentes de Estado que ignoran los más elementales principios de política internacional.
Una política exterior no puede ser ideologizada porque anteponer la ideología a la realidad debilita la seguridad, la economía y la supervivencia de un Estado. En las relaciones internacionales, el pragmatismo y el interés nacional siempre deben prevalecer sobre los dogmas políticos. Hay razones elementales para huir de la ideologización de la política internacional de un Estado:
- El sistema internacional siempre está en cambio. No existe un gobierno mundial que proteja a los estados. Cada país debe garantizar su propia supervivencia mediante alianzas estratégicas, sin importar la ideología de sus socios.
- Los intereses nacionales mutan: las necesidades de comercio, energía y seguridad se modifican con el tiempo. Una política ideológica es rígida y no permite adaptarse a nuevos escenarios globales.
- El comercio no tiene color político: los Estados necesitan vender sus productos y comprar recursos. Romper lazos comerciales por diferencias ideológicas genera crisis económicas internas.
- Evitar cualquier forma de aislamiento diplomático: negarse a dialogar con gobiernos de ideologías opuestas reduce el margen de maniobra de un país y lo deja fuera de las grandes decisiones globales.
- Riesgo de conflictos innecesarios: la ideologización radical convierte las diferencias políticas en enemistades absolutas, lo que eleva el riesgo de guerras o sanciones.
Evocamos a Enrique Dussel, el filósofo argentino ya desaparecido y exiliado en México varios años, quien calificaba a la torpeza de un líder político como la «corrupción de la representación».

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