El Tribunal Oral Federal de Santa Fe emitió nueve resoluciones, mediante las cuales sentenció a nueve hombres, una mujer y una mujer trans, por tenencia y comercialización de estupefacientes; y a un hombre por naufragio culposo. En 2018 el TOF emitió 130 condenas, una cada tres días.

Por Juliano Salierno

Desde que se reanudó la actividad judicial el viernes 1º de febrero, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe lleva dictadas 9 sentencias condenatorias en igual cantidad de días hábiles, de las cuales la mayoría fueron por infracción a la Ley Nº 23.737 de estupefacientes. Como último dato estadístico, fuentes judiciales informaron a fines de 2018 que el balance de dicho año había sido de 130 fallos, arrojando un promedio de una resolución cada 3 días, ubicando al tribunal santafesino entre los más eficientes del país.

Las sentencias dictadas en todos los casos por tribunales unipersonales son el coletazo de diciembre, cuando se celebraron sendas audiencias de juicios abreviados entre las defensas y el Ministerio Público Fiscal, que encabeza el fiscal general Martín Suárez Faisal; y cuyos fallos quedaron suspendidos por el inicio de la feria judicial de enero.

La primera resolución -publicada esta semana por El Litoral- es la única que por su tipo penal no refiere al tráfico de estupefacientes (ver “Choque en el río”), sino a un “naufragio culposo agravado” acontecido en Reconquista y por el cual el conductor de una lancha recibió dos años de prisión en suspenso, por chocar con un buque de Prefectura Naval en la largada del XX Concurso de Pesca del Surubí, el 14 de octubre de 2007.

En cambio, entre la semana pasada y este martes, fueron emitidas las restantes ocho condenas por los delitos de “tenencia simple de estupefacientes” y “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, que alcanzaron a once personas: nueve hombres, una mujer y una mujer trans.

Aunque en forma separada, los miembros del TOF -María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Luciano Homero Lauría-, impusieron sanciones que van de 2 a 4 años de cárcel para una decena de personas, las cuales se encontraban sujetas a procesos penales en trámite desde años anteriores. Además, en todos los casos los juicios abreviados contaron con la firma de la fiscal auxiliar Jimena Caula, de la Fiscalía General local, así como del consentimiento de los imputados y sus respectivas defensas, ya sean privadas o pública.

Moto en zigzag

El lunes pasado, el juez Luciano Luaría condenó a un fletero de 40 años llamado Oscar Alberto Gómez, que está detenido desde el 26 de marzo del año pasado, cuando fue alcanzado por la Policía Motorizada de la URI, mientras circulaba a alta velocidad y en forma imprudente por la zona de bulevar Gálvez y avenida Rivadavia, en la Recoleta de Santa Fe.

Si bien la intención de los uniformados fue la de prevenir un posible accidente, cuando lo requisaron se encontraron con que el hombre llevaba en una riñonera un centenar de envoltorios con marihuana, que arrojaron un peso de 178 gramos. El 9 de abril de 2018 Gómez fue procesado por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y quedó en prisión preventiva.

En el marco del acuerdo propuesto por el abogado Ignacio Alfonso Garrone, la fiscal Caula aceptó el cambio de calificación por una más benigna -tenencia simple- porque “si bien tenía en su poder 100 envoltorios con marihuana, el procedimiento que derivó en el secuestro se dio de manera fortuita y no como resultado de una investigación previa”, fundamentó el juez Lauría.

En cambio, la situación del acusado se vio agravada, dado que cuenta con antecedentes penales (una condena a 2 años y 8 meses por portación de arma), la que unificada a la actual (2 años y 6 meses), arroja una sanción de 4 años y 4 meses de prisión y multa de $ 2500.

“El Gordo Lito”

También el 4 de febrero el mismo magistrado sentenció a 2 años de prisión y $ 2.000 de multa a José Luis Aquino, un camionero de 53 años, oriundo de Florencia, pero radicado en Santa Fe, quien era conocido en su barrio como “El Gordo Lito”. El 21 de abril de 2018 fue detenido en su casa de calle Edmundo J. Rosas al 7500, cuando en un allanamiento se secuestraron 81,69 gramos de marihuana fraccionados y tres plantas de la misma especie. Aquino estaba siendo investigado desde el 25 de noviembre de 2017, a raíz de una denuncia anónima ante la Brigada Operativa Antinarcóticos I.

Fue procesado en mayo del año pasado y un mes después la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó su excarcelación bajo caución real de $ 50.000. El 17 de diciembre de 2018 se llevó cabo la audiencia de juicio abreviado y tras la firma del acuerdo se concretó su salida de prisión.

Finalmente Aquino recibió condena en carácter de autor de “tenencia simple de estupefacientes” (art. 14, 1er. párrafo de la ley 23.737) porque “si bien el hallazgo de la droga fue producto de una investigación previa sobre presunta comercialización de estupefacientes, lo cierto es que la cantidad de droga secuestrada y la falta de elementos de los utilizados para su fraccionamiento, no permiten afirmar con el grado de certeza necesario que la tenencia hubiera tenido como fin inexorable su venta futura”, sostuvo el Dr. Lauría.

Puerto Gaboto

Una mujer de 24 años que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria en su casa de Puerto Gaboto, en jurisdicción del departamento San Jerónimo, firmó la semana pasada un acuerdo abreviado por cuatro años, por el delito de “tenencia con fines de comercialización”, a propuesta del defensor público oficial, Julio Agnoli.

Jackeline Wanda Jazmín Conde fue detenida el 2 de junio de 2018 en una vivienda de la calle Castellanos al 700 lugar en el que fueron secuestrados 69 envoltorios con marihuana (275,03 grs.) fraccionados para la venta. Dos meses antes, la Brigada Operativa Antinarcóticos XV, detectó el punto de venta de drogas mientras realizaban tareas de prevención en la localidad, por lo que se montó un puesto de observación y se constató el permanente arribo de personas al lugar para comprar drogas.

Todos los acuerdos fueron alcanzados en diciembre por la fiscal Jimena Caula, que es parte del equipo de la Fiscalía que dirige el fiscal general Martín Suárez Faisal.Foto: Archivo El Litoral

Santo Tomé

El miércoles pasado, el juez José María Escobar Cello dictó un fallo condenatorio contra Matías René Torres, santotomesino de 35 años, a quien le impuso pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo y multa de $ 2.000 por tenencia simple de estupefacientes. El acuerdo al que llegó la fiscal Caula con el abogado Nicolás Torres del Sel tuvo como correlato una denuncia anónima ante Asuntos Internos de la policía de 2017, en la que se daba cuenta que en una vivienda del barrio “Las dos rutas” se vendía droga.

Torres fue detenido el 14 de abril de 2018 por personal de Gendarmería Nacional, cuando se allanó el domicilio investigado (una planta alta de calle Río Negro al 2700), logrando el secuestro de 22 envoltorios con cocaína y un tubo eppendorf por un total de 13,48 gramos de dicha sustancia.

El 21 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la audiencia en la que Torres expresó su conformidad con el acuerdo, luego homologado por el magistrado, y el 26 de diciembre se le concedió la excarcelación.

Colastiné y Malabrigo

El viernes último, el Centro de Información Judicial (CIJ), el portal de noticias de la Corte Suprema de la Nación, publicó otras dos sentencias del tribunal santafesino.

Una refiere al descubrimiento de una casaquinta de Colastiné, donde convivían dos hombres cuya principal actividad económica era el comercio de drogas. Así lo entendió la fiscal Caula que pactó con el abogado Raúl Sartori, 4 y 2 años de cárcel para sus pupilos, Omar Humberto Petrucci (52) y Claudio Alberto Ávila (47), considerados autor y partícipe secundario respectivamente. A su vez, se les aplicó multas de $ 135.000 al autor y $ 67.500 para el partícipe.

El verano pasado (17 de febrero), Petrucci y Ávila fueron detenidos en la quinta de calle Las Encinas al 6100, entre Los Zorzales y Los Algarrobos, con 159 gramos de marihuana y 5,11 gramos de cocaína en su poder. Además, incautaron un cuaderno con anotaciones, una balanza digital, un triturador con vestigios de marihuana, cuatro cucharas y dos tarjetas plásticas con vestigios de cocaína.

El otro caso se remonta al 2014, cuando la Justicia Federal de Reconquista emprendió una investigación en las ciudad de Vera y Malabrigo, donde se llevaron a cabo tres allanamientos en los que se secuestraron 322,4 gramos de marihuana y 104,2 gramos de cocaína, y se produjo la detención de dos de tres hombres que tenían pedido de captura. La causa siguió su curso, hasta que a mediados de 2017 la policía capturó al prófugo, con la particularidad de que ya no contaba con su antigua identidad, sino que se identificó como Doris Leiva (48), manifestando que había cambiado de género.

La detenida fue indagada y procesada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y el 28 de diciembre pasado fue aceptada la solicitud fiscal de juicio abreviado, con una pena de cuatro años de prisión y multa de $ 4.000 para la imputada.

Barrio Transporte

En tanto, este lunes 11 de febrero el juez Escobar Cello firmó las condenas para Roberto Fernando Mazza (31) y Walter Daniel Borda (34), ambos detenidos el 9 de noviembre de 2017 en una propiedad de barrio Transporte, en calle 1º de Mayo al 7800 de Santa Fe, con 37,72 gramos de cocaína y 149,61 gramos de marihuana para la venta.

Los dos quedaron procesados con prisión preventiva, al menos hasta marzo de 2018, cuando la sala B de la Cámara Federal de Rosario le concedió a Mazza la excarcelación. Finalmente, Borda acordó una pena de cuatro años de prisión y multa de $ 135.000 como autor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización; en tanto a Mazza, se le impusieron 2 años de prisión y multa de $ 67.500, como partícipe secundario del mismo delito. En el caso de este último la sanción quedó en suspenso y deberá cumplir reglas de conducta hasta el vencimiento de la misma.

Robo y descubrimiento

Por último, el 12 de febrero la Dra. Vella confinó a 4 y 2 años de encierro a un peluquero de 63 años de barrio Sur y a un joven de 27 años que lo acompañaba en la comercialización de drogas. Osvaldo Rubén Gallina deberá responder como autor y Matías Ariel Colalto como partícipe secundario del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5º inc. “c” de la ley 23.737), según expresa el reciente fallo.

La investigación se inició en septiembre de 2017, cuando un matrimonio -presunto víctima de un robo- denunció haber visto ingresar a un hombre con una de las prendas robadas a un pasillo de calle 4 de Enero al 2200, donde residía Gallina, a quien sindicaron como “dealer” del barrio.

Dos meses después, la Justicia ordenó allanar el departamento, donde fueron detenidos Gallina y Colato y en su poder se incautaron 64,5 gramos de cocaína, distribuida en 131 envoltorios de nylon. Además, hallaron una balanza digital con vestigios de cocaína, una tijera y un destornillador, ambos con sus puntas quemadas, un encendedor y un trozo de nylon color negro, todos elementos destinados al fraccionamiento de la sustancia.

Ambos fueron procesados a fines de 2017, y el 19 de diciembre del año pasado la fiscal Caula solicitó se imprima a la causa el trámite del juicio abreviado, acompañando la conformidad de los acusados, asistidos por sus abogados Julio Agnoli (defensor público) y Romeo Díaz Duarte.

Finalmente, Gallina fue considerado autor de comercio de drogas, por lo que se le impuso una multa de $ 135.000, y Colato como partícipe secundario, deberá pagar $ 67.5000.

Beneficios del acuerdo

“La finalidad del juicio abreviado no sólo radica en los beneficios que obtiene la administración de justicia, sino que atiende también a los intereses y defensa de los imputados”, destacó el juez Luciano Lauría en uno de sus fallos.

Juez Luciano Lauría.Foto: Archivo El Litoral

El camarista se apoyó en el catedrático José Cafferata Nores, quien “señala como beneficio para los imputados, entre otros, el de recibir una pena inferior a la que probablemente le correspondería en un juicio común por el mismo delito, el ahorro de los esfuerzos y los gastos necesarios para enfrentar la realización del juicio cuando no es probable que obtenga una absolución; la reducción de la exposición pública del caso y el aceleramiento de los tiempos del proceso”, según constan en el texto “Cuestiones actuales sobre el proceso penal” de Editores del Puerto (2a. ed., pág. 151).

Choque en el río

Por tratarse de una vía navegable y ser la víctima del siniestro una fuerza federal, el choque que protagonizó una lancha que participaba del XX Concurso de Pesca del Surubí hace ya más de diez años fue tramitado ante el Juzgado Federal de Reconquista. Como resultado, el 1º de febrero último la jueza María Ivón Vella dictó sentencia para Gabriel Osvaldo Cargnelutti (34), considerado autor del delito de “naufragio culposo, agravado por haber resultado lesionadas tres personas”.

Foto: Archivo El Litoral

La Justicia impuso dos años de prisión en suspenso para el hombre que cuando tenía 23 años chocó contra un barco de Prefectura Naval, que se encargaba de la seguridad de la competencia. El siniestro ocurrió a las 7.40 del 14 de octubre de 2007, a la altura del km 950 del río Paraná, frente al Puerto de Reconquista. Apenas se anunció la largada del concurso, una lancha deportiva Dorado Open, con motor Yamaha de 250 HP, perteneciente a la empresa Náutica Reconquista, embistió de lleno al guardacostas Río Quequén, de PNA. En cuanto a los daños materiales, la embarcación oficial sufrió abolladuras, mientras que la lancha deportiva se hundió inmediatamente.

Fuente: El Litoral