Luego, detallaron que acompañaron la investigación que lleva adelante el fiscal de las causas. “Renovamos la confianza en una actuación capaz de determinar las responsabilidades de quienes ejercieron violencia institucional; sin embargo, exigimos celeridad en el proceso, ya que los tiempos dilatados solo profundizan el desamparo y el dolor de una ausencia irreparable”.
“Sostenemos que las prácticas violentas de las fuerzas de seguridad que incumplen todos los procedimientos establecidos en normativas y protocolos de intervención ante personas con crisis subjetivas tienen como consecuencia directa la muerte”, enunciaron, a continuación.
Para sus familiares y allegados, el caso de Julián se reproduce y multiplica en diferentes ámbitos, pero especialmente en los barrios populares, “donde muchxs jóvenes víctimas del consumo problemático, suman a su padecimiento la estigmatización, la persecución y el hostigamiento de las fuerzas de seguridad en su vida cotidiana”.
En ese marco, convocan a una manifestación, para exigir políticas de Estado “que atiendan con carácter de urgencia la complejidad de esta problemática y una justicia que intervenga con profunda Perspectiva de DDHH”.
“Seguiremos sosteniendo en las calles nuestro compromiso para erradicar el entramado de violencias que reproducen y perpetúan la vulneración de derechos de quienes padecen consumos problemáticos”, finalizaron.
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