En diálogo con FM Chalet, el diputado provincial Oscar “Cachi” Martínez expone la necesidad de tomar medidas más estrictas contra la violencia delictiva en la provincia de Santa Fe, específicamente en la ciudad de Rosario
El diputado Oscar “Cachi” Martínez destaca la iniciativa de un proyecto de ley que busca establecer la prisión preventiva para aquellos que porten o utilicen armas de fuego durante la comisión de un delito.
El proyecto busca establecer la prisión preventiva para aquellos que porten o utilicen armas de fuego durante la comisión de un delito. Según Martínez, esta medida es necesaria debido a la alarmante situación de violencia en la provincia de Santa Fe, que tiene el mayor índice de homicidios en todo el país. Además, el 85% de los homicidios en la provincia se cometen con armas de fuego.
Durante la entrevista, el diputado menciona el preocupante caso de Rosario, donde se registraron 1.600 balaceras el año pasado. Estos actos violentos tienen un claro efecto intimidatorio sobre la comunidad, generando impunidad y socavando la tranquilidad de los vecinos, testigos y víctimas de delitos. Para Martínez, aquellos que cometen delitos con armas de fuego son propensos a utilizarlas para evadir el accionar de la justicia, lo que justifica la aplicación de la prisión preventiva en casos de peligrosidad procesal.
El diputado resalta que la situación es grave y que es necesario actuar para revertir la inseguridad y violencia que afecta a la provincia. Desde su espacio en la legislatura, han trabajado intensamente en la aprobación de leyes que protejan a las víctimas del delito. Uno de los logros mencionados es la ley de víctimas, que busca garantizar que las víctimas no sean tratadas peor que los delincuentes.
Martínez también destaca la necesidad de abordar problemáticas específicas, como el robo de cables que afecta la iluminación y la conectividad en los barrios. Señala la importancia de combatir las mafias que promueven estas actividades delictivas y de proteger a los repartidores de delivery, quienes están expuestos a situaciones de peligro.
Además, explicó que su compromiso va más allá de presentar proyectos de ley, ya que también coordina el observatorio de víctimas. Su objetivo es que las víctimas del delito sean protegidas y que los jueces y fiscales tomen conciencia de su importancia en el proceso judicial. En ese sentido, han trabajado en la implementación de medidas para fortalecer los derechos de las víctimas, como la preservación de sus datos personales y la obligación de informarles sobre el estado de las investigaciones.
Martínez destaca que la ley también establece la responsabilidad del gobierno provincial de brindar asistencia legal, psicológica y social a las víctimas. Considera inaceptable que el Estado brinde abogados a los imputados y no a las víctimas, por lo que esta ley corrige esa situación.
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