La universidad argumenta que los contratos tienen continuidad jurídica y que el gobierno no puede desatenderlos unilateralmente.
La segunda etapa de la obra emblemática de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en Costanera Este —donde hoy funciona la Escuela Secundaria— se encuentra paralizada por falta de pago del Estado nacional, y la empresa adjudicataria pidió la rescisión del contrato. Así lo confirmó el arquitecto Marcelo Saba, secretario de Obras y Servicios de la institución.
El proyecto, que contempla la construcción de 16 módulos de aulas de uso compartido para las cinco facultades con sede en Ciudad Universitaria, había sido adjudicado a la empresa Mundo Construcciones dentro de un programa especial de infraestructura universitaria financiado por el Ministerio de Capital Humano. La obra alcanzó un avance de casi el 30% antes de quedar frenada.
Una historia de incumplimientos reiterados
Según Saba, los problemas comenzaron en 2024, cuando el gobierno de entonces dejó de abonar los certificados de obra durante cinco meses consecutivos, en pleno período de alta inflación. “Llegamos a tener meses de 25 y 30% de inflación“, recordó el funcionario . “La empresa absorbió ese costo y decidió neutralizar la obra para no tomar más riesgos.”
Ese contexto inflacionario disparó una actualización del contrato: la obra que había sido adjudicada por 830 millones de pesos pasó a tener un valor oficial de 4.500 millones de pesos, lo que representó un corrimiento inflacionario del 490%.
Con el nuevo gobierno nacional, se retomaron los pagos y la empresa volvió a trabajar. Sin embargo, el patrón se repitió: tres meses de obra y nuevamente el Estado dejó de pagar. El desenlace llegó el 11 de mayo, cuando la UNL se enteró por el Boletín Oficial —sin ninguna comunicación previa de los ministerios— que los recursos asignados a la obra habían sido redireccionados a otras partidas. En total, son 10 obras universitarias en todo el país las que se encuentran en esta situación.
La posición de la universidad
Ante este escenario, la nueva rectora, Laura Taravela, evalúa iniciar un reclamo formal por vía judicial contra el Estado nacional. “Entendemos que ha sido arbitrario y contradictorio en todas las formas en que trabajaron el tema”, sostuvo Saba. El argumento central es la continuidad jurídica del Estado: los contratos firmados por administraciones anteriores —e incluso refrendados por la gestión actual— no pueden ser desatendidos unilateralmente.
El arquitecto subrayó que esta obra en particular no podría haberse financiado con recursos propios de la universidad, dado su magnitud. “Nos presentamos a un concurso y fuimos elegidos. Era una obra que ganamos por mérito del proyecto”, explicó.
El impacto en la comunidad universitaria
La paralización afecta directamente la capacidad de dictar clases en una institución que cuenta con más de 50.000 estudiantes activos. El sistema de aulario compartido —similar al ya existente en Esperanza y en el Edificio Cubo de Ciudad Universitaria— permitía optimizar el uso de los espacios con carga horaria doble a la convencional.
“Lo que nos daña es no poder cubrir esa demanda creciente de dictar clases comunes y corrientes”, señaló Saba.
Un presupuesto que no se actualiza
En este contexto, la UNL enfrenta además una crisis presupuestaria estructural: el presupuesto universitario lleva dos años sin actualización, lo que generó una pérdida salarial de entre el 35% y el 50% para docentes, no docentes y personal de gestión. “Tenemos gente muy formada que ha decidido cambiar de rumbo”, lamentó el secretario, al referirse a la fuga de investigadores y docentes hacia el sector privado.
Para este año, la rectora Taravela dispuso ejecutar únicamente obras imprescindibles vinculadas a la seguridad, como la reiluminación de Ciudad Universitaria, la mejora de accesos y la urbanización del estacionamiento con capacidad para 1.000 vehículos. “Son obras de infraestructura, no civiles, porque no estamos en condiciones de afrontar estas últimas”, aclaró Saba.
La universidad, no obstante, mantiene abierta la posibilidad de gestionar fondos alternativos a través de convenios con el gobierno provincial u otros organismos. “Nunca cerramos esas vías”, afirmó el funcionario.
Fuente: UNO Santa Fe
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