FM Chalet dialogó con el Dr. Gonzalo Vergez integrante de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas sobre la presentación que realizaron para frenar la construcción del oleoducto que desemboca en el Golfo San Matías Río Negro. El argumento es que se ha violado el principio de progresividad en la ley 3.308 que fue modificada el año pasado para hacer posible que en el Golfo San Matías Río Negro puedan cargar los buques petroleros el petroleo y el gas de Vaca Muerta.
Los abogados que representan a la multisectorial de vecinos que se opone al oleoducto que llevará el petróleo desde Vaca Muerta hasta un puerto que se establecerá en Punta Colorada (Sierra Grande) realizaron una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ), porque buscan frenar la construcción y llevar el tema hasta la Corte Suprema.
“Nosotros en estos momentos principalmente lo que estamos haciendo desde la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas es acompañar a la comunidad de la zona y de la región que se opone a la modificación de una ley cuya modificación es regresiva ambientalmente. El año pasado a mediados de año se modificó la ley 3.308 que habilitó la actividad hidrocarburífera en el litoral marítimo de la Provincia de Río Negro”.
Lo que presentaron es un recurso extraordinario federal, que el STJ deberá decidir si respalda o no. En el caso de que lo rechacen se abre la puerta para que los letrados acudan de manera directa a la Corte, con un recurso de queja.
Lo que piden es que se declare inconstitucional la modificación de la ley 3.308, que habilitó la actividad hidrocarburífera en el litoral marítimo de la Provincia.
Si la Corte (en el momento en el que el asunto llegue a ese estamento) decidiera avalar esa petición la ley directamente debería volver a su estado inicial, y deberían anularse los proyectos que se habilitaron gracias a su cambio, como el oleoducto en cuestión.
El antecedente del Procurador General Jorge Crespo
Es que, inicialmente, el STJ coincidió en rechazar (como lo hizo el Procurador General Jorge Crespo) la solicitud de inconstitucionalidad . Aunque no lo hizo opinando sobre el argumento central. Sólo desestimó la presentación alegando que el grupo de vecinos y entidades que se presentaron no estarían legitimados para reclamar.
Lo que obvió la Justicia fue expedirse sobre los fundamentos del pedido, que indicaban que no se podía retroceder en materia ambiental porque se incumpliría con el acuerdo suscripto por nuestro país junto a otras 24 naciones en Escazú, Costa Rica, en 2018.
Según trascendió eso significa que, en breve, apuntarían directamente contra la iniciativa de YPF, señalando los daños que esa obra generaría en el Golfo San Matías.
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