Es uno de los condenados por el ataque contra edificios del gobierno en Brasilia a pocos días de la asunción de Lula en 2023. La Policía Bonaerense lo detuvo en la puerta de Migraciones. En el gobierno se desentienden del asunto.

Joelton Gusmao de Oliveira, ciudadano brasileño de 47 años, fue detenido el jueves en la ciudad de La Plata. Se trata de uno de los cientos de prófugos de la justicia de Brasil que viven en Argentina y fueron condenados por delitos relativos al ataque que miles de personas perpetraron contra las sedes de los tres poderes de gobierno en Brasilia el 8 de enero de 2023 en protesta por el triunfo de Lula en las elecciones presidenciales. Pesaba sobre Gusmao de Oliveira un pedido de extradición. La justicia argentina ahora deberá resolver la situación de este militante del movimiento bolsonarista.

Se trata del primer detenido en Argentina tras la llegada de un listado de 63 nombres desde el juzgado del supremo Alexandre de Moraes, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, que lleva adelante las causas por el «atentado contra la democracia», como se caratuló a la violenta protesta de las fuerzas de derecha extrema que apoyaban al entonces presidente Jair Bolsonaro. Éste también se encuentra bajo juicio junto a otros integrantes de su gobierno por conspirar para interrumpir el curso institucional luego de la victoria de la coalición opositora liderada por Lula.

Como viene relatando este medio, con el comienzo del gobierno de Javier Milei un número sin determinar de ciudadanos brasileños cruzaron la frontera de manera ilegal y se instalaron en localidades del AMBA y La Plata. Lo hicieron a partir de la lectura de que el mandato libertario los protegería de las penas que pesaban sobre ellos y ellas por su participación en los hechos del 8 de enero.

Al menos 181 brasileños y brasileñas pidieron asilo político ante la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), organismo dependiente de Migraciones.

En el mileísmo mantienen una inédita cautela sobre el tema, evitan intervenir y se multiplican los gestos de respeto a la institucionalidad. Hasta el momento Conare no convalidó ninguno de los pedidos y solo extendió el certificado estadía en el país.

En off, desde la Casa Rosada aseguraban ya meses atrás que en caso de que llegaran pedidos de extradición, no intervendrían en el tema a pesar de la natural cercanía ideológica entre bolsonarismo y libertarios. También por lo bajo, desde la jefatura de gabinete del Interior, que tiene bajo su órbita a Migraciones, aseguraron que ante esta detención Conare no tiene nada que ver.

El primer prófugo brasileño detenido ¿y extraditado?

Joelton Gusmao de Oliveira fue detenido en la esquina de 1 y 144, en la ciudad de La Plata. Resulta sugestivo que en ese mismo lugar se encuentra una sede de Migraciones. Según la versión de otra persona prófuga de la justicia brasileña en diálogo con Tiempo, la detención se produjo cuando Gusmao estaba en el edificio de Migraciones para renovar su credencial de refugiado.

En cualquier caso, la Policía de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado de prensa en la que destacó el operativo. Quien interviene es el Juzgado Nacional en lo criminal y correccional Federal, a quien llegó el pedido de extradición de los 63 brasileños buscados.

Lo llamativo es que el comunicado de prensa de la Bonaerense, aunque aclara que el lugar de la detención fue el cruce de 1 y 144, menciona que a Gusmao se lo aprehende por merodear en «actitud sospechosa». En la típica averiguación de antecedentes, aparece el pedido de extradición en su contra, por lo que es trasladado a dependencia policial.

Otra fuente entre los prófugos en Argentina asegura que la Policía de la Provincia organizó el operativo justo en la sede de Migraciones con el dato de que llegarían allí algunos brasileños en esa condición a realizar el trámite de renovación de su documento.

La justicia federal tendrá la última palabra sobre si Gusmao de Oliveira será extraditado a Brasil para cumplir su pena de prisión efectiva o no. Toda extradición es ante todo un proceso judicial en el que se evalúan los argumentos que llegan desde el país solicitante y a partir de eso se actúa.

Fuente: Tiempo Argentino

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