Referentes de cinco provincias, incluida la santafesina Analía Colombo, enviaron notas al presidente Macri, al ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a Diputados y al Senado de la Nación. Piden participar en el debate legislativo del anteproyecto.
Defensores provinciales de Niñas, Niños y Adolescentes enviaron una nota al presidente Mauricio Macri en la que plantearon reparos al anteproyecto de ley que baja la edad de imputabilidad penal de 16 a 15 años. También reclaman que se priorice el interés superior de la niñez y se fortalezcan adecuadamente los sistemas de protección integral; y que se designe a un defensor o defensora nacional, decisión que está demorada desde hace años.
También se dirigieron por nota al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Emilio Monzó, y a la titular del Senado Gabriela Michetti, para pedir que se los convoque al momento del debatir el anteproyecto de Ley Penal Juvenil en el Congreso.
Se trata de los defensores y defensoras de Santa Fe -a cargo de Analía Colombo-, Córdoba, Santiago del Estero, Misiones y La Pampa; es decir, las cinco provincias que cuentan con ese organismo y que también enviaron una misiva al subsecretario de Justicia y Política Criminal del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan José Benítez.
Cifras que alarman
“En el marco de un complejo contexto económico entendemos que es urgente priorizar y fortalecer el financiamiento de la protección social y redoblar los esfuerzos en favor de la infancia”, exponen en la nota enviada al jefe de gobierno nacional. “Es sabido que las crisis económicas producen un gran impacto en las niñas, niños y adolescentes, sobre todo, en aquellas que viven en condiciones de vulnerabilidad y se ven afectadas particularmente”.
En este punto, remiten a los datos aportados por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que indica que la situación de pobreza en niñas y niños supera el 48% y un 33,8 % de esta población debe asistir a un comedor escolar o barrial para alimentarse. Y suman como argumento que Unicef Argentina reveló que el 48% de los chicos argentinos son pobres.
“Ante estas alarmantes cifras, la responsabilidad del Estado es doble: por un lado, ampliar derechos y prestar protección haciendo foco en aquellas familias con niñas y niños en situación de pobreza, y, por otro lado, garantizar el presupuesto del sistema de protección integral infantil”. En ese marco, consideran que los recortes presupuestarios a los programas y políticas dirigidas a niñez y adolescencia “encienden una alarma para quienes trabajamos en favor de los derechos de esta población y violan la obligación, que Argentina tiene como Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, de garantizar el principio de ‘interés superior del niño hasta el máximo de los recursos de que dispongan’“.
En este contexto, advierten sobre la “incertidumbre y preocupación” que suma la postergada designación de un Defensor de Niñas y Niños y Adolescentes -nombramiento que se espera desde hace más de 11 años- y de cuyo proceso ante la Comisión Bicameral hemos participado los cinco defensores provinciales sin que, a la fecha, haya novedades sobre el dictamen final y la designación”.
Giro Punitivista
El proyecto de Ley Penal Juvenil que estipula la baja de edad de punibilidad es otro tema de preocupación, teniendo en cuenta que quienes firman el documento también fueron convocados a participar de las mesas de diálogo en el ministerio de Justicia de la Nación “y hubo un consenso casi unánime en no bajar la edad de imputabilidad”.
“La propuesta significa un giro punitivista que apunta a lograr mayores niveles de seguridad, y tal como se ha manifestado Unicef Argentina, bajar la edad de imputabilidad no mejora la seguridad”. Si bien evalúan que “es necesario avanzar hacia una adecuación normativa”, advierten que “es preciso hacerlo en línea con los nuevos paradigmas de protección integral, en consonancia con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, garantizando el acceso a la Justicia y donde la restricción de la libertad personal sea el último recurso”.
En el centro del debate
Como se dijo, otras tres notas fueron dirigidas al subsecretario de Justicia y Política Criminal del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a Monzó y a Michetti. En este caso es para hacer un llamado “a la reflexión”, apelar al “buen criterio” y, en el caso del Poder Legislativo, ser convocados para discutir el proyecto en la Cámara.
Sobre el anteproyecto presentado el viernes últimos por los ministros de Justicia y de Seguridad de la Nación, insisten en que “como organismos públicos de derechos humanos especializados en niñez y adolescencia consideramos que no expresa el consenso construido en las mesas de trabajo de las cuales participamos en torno a la edad de punibilidad”.
Y argumentan que “si bien los estándares internacionales en la materia no establecen la edad mínima de punibilidad, existe en nuestro país el principio constitucional de no regresividad. Por lo cual, un Sistema de Justicia Penal Juvenil desde el enfoque de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia y el paradigma de la Protección Integral, no debe asumir la baja de edad de punibilidad en las y los adolescentes”.
Los cinco defensores de Niñez y Adolescencia señalan por último que “las infancias y adolescencias tienen derecho a contar con un Sistema de Justicia Penal Juvenil de la democracia; respetuoso del principio de especialidad, que siga los lineamientos de la justicia restaurativa, que se enmarque dentro del Sistema de Protección Integral y que exprese en la ley y en las políticas públicas las Observaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas”. Aclaran que “por y para ello, nos dispusimos a trabajar conjuntamente desde el primer momento”; no obstante, “no acompañamos la redacción final de este anteproyecto”.
Fuente: El Litoral
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