El propio juzgado federal 11 donde tramitó la instrucción de la causa de la mano del juez fallecido, actualmente a cargo de Marcelo Martinez de Giorgi, oficializó que no hay “registros fílmicos o digitales de declaraciones efectuadas por los imputados arrepentidos”, como exige la ley. Este magistrado le ordenó al fiscal rebelde que revele en 48 horas si las tiene él.

Se acerca horas definitivas para saber si, más temprano que tarde, se caerá la polémica causa de las fotocopias de los cuadernos “de la corrupción kirchnerista”, que tiene todas las fichas para ser una de las mayores operaciones políticas y judiciales de lawfare de la historia argentina.

Es que el juzgado federal 11, desde donde Claudio Bonadio instruyó y digitó el expediente antes de su fallecimiento hasta llevarlo al juicio oral, confirmaron tras el pedido de la Cámara Federal de Casación Penal que no hay grabaciones, registros fílmicos o digitales ni nada que corrobore las declaraciones efectuadas por los “arrepentidos” que sirvieron para detener a ex funcionarios y perseguir a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La constancia surge de un informe fechado al 28 de septiembre del propio juzgado 11, actualmente a cargo del juez Marcelo Martinez de Giorgi, en el que se oficializa que nunca fueron registradas las declaraciones que hicieron los imputados colaboradores.

“De las constancias incorporadas al presente expediente no surge que se cuente con registros fílmicos o digitales de las declaraciones efectuadas por los imputados arrepentidos en el marco de acuerdo de colaboración previstos en la Ley 27.304”, se sostiene en la información formal del juzgado 11, según publicó Ámbito.

Martínez de Giorgi le tiró la pelota ahora al fiscal procesado por espionaje y extorsiones, rebelde de la justicia y ex empleado de Mauricio Macri, Carlos Stornelli, quien ofició de socio de Bonadio para la instrucción de la causa antes de su envío a juicio oral.

En la segunda parte del escrito, el actual juez del juzgado 11 le exige a Stornelli que “informe, con carácter de urgente y en el plazo de 48 horas, si cuenta con registro fílmicos, digitales u otro medio técnico en el cual se hayan registrado las declaraciones efectuadas por los imputados arrepentidos”.

Los abogados defensores Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, que representan y defienden en el expediente al ex ministro de Planificación Julio De Vido, cuestionaron días atrás en una audiencia ante la Cámara Federal de Casación Penal las condiciones en que se tomaron las declaraciones de los arrepentidos desde el inicio del expediente. También lo hizo siempre el equipo de la vicepresidenta Fernández de Kirchner durante la intrucción y ante la opinión pública.

Los letrados siempre denunciaron que las declaraciones de empresarios arrepentidos o imputados colaboradores no habían sido voluntarias sino producto de presiones y coacciones de parte de los investigadores para construir una acusación que llegó hasta Cristina pero abarcó a todo su gobierno. Es decir, lo que se denominó lawfare.

Como informó Política Argentina, los jueces de Casación, Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, tras la audiencia y antes de resolver sobre los pedidos de nulidad del caso, pidieron al juzgado 11 que remita los soportes fílmicos de las declaraciones.

El artículo 6 de la ley 27.304 dice taxativamente que “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”.

Cabe aclarar que Bonadio y Stornelli no actuaron en soledad, como ayer precisó este medio. Bonadio instruyó y Stornelli investigó. Ambos tomaron las indagatorias a los “arrepentidos” sin grabarlas, como se confirmará en las próximas 48 horas. Los hoy ayudados por la Corte y que resta conocerse si volverán a sus puestos de origen o serán atornillados a la Cámara por el máximo tribunal Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi convalidaron que las supuestas declaraciones de empresarios “arrepentidos” a pesar de que sólo estaban por escrito y sin los registros que pide la ley.

Ahora Stornelli deberá responder de manera oficial si cuenta con los registros fílmicos. Se sabe que no existen. Con esa confirmación, luego Casación deberá resolver sobre las nulidades articuladas, esto es sobre la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido y en consecuencia sobre el pedido para anular todo lo actuado desde que declaró el primer arrepentido, el chofer Oscar Centeno. Mientras, la causa espera elevada en juicio oral sin fecha de realización aún.

Con información de Política Argentina