El reciente decreto 1138/2024, publicado el último día del año, ha generado un fuerte revuelo en el ámbito sanitario y político de Argentina. Este instrumento legal, que reestructura al Ministerio de Salud de la Nación, eliminó las coordinaciones dedicadas a la tuberculosis, lepra y hepatitis virales, áreas estratégicas para combatir enfermedades prevalentes y de alto impacto en la salud pública.
La medida, tomada bajo el gobierno de Javier Milei, no solo suprime funciones esenciales, sino que desata un aluvión de críticas por parte de profesionales, legisladores y movimientos sociales que denuncian un retroceso alarmante en políticas sanitarias fundamentales.
Según Eduardo Toniolli, Diputado Nacional y militante del Movimiento Evita, el cierre de estas coordinaciones pone en riesgo tratamientos, diagnósticos y la continuidad de la atención a personas con estas patologías. En un extenso hilo publicado en su cuenta de X, el legislador detalla con precisión el impacto sanitario de enfermedades como la tuberculosis y las hepatitis virales, cuya prevalencia y tendencias al alza demandan una gestión más robusta y no un vaciamiento de recursos.
La tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública crítico en Argentina. Cada año se diagnostican cerca de 15.000 casos nuevos de esta enfermedad, prevenible y curable, que afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad. Antes de la pandemia por COVID-19, la notificación de casos mostraba un crecimiento anual promedio del 2,76% entre 2013 y 2019. Sin embargo, en el periodo posterior, entre 2020 y 2023, la velocidad de incremento subió dramáticamente al 11,3% anual.
Este repunte evidencia no solo el impacto de la pandemia en los sistemas de salud, sino también la necesidad de fortalecer políticas públicas que garanticen la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento efectivo de la enfermedad. El cierre de la Coordinación de Tuberculosis y Lepra contradice de manera directa este desafío, dejando a miles de pacientes en una situación de incertidumbre.
El impacto de las hepatitis virales en Argentina también es alarmante. En 2023, se registraron 32 casos confirmados de hepatitis A, 7 de hepatitis E, 751 de hepatitis B y 1.481 de hepatitis C. Estas cifras representan solo la punta del iceberg, ya que muchas infecciones no se notifican debido a diagnósticos tardíos o falta de acceso a los servicios de salud.
La eliminación de la Coordinación de Hepatitis Virales significa una pérdida de estructura y recursos destinados a enfrentar una problemática que afecta tanto la mortalidad como la calidad de vida de los pacientes. Toniolli resalta que la falta de información oficial sobre cómo el Ministerio de Salud planea dar continuidad a estas políticas públicas no hace más que aumentar la preocupación en el sector sanitario.
El decreto 1138/2024 no es un hecho aislado, sino parte de un contexto político y económico marcado por ajustes y recortes en áreas sensibles. Bajo la administración de Javier Milei, estas decisiones parecen priorizar una reducción del gasto público sin considerar las consecuencias sociales devastadoras.
El cierre de áreas específicas en el Ministerio de Salud no solo pone en riesgo la vida de quienes dependen de estos programas, sino que también desarticula una red de profesionales y recursos construida durante años. La falta de transparencia y la ausencia de planes alternativos para abordar estas problemáticas refuerzan la percepción de que el gobierno está desmantelando los cimientos de la salud pública.
Organismos internacionales, asociaciones médicas, legisladores y movimientos sociales han alzado la voz contra esta medida. Toniolli exige no solo la restitución inmediata de las coordinaciones eliminadas, sino también la convocatoria de la Comisión Nacional de VIH, HV y TBC, así como la reincorporación de los trabajadores despedidos. Estas demandas se enmarcan en la Ley 27.675, que establece el derecho de acceso integral a los tratamientos de enfermedades como el VIH y las hepatitis virales.
El caso de la reestructuración del Ministerio de Salud expone una visión ideológica que considera la salud pública como un gasto prescindible en lugar de una inversión esencial. Las consecuencias de esta lógica no solo se miden en estadísticas, sino en vidas humanas, especialmente en los sectores más empobrecidos y marginados.
El gobierno de Javier Milei enfrenta un creciente descontento por parte de una ciudadanía que observa cómo decisiones políticas desconectadas de la realidad agravan desigualdades y vulneran derechos fundamentales. La lucha por la restitución de estas áreas clave no es solo una cuestión de política sanitaria, sino también de justicia social.
Fuente: En Orsai
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