Además, una mujer permanecerá con arresto domiciliario. El resto de los imputados recorrerán el proceso en libertad. El juez dio por acreditados los hechos investigados y respaldó la tarea de los fiscales. “Presentaron abultada evidencia”, señaló el magistrado Sergio Carraro.
Por Joaquín Fidalgo
El mes pasado fueron detenidos en la ciudad de Santa Fe 23 policías del Comando Radioeléctrico, acusados de cometer graves delitos, tales como secuestrar y torturar personas, “plantar” armas de fuego, robar dinero y falsificar actas, entre otros. Luego de dos audiencias en las que se debatieron las medidas cautelares para los uniformados, el juez Sergio Gabriel Carraro dispuso este viernes que sólo cinco de los imputados permanezcan privados de su libertad, una de ellos en su domicilio (tiene una pequeña hija a su cargo).
El resto de los sospechosos, según resolvió el magistrado, continuarán en libertad mientras dure el proceso. No obstante, deberán pagar una fianza de entre 70.000 y 100.000 pesos. Para mantener el beneficio, tendrán que presentarse cada siete días ante las autoridades del Ministerio Público de la Acusación y mantenerse alejados de víctimas y testigos del caso.
Carraro se tomó dos horas este viernes para explicar pedagógicamente a los policías el por qué de las medidas que iba a adoptar.
El juez elogió el trabajo de los fiscales Exequiel Hernández y Mariela Jiménez (habían sido duramente criticados por varios de los abogados penalistas que ejercen las defensas). En su discurso, Carraro valoró la “abultada evidencia presentada por la fiscalía” y consideró que cuentan con muchas “pruebas objetivas, elementos de peso” para el caso.
Robo
Según pudo saberse, el supuesto accionar delictivo de este grupo de uniformados era seguido por el Ministerio Público de la Acusación aproximadamente desde 2016, pero la investigación y las detenciones se precipitaron luego de un episodio ocurrido el 16 de septiembre de 2018.
Ese día, en horas de la madrugada, fueron detenidos cuatro sujetos, una vivienda fue allanada y un perro murió por un disparo de una escopeta policial. Todo pasó en la cuadra de calle Padre Catena al 4600.
La familia dueña de casa denunció que durante el operativo le robaron 60 mil pesos del interior de la vivienda y 13 mil pesos más de la billetera de uno de los apresados. Además, aseguraron que los policías irrumpieron en el domicilio -en barrio Villa del Parque- sin orden legal ni motivo alguno.
Los policías, muchos de los cuales hablaron durante las audiencias, explicaron que llegaron al lugar por avisos de detonaciones de arma de fuego y que persiguieron hasta allí una moto con dos sujetos, los que resultaron aprehendidos. No obstante, siempre en base a la versión de los acusados, uno de los capturados había alcanzado a arrojar una bolsa dentro de la casa.
En circunstancias que deberán dilucidarse, al menos cuatro de los policías que participaban del operativo habrían entrado al inmueble, donde había tres niños y un matrimonio.
Víctimas y colaboradores
Los funcionarios del MPA investigan en total 17 operativos en los que se habrían cometido delitos. En la audiencia del jueves, hablaron ante el juez dos de las supuestas víctimas: un guardiacárcel que denunció una brutal agresión en avenida Blas Parera a raíz de una discusión de tránsito común y un sujeto que actualmente está preso en la Cárcel de Coronda, quien aseguró haber sido víctima de persecución, robo y agresiones de parte de los acusados cuando vivía en calle Estanislao Zeballos al 5500.
Cuatro de los policías detenidos ofrecieron también su testimonio al magistrado el miércoles y brindaron detalles de los hechos que fueron muy valorados por Hernández y Jiménez.
Sin tortura
El juez Carraro avaló prácticamente todas las calificaciones ofrecidas por la fiscalía. Sólo cuestionó el delito de “tortura”, porque no halló elementos suficientes para justificarlo en base a los elementos aportados durante las audiencias.
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