El nuevo y grave avance hacia la disolución nacional se verifica con la reciente aprobación por el Senado de la ley de reforma al régimen de Zonas Frías.
Por José María Fumagalli / Tiempo Argentino
Muchos pasan por alto o no consideran la significación profunda de las reiteradas declaraciones de Milei sobre su intención de destruir al Estado, que no significan otra cosa que retrotraer a la Argentina al estado de colonia que poseía hasta 1810. Sin un Estado que actúe en función del bien común de todos los argentinos, no hay soberanía ni independencia efectiva que nos defienda de los intereses de otros Estados o de una pequeñísima minoría oligárquica, permitiendo que cualquiera se apropie de la República a su sólo beneficio.
La inmensa mayoría de las políticas libertarias apuntan en esa dirección: al desmantelamiento de funciones esenciales para el control de su gestión y de las obligaciones en materia de salud, educación y desarrollo científico y tecnológico, se agregan la destrucción del empleo y del aparato productivo en favor de la exportación de recursos naturales sin valor agregado, de los fondos de inversión meramente financieros y de la libre importación de bienes producidos en nuestro país.
El nuevo y grave avance hacia la disolución nacional se verifica con la reciente aprobación por el Senado de la ley de reforma al régimen de Zonas Frías, que elimina por completo los beneficios a 3,35 millones de hogares ubicados en municipios con esos climas, manteniéndolos solo para la Patagonia, el departamento de Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna. La ley fue votada por diputados y senadores de las provincias del norte a quienes el gobierno de Milei prometió, a cambio de sus votos, un régimen de subsidios al precio de la electricidad en épocas veraniegas.
Lo primero a destacar es la absoluta inconstitucionalidad de esta ley, en tanto se opone al objeto de la Constitución Nacional, que en su Preámbulo establece el propósito de «constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino»; Asimismo, la ley que nos ocupa incumple el segundo párrafo del inciso 19 de su artículo 75, según el cual corresponde al Congreso Nacional «Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; Promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen».
Con seguridad, más temprano que tarde, esta ley será declarada inconstitucional. Pese a ello, hay una segunda cuestión que por su gravedad es necesario denunciar: la ruptura de la unidad nacional que significa la compra de votos de los diputados y los senadores de algunas provincias para perjudicar a otras a cambio de supuestos beneficios para las propias. Esta conducta merece no solo el repudio ciudadano, sino que debería ser materia de un juicio político a quienes lo perpetraron.
A continuación se identifica a los diputados cuyos partidos políticos dieron su aprobación a la ley, destacando que se encuentra publicada la lista de votantes con nombre y apellido.
La aprobación contó con el voto de 125 diputados:
- 87 votos de LLA
- 12 votos del PRO
- 5 de la UCR
- 7 votos de Innovación Federal
- 4 votos de Provincias Unidas
- 10 votos de otros bloques (MID, Independencia, Por Santa Cruz, Producción y Trabajo, La Neuquinidad y Encuentro Federal)
El rechazo contó con 98 votos en contra:
- 80 votos de Unión por la Patria
- 4 votos del Frente de Izquierda
- 9 votos de disidentes de Provincias Unidas
- 5 votos de otros bloques (Adelante Buenos Aires, Innovación Federal, Defendamos Córdoba y Primero San Luis)
Nota: Se registraron 4 abstenciones y 15 legisladores ausentes.
El proyecto fue aprobado en el Senado por 38 votos a favor y 8 en contra. Los votos a favor del proyecto fueron de 19 senadores de LLA correspondientes a las provincias de San Luis, Córdoba, Jujuy, Corrientes, Catamarca, Neuquén, Tierra del Fuego, Buenos Aires, CABA, San Juan, Salta, La Rioja y Formosa; 3 senadores del PRO de Chubut, Misiones y La Pampa; 3 senadores de la UCR correspondientes a Catamarca y Corrientes; 2 del peronismo de Catamarca y Tucumán; y 8 senadores de bloques provinciales representantes de Misiones (Movimiento por Misiones), Neuquén (La Neuquinidad), Tucumán (Independencia), Jujuy (Convicción Federal), Salta (Primero los Salteños), Chubut (Despierta Chubut) y de Corrientes (Provincias Unidas). Justo es decir que se opusieron 6 senadores de la UCR, 2 de Santa Cruz votaron en contra y la inmensa mayoría de los senadores de Unión por la Patria se ausentaron para no votar.
El repudio a esta modificación de la ley debe alcanzar, además de a los diputados y senadores que la votaron, a los gobernadores que la impulsaron o la prohijaron. Sería altamente deseable que la repulsa a estas conductas que enfrentan a algunas provincias contra otras no vuelva a repetirse jamás, al igual que la compra de votos legislativos que venimos observando con asiduidad, práctica que degrada la democracia que pudimos construir a un elevadísimo costo.