Patricia Isasa estuvo secuestrada en campos de concentración en Santa Fe durante la última dictadura militar. En un fuerte testimonio contó quién es el represor Eduardo “Curro” Ramos, quien la torturó y violó. A su vez, relató cómo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, no sólo le dio trabajo, sino que también lo mantuvo en el cargo cuando ella le explicó lo que había sucedido.
“Ramos fue una persona siniestra. Él me secuestró. Lo vi de entrada. Me llevó al primer campo de concentración que era la comisaria primera y después fue mi violador”, expresó Isasa.
“Todo el mundo decía que Ramos decía que era el matón de Rosatti cuando era el intendente. Que le arreglaba los problemas, es decir, si había compañeros con reclamos de cualquier tipo, venía él y los apretaba”, dijo contundente.
Al represor lo condenaron a 16 años de prisión por delitos cometidos durante 1978 y lo separaron de la policía. Luego la Justicia le aplicó el 2×1, lo liberó y comenzó a trabajar en la municipalidad.
Patricia Isasa pidió y consiguió una entrevista con Rosatti en la primera quincena de febrero de 1998. Le advirtió quien era Ramos y le enseño las muchas pruebas que tenía de sus dichos, incluyendo su condena como asaltante a mano armada (lo que de por si lo inhabilitaba para tener un empleo público) y, lógicamente, le pidió que lo echara. Pero Rosatti (que muchos años después sería uno de firmantes de la infame ley del 2×1 para excarcelar genocidas, derogada luego de una masiva manifestación de repulsa) no hizo nada. Vale decir, que lo encubrió y protegió. Incluso cuando Ramos ya tenía una orden de captura librada por Interpol a pedido del juez Garzón.
Patricia viene denunciando esta situación desde hace muchos años, tal como pueden comprobar fácilmente los lectores poniendo en el buscador las palabras “patricia isasa”, “horacio rosatti” y “ramos”.
Para entonces, los antecedentes de Ramos ya habían sido dados a conocer en notas del diario El Litoral, notas que habían sido comentadas en LT10, la radio más escuchada de la ciudad.
Isasa enfatizó que ella misma había sido víctima de Ramos tras ser secuestrada por una patota en la que descollaba Ramos a fines de julio de 1976 cuando tenía 16 años.
Patricia Isasa tres semanas antes de ser secuestrada y en una época reciente.
Y le dejó a Rosatti entre otras cosas la carátula de la causa por la que Ramos había sido condenado, la respectiva sentencia y declaraciones hechas tanto por Ramos como por quienes lo habían detenido que daban cuenta que en ese acto había vociferado su pertenencia al servicio de inteligencia de la policía santafesina.
Con tantos elementos, y tras el sencillo trámite de verificar su autenticidad, Rosatti estaba en condiciones y tenía la obligación de despedir a Ramos, lo que de acuerdo a las leyes provinciales es una potestad no judiciable, tal como explicó Isasa en la Comisión de Juicio Político.
Curro Ramos y prevaricador Rosatti. El pasado lo condena.
Al término del encuentro, Rosatti le dijo a Isasa que se ocuparía del asunto, pero durante más de dos meses no hizo nada.
Recién ahora, luego de que la Comisión de Juicio Político pidiera todos los antecedentes del caso, se sabe que el jueves 16 de abril de aquel año, 1998, Rosatti, por resolución 269, ordenó sustanciar un sumario administrativo por “la información recibida sobre el agente Eduardo Alberto Ramos”.
Así, sin nombrarla se refirió a lo que le había dicho y entregado en mano Isasa.
¿Por qué había tardado dos meses y 12 días en iniciar un sumario?
Puede conjeturarse la razón: en el ínterin habían aparecido notas sobre sobre Ramos en el vespertino El Litoral que habían sido comentadas en los micrófonos de LT10, Radio Universidad del Litoral, la emisora más escuchada en la ciudad. Los medios entrevistaban a Patricia, que mostraba la caratula de la causa por “Robo, privación ilegal de la libertad y abuso deshonesto” contra Ramos, y su condena a 16 años de prisión más reclusión por tiempo indeterminado, además de declaraciones judiciales donde Ramos se autoinvolucraba en crímenes de lesa humanidad. (ver video). Ese mismo día, el jueves 15 por la tarde, Isasa había sido entrevistada por el periodista Alejandro Colucci en su programa “Lo que queda del día” (LT10) y había aprovechado la ocasión para leer partes del frondoso prontuario de Ramos.
Esto parece a todas luces haber sido lo que determinó que Rosatti ordenara abrir el sumario para cubrirse. Al punto que en el mismo acto Rosatti ordenó la desgrabación de dicha entrevista.
Claro que los actos administrativos por lo general se hacen por las mañanas. O bien, muy alarmado, Rosatti tras haber escuchado o tener noticias de los dichos de Isasa se apresuró a ordenar el sumario y la desgrabación, o lo hizo a la mañana del 17 y lo antedato como si hubiera hecho ambas cosas en la víspera.
Rosatti le encargó instruir el sumario a Gertrudis Pocovi, proba funcionaria que encontró algunas reticencias y dificultades para cumplir cabalmente con la tarea.
Según el estatuto municipal había tres motivos que impedían la contratación de Ramos y desde luego su continuidad como empleado municipal. El artículo 10 inciso B “poseer condiciones morales y de conducta” ya que Ramos era un reconocido represor, acusado de secuestros, torturas y desapariciones. Pero esto no fue óbice para que Rosatti apreciara otras cualidades suyas, por ejemplo, su capacidad de coaccionar a los trabajadores municipales díscolos.
El inciso A del artículo 11 era lapidario: “No podrá ingresar a) El que hubiera sufrido condena por hecho doloso. En cambio, el inciso F de ese mismo artículo abría una posibilidad de recuperar su empleo al aclarar que no podía ser contratado “El que hubiera sido exonerado en cualquier dependencia… hasta tanto no fuera rehabilitado”.
En su voluntad de preservarlo, Rosatti ordenó enfocar el sumario… por la exoneración, el único de los tres motivos que podía ser reversible. De prosperar un recurso en este sentido, Ramos podría seguir al servicio de Rosatti. Isasa dijo que por lo que pudo averiguar El Curro se distinguía por propasarse con las compañeras del gremio y apretar a delegados del sindicato municipal que el mismo integraba. trabajadores.
Días después, el martes 21 de abril, Ramos presentó en el Juzgado Penal de Sentencia nº 2 un incidente de Rehabilitación (nº 128). De tener resultado positivo seguiría en su puesto, apretando a féminas y delegados.
La instrucción
Para comienzos de julio, el jueves 2, Gertrudis Pocovi citó declaraciones de Isasa y expresó sus fundadas sospechas de que el certificado de buena conducta presentado por Ramos (supuestamente emitido por la policía santafesina con el nº 82.299) era falso y así se lo informó al fiscal Héctor Millen, para que la justicia tomase cartas en el asunto.
No hay noticias de que Millen haya hecho algo.
Echarte
Con la llegada de la primavera, el 21 de septiembre, Ramos se notifica de su “rehabilitación Judicial”, firmada por el juez Alejandro Echarte. Creyendo que estaba “rehabilitado de la exoneración”, 2 de Octubre, comete la torpeza de presentar por nota en Mesa de Entradas del municipio dicho certificado… que incluía su condena, lo que demostraba la ilegalidad y nulidad de su contratación.
Se dio la casualidad de que ese mismo día, en horas de la noche, Patricia tomó un vuelo directo a Madrid. El 25 de septiembre declaró por espacio de cinco horas ante el juez Baltasar Garzón, a quien le aportó cuantiosa documentación.*
Su declaración completa puede consultarse aquí.
El 17 de octubre Garzón emitió una orden de captura internacional por “Genocidio, torturas y Terrorismo de Estado” contra siete represores, incluidos el juez Víctor Hermes Brusa, El Curro Ramos y el comisario Héctor Romeo Colombini, quien se desempeñaba nada menos que como jefe de la División Drogas Peligrosas de la Policía santafesina.
El sábado 18 la noticia se difundió como un reguero de pólvora. El domingo, sin hesitar, el ministro de Gobierno satafesino, Roberto Rosúa, relevó del cargo a Colombini, lo que se hizo efectivo el lunes.
Echar a Colombini tenía mucho más costo político que hacer lo propio con Ramos, no sólo por su rango superior, si no por el importante cargo que desempeñaba.
Sin embargo Rosatti se hizo el distraído.
El jueves 22 de octubre de aquel año, 1998, tal como se ha descripto en este sitio a todos los concejales opositores, a instancias del bloque radical, le pidieron explicaciones y acción al intendente.
Pero, por un largo rato, no hubo noticias de ello.
La instructora Gertrudis Pocovi en su dictamen nº 200 del 30 de Octubre destacó en preocupadas mayúsculas combinadas con negritas que “espontáneamente y sin mediar pedido alguno… voluntariamente y de motu propio Ramos presentó la certificación de su condena”, lo que había desbaratado la estrategia de la caducidad “de la exoneración” por rehabilitación, al certificar que su nombramiento había estado viciado de nulidad absoluta e insanable.
El fiscal Elli acompañó todo lo expuesto por la instructora Pocovi y en consecuencia dictaminó que Rosatti, en su calidad de titular del Ejecutivo municipal podía y debía anular el nombramiento de Ramos por violación a las normas vigentes de la administración pública y por ende desafectarlo de la municipalidad. Anular el ingreso de Ramos, argumentó el fiscal, seria tutelar el interés público en un acto legítimo. Y es que, como ya se dijo, las leyes santafesinas permiten a la administración anular sus propios actos sin que haya “acción de lesividad”.
Rosatti nunca anuló el acto administrativo de ingreso de Ramos. Como en el “cuento de la buena pipa”, ordenó el 13 de Abril del 99’ hacer un nuevo expediente… lo que insumiría alrededor de dos años más. Ganaba asó tiempo para dejar la Municipalidad… con Ramos en funciones. Lo que ocurrió el 11 de diciembre de 1999.
El nuevo intendente Marcelo Álvarez, heredó el caso, y con plena conciencia de problema heredado hizo en abril del 2001, lo que Rosatti había eludido durante año y medio: basado en la condena de Ramos declaró nulo su ingreso en la municipalidad dejándolo cesante con justa causa por “violación a la Ley”.
Digresión: en marzo de 1999, Ramos sería denunciado por un miembro de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Santa Fe, ASOEM por “pinchar” los teléfonos de quienes desde Argentina colaboraban con el juez Baltasar Garzón.
Siete años después del encuentro de Patricia con Rosatti, en febrero de 2005 Ramos fue detenido. Once años después, en diciembre de 2009, fue condenado a 23 años de prisión por el secuestro y tortura de Patricia y otras cuatro personas. Hoy, multicondenado, insólitamente purga cadena perpetua no en un penal de Santa Fe, sino en la guarnición militar de Campo de Mayo, donde goza de un trato preferencial.
Patricia declaró ante la Comisión de Juicio Político a la Corte Suprema el pasado 2 de febrero, donde contó esta historia cuya veracidad se ha comprobado hasta en sus menores detalles con la documentación recientemente recibida por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Fuente: Pájaro Rojo
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