Se trata de Infidelidad, delincuencia y violencia de género. Fernando Sosa propuso una fianza de diez millones de pesos, pero por la alta pena que espera y por tener una condena vigente quedó preso hasta que el juicio.

La escena de intento de femicidio múltiple del 8 de abril en Aires del Llano comenzó con un llamado. Una clienta de la pareja de prestamistas (N. R. de 33 años y Fernando Ramón Sosa de 40) le envió capturas de pantalla a la mujer con contenido que sugirió una infidelidad del marido. N. R., desde un departamento-oficina en barrio Candioti que tiene la familia, lo llamó a Fernando, que estaba en la casa del country en Santo Tomé, y discutieron por ese motivo. Ella estaba con tres de sus cuatro hijos en la ciudad de Santa Fe.

La violencia de género que Sosa ejerció durante más de diez años quedó acreditada por la fiscalía durante una audiencia de medidas cautelares este martes a la tarde. Fueron múltiples las entrevistas de adultos y de menores de edad vinculados a la familia que relataron haber sido testigos de situaciones de violencia física y verbal, entre otras, de Sosa hacia su mujer y sus hijos.

La reacción de Sosa el 8 de abril ante el reclamo por la infidelidad fue agarrar un bidón de nafta y rociarlo por toda la casa. Material del líquido inflamable fue hallado en los acolchados de las camas de sus hijos. Según lo que informó la fiscalía en la audiencia de este martes, Sosa amenazó a N. R. con prender fuego la casa con la hija menor de la pareja adentro.

Según los testimonios de los chicos que iban adentro del auto y de los múltiples peritos criminalísticos, Sosa chocó la parte delantera izquierda de la Berlingo a la parte trasera derecha del C4. Esto provocó que el auto rojo con cinco personas se desestabilice provocando que el C4 gire a gran velocidad sobre el bulevar hasta impactar con una columna de luz y terminar en una zanja. Se probó que derraparon 10,39 metros.

Sosa se bajó a mirar, se fue, guardó la camioneta en el garaje, se tomó un sedante y se acostó a esperar a la policía. “La gorda me quiere sacar la casa y yo antes le voy a prender fuego a todos, los voy a matar a todos”, le dijo el ahora imputado a su cuñado en la vivienda esa noche de viernes. En un primer momento varios familiares de la pareja pensaron que fue un accidente de tránsito, entonces se acercaron a la casa para ver cómo estaban N. R. y los chicos. Estos familiares al ingresar sintieron olor a nafta fuerte, encontraron el bidón que luego entregaron a la policía y abrieron las ventanas.

Debate

Sosa fue imputado por el fiscal Matías Broggi en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) el lunes a primera hora en los Tribunales santafesinos por la autoría del delito de tentativa de homicidio calificado (por el vínculo y por mediar violencia de género) en perjuicio de las cinco víctimas. Este martes fue la audiencia de medidas cautelares donde la fiscalía pidió que quede en prisión preventiva y la defensa de Sosa, a cargo de Gustavo Durando, pidió la libertad.

En la audiencia de este martes la fiscalía destacó que Sosa actualmente tiene una condena vigente, en libertad condicional, que va hasta enero del 2023. Consideraron que hay peligro de fuga porque lo espera una pena alta, que va de diez a 50 años de prisión efectiva. Destacaron que además no tiene arraigo familiar porque “los quiso matar a todos”, y que tiene medios económicos para escapar.

Sosa interrumpió con comentarios varias veces a la fiscalía, a la jueza y a su propio abogado. “Incontrolable” fue la palabra que se usó al finalizar la instancia judicial por las partes. También pidió la palabra tres veces. Según su versión, él le quería explicar cosas a N. R. por eso salió a buscarla con la camioneta y el “accidente” habría ocurrido porque “ella frenó”.

Reconoció el exceso de uso de drogas y alcohol, tal como relataron varios testigos. “Estuve en la causa de los prestamistas y cambié. Contraté abogados, contadores, para hacer todo legal. Y consumo porque de un día para el otro tener todo a pasar a tener nada es duro, me cuesta. Tenemos deudas, perdí ocho millones de pesos, tuve que vender autos, terrenos”, le explicó Sosa a la jueza Sandra Valenti.

Durando discutió la calificación penal. Dijo que no se trató de una tentativa de femicidio, sino de lesiones leves, porque después del siniestro Sosa no volvió a intentar asesinarlos de otra manera. Además propuso un nuevo domicilio de Sosa con un guardador y una fianza de diez millones de pesos que podía ser tanto depositada como entregada en efectivo.

La fiscalía respondió: “Que haya medios más idóneos para asesinar no quiere decir que sea posible; no tenía armas en la casa” y sostuvo que se trató de un intento de femicidio múltiple.

La jueza Valenti resolvió que quede en prisión preventiva, destacó el valor de las declaraciones que dieron los menores de edad porque coinciden y porque están ratificadas con los peritajes, y entre varios argumentos expresó que hay muchas personas que aún deben prestar declaración. También dijo que la propuesta de fianza de diez millones de pesos demuestra que tiene los medios para fugarse.

Prestamistas

Sosa y N. R. fueron condenados, junto a otras 24 personas, en septiembre de 2020 por una causa de prestamistas usureros. La investigación de los hechos fue realizada por las fiscales Mariela Jiménez y María Laura Urquiza de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 del MPA. Fue resuelto por los jueces Sandra Valenti y Rodolfo Mingarini en juicios en los que se abreviaron los procedimientos y que se llevaron a cabo en los tribunales de la capital provincial.

La pareja tenía Créditos Santa Fe, una asociación ilícita que otorgaba préstamos de dinero a distintas personas aprovechando la necesidad, ligereza o inexperiencia de las víctimas a quienes les hacían prometer el pago de intereses evidentemente desproporcionados con su prestación u otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo.

Las víctimas eran, generalmente, propietarios de pequeños comercios. Les cobraban una contraprestación consistente en pago de cuotas diarias o semanales con tasa de interés e intereses por mora notoriamente desproporcionadas con el dinero otorgado y superior a la tasa de mercado. “Esta actividad era realizada de forma habitual y como medio de vida por los integrantes de las asociaciones ilícitas”, expresaron las fiscales cuando se conocieron las condenas.

Las fiscales también describieron en esa oportunidad que “las víctimas eran obligadas al pago de las cuotas mediante el hostigamiento diario, visitas constantes de cobradores a sus viviendas o mediante el envío de mensajes de texto o WhatsApp a la persona que había pedido el dinero (y/o a sus familiares directos). Siempre usaban violencia física y verbal, amenazas realizadas de forma personal o telefónica, exhibición de armas de fuego para amenazar y/o el desapoderamiento de bienes muebles de las víctimas”.

Las 26 personas fueron condenadas a pagar 30.542.410 pesos y 46.664 dólares en concepto de recupero económico al Estado y a la sociedad. Las otras empresas eran Prestamás; CiPres; CrediYa; Prestocash; Belle Maison; El Sol y Prestaldía. Sosa fue enviado a prisión efectiva tres años, pero como declaró como “arrepentido” cumplió solo ocho años en la cárcel y luego le otorgaron la libertad condicional. N. R. fue condenada a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo bajo la modalidad domiciliaria en el country Aires del Llano. Junto a ellos actuaban y fueron penados Diego Quiroz como organizador; y como cobradores Damián Sosa y Ayelén Yoana Schirman.

Fuente: Uno SF

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