Mientras Adorni hablaba en la conferencia, Reinaldo Román, cacique de la comunidad wichi de Betania, en el norte de Salta, seguía luchando por encontrar justicia por el femicidio de su hija adolescente de 17 años.

“La primera violencia es el hambre y la pobreza. En nuestros barrios, las mujeres y diversidades parecen condenadas a la violencia y sin un Estado presente, la violencia crece. Las políticas públicas con perspectiva de género aseguraban en nuestras comunidades un acceso para poder acompañar, asistir y en muchos casos prevenir las escaladas de la violencia. El ministerio aseguraba la federalización de esa políticas y complementaba las que se venían ejecutando en cada provincia. Acceder a estos programas era también contar con asistencia psicológica y jurídica para aquellas mujeres y diversidades que atravesaban y atraviesan violencias. Ahora, nuestras compañeras no pueden irse de sus casas donde conviven con situaciones violentas todos los días; eso no entra en las estadísticas de Adorni. Sus dichos no solo son mentirosos sino que refuerzan la política de este gobierno de invisibilizar una problemática que existe en nuestro país en el que cada día una mujer es asesinada por la violencia machista patriarcal”, señala a Página 12 Leonor Cruz, secretaria de Géneros y Diversidades de la CTA Autónoma.