FM Chalet dialogó con Lila Calderón referente de la Mesa Nacional de Barrios Populares, quien expresó que es necesario lograr la modificación a la ley 27.453 para prorrogar la suspensión de desalojos y fortalecer el plan de integración socio urbana en barrios populares, pues por dicha ley la suspensión de los desalojos fue por 4 años y esto se cumple este año 2022.
Con este marco, la Secretaria de Integración Socio Urbana (SISU) avanza en el desarrollo de obras de integración, provisión de infraestructura básica, acceso a servicios públicos, mejoramiento de viviendas, creación de nuevo suelo urbano y el fortalecimiento socio comunitario en barrios populares.
Tras cuatro años de la implementación de la ley, la SISU y la Mesa Nacional de Barrios Populares construyeron, con los aportes de otros organismos nacionales, provinciales y municipales, el proyecto de reforma de la Ley 27.453.
¿Cuáles han sido las conclusiones de las Asambleas realizadas en todo el país?
“Bueno lo que pudimos ver en el marco de las Asambleas que realizamos en todo el país, nosotros acá en Rio Negro como en Neuquén y los compañeros de La Pampa desde la Mesa se proponía hacer sentir el reclamo de la Mesa Nacional para las modificaciones del proyecto de ley para ser presentado. Esta semana entró y está en debate en las comisiones en el Congreso”.
“Las asambleas en todo el país fueron más que nada informativas y tenemos un plan de lucha para ir a ver a cada diputado, a cada senador para que acompañen estas modificaciones porque para los barrios populares es muy importante”.
“Una de las modificaciones es el del vencimiento del plazo de desalojos, nosotros en principio pensamos 4 años y resulta que pasaron los 4 años y la ley tiene limitaciones que hay que modificarlas porque lo que nosotros teníamos entendido era que se podía llegar a avanzar en expropiaciones a nivel nacional como para poder ir destrabando la situación en los barrios cosa que no sucedió. Llegamos a la instancia de presentar proyectos se pueden aprobar pero a la hora de las expropiaciones llegan directamente a la Agencia Nacional de los Bienes del Estado ANBE y queda trabado y en esos cuatro años no se aprovechó bien el tiempo”.
“Los barrios que estaban con procesos judiciales podrían haber sido de los vecinos pero bueno no fue así y hoy tenemos peligro en uno de los barrios que tenemos acá cerca que tienen certificados de vivienda y que están dentro de la ley y que están corriendo riesgo de desalojo real”.
“Nosotros decimos que para poder tener respuestas concretas y llevar adelante obras como nosotros acá que tenemos una cooperativa y estamos haciendo trabajos y se está reflejando ese 25 %, pero no sucede en todos los barrios, les decimos a las vecinas y vecinos que se tienen que organizar armando organizaciones civiles o cooperativas o bien ya sean los municipios o la provincia puedan tomar compañeros y compañeras de los barrrios populares para cumplir con ese 25% para que las obras las hagan los mismos vecinos”.
La SISU, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, gracias a la fuerza normativa que otorga la Ley 27.453, está ejecutando políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de casi 5 millones de personas que viven en barrios populares de todo el país.
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