Por la Lic. María Eva Bellini
A principios del mes de mayo el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación publicó por primera vez un informe que reconoce a las y los trabajadores de la economía popular (EP). Este reconocimiento no sólo se plasma en su identificación en términos cuantitativos sino que además permite valorar las tareas que estos realizan como así también su distribución territorial y por género.
Algunas personas aún siguen pensando que el “trabajo” bajo forma asalariada es la única forma en la cual podemos encontrarlo, sin embargo es necesario, como afirma Coraggio (2004), que se comiencen a reconocer todos los tipos de trabajo que existen en las sociedades del siglo XXI, dado que determinan estructuras heterogéneas para la clase trabajadora y distintos desafíos en cuanto a lograr nuevos pisos de igualdad en los derechos de la seguridad social.
Coraggio (2004) reconoce cuatro tipos de trabajos existentes en las sociedades actuales, y principalmente en América Latina: 1- el trabajo de reproducción, 2- el trabajo mercantil que puede ser independiente o asalariado, 3- el trabajo de formación, y 4- el trabajo comunitario.
En este sentido la mayoría de las y los trabajadores de la economía popular realizan los tres tipos de trabajo que esboza este autor, y es por ello la importancia del RENATEP, que surge en función de la Ley de Emergencia Social en el año 2016, recién se comenzó a implementar en el año 2020, y permite acceder al monotributo social.
Este primer informe presenta los datos de 2.093.850 registros de trabajadoras y trabajadores, donde a nivel nacional el 57% son mujeres y el 43% varones. Estos datos reflejan un espejo inverso a lo que sucede en el sector registrado donde mayoritariamente son varones (67%) y en menor proporción participan las mujeres (33%). Estas cifras reflejan y rompen con los preconceptos hacia las mujeres que no participan por decisión o impedimento de los ámbitos productivos, y plasman la necesidad de incorporar la garantía de derechos de la seguridad social a esta población. Como así también, la mirada individualista y meritocracia que expone que aquellas personas que no se encuentran en el sector registrado no son trabajadoras.
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Se identifica una fuerte participación de personas jóvenes registradas como trabajadores y trabajadoras de la economía popular, representando el 30% de las personas entre 18 a 24 años, mientras que en el sector registrado sólo participan en un 6,7%; el rango etario de 25 a 35 años con una participación en la EP del 35,5% frente al 32,1% en los sectores registrados. Es decir que la EP no es únicamente el lugar donde los jóvenes tienen acceso sino que para un importante rango etario entre los 18 a 35 años (la mitad de la edad activa) es el lugar de desarrollo del ámbito laboral.
Del total de trabajadoras y trabajadores registrados en el RENATEP aquellos que se referencian con la Provincia de Santa Fe representan el 4,4% (94.129 trabajadores y trabajadoras), mientras que en el sector registrado la provincia lo hace en un 8,3% respecto al total de trabajadores de este ámbito.
En cuanto al nivel educativo solo 28,7% de estos trabajadores y trabajadoras de la EP tiene el secundario completo, y, en igual proporción, quienes tienen el mismo nivel pero sin completar, luego el 22% presenta hasta primario completo; es decir que más del 50% de los registrados no ha podido alcanzar el nivel de escolarización formal que se establece por ley.
En cuanto a las características productivas y organizacionales del sector se evidencia que el 58% realiza las actividades de forma individual, mientras que 42% de forma colectiva principalmente a través de la organización comunitaria y bajo la forma de cooperativa de trabajo, entre otras.
Las cinco principales ramas más importantes son aquellas vinculadas a los servicios personales (30%), luego los servicios sociocomunitarios (28%), el comercio popular (13%), la construcción (10%) y la agricultura familiar (8,6%), entre otras actividades. Para la Provincia de Santa Fe las representaciones proporcionales reflejan el mismo nivel de importancia que los datos nacionales: en primer lugar se encuentran los servicios personales (32 mil trabajadores y trabajadoras), luego los servicios comunitarios (17 mil trabajadores y trabajadoras), luego el comercio popular (14 mil trabajadoras y trabajadores), la construcción (8 mil trabajadoras y trabajadores) y la agricultura familiar como la industria manufacturera (en 5 mil trabajadoras y trabajadores cada rama).
Queda como desafío, la actualización continua del registro, su nivel de desagregación territorial, el acceso para las distintas provincias, y las estrategias de mejorar no solo las condiciones productivas sino los derechos de estos trabajadores y trabajadoras. Pareciera que su invisibilización hubiera llegado a su fin, pero es necesario la generación de políticas públicas para su fortalecimiento como así también las condiciones de igualdad para que en todo lo ancho y largo de nuestro país no existan trabajadores y trabajadoras de primera o de segunda, sino una sola clase con dignidad y derechos.
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