El hombre que nació en el PRO y fue funcionario de La Libertad Avanza, ya fue notificado. La denuncia la inició la Municipalidad en 2024 pero el fiscal la tenía dormida. Fue recusado y los avances llegaron.
Julio Garro quedó formalmente imputado por múltiples delitos en la causa donde se investiga la autorización de 400 desarrollos urbanísticos por fuera de la ley. El exintendente de La Plata por el PRO fue acusado de enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La investigación se inició a partir de la denuncia de Julio Alak en 2024 por el severo perjuicio patrimonial que padeció la municipalidad platense.
Luego de la presentación hecha por el municipio y una primera acusación en marzo de 2025 por parte del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, la causa quedó paralizada. No hubo allanamientos ni otra maniobra para recabar información. Ante este escenario, el equipo jurídico de Alak realizó múltiples presentaciones hasta que, finalmente, llegó el pedido de recusación al fiscal. La jueza de Garantías Marcela Garmendia lo validó y la investigación avanzó de la mano de Juan Ignacio Mennucci, que unificó las causas y expandió los delitos bajo una carátula mucho más pesada.
Así las cosas, Garro, su exsecretario de Coordinación municipal, Oscar Negrelli, y la exsecretaria de Planeamiento Urbano, María José Botta, se presentaron en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5, donde tomaron conocimiento formal de la imputación que cae sobre ellos el 7 de agosto. También debía asistir Luis Barbier, que estuvo al frente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos entre 2016 y 2023, pero pospuso su presentación para el 14 de agosto por estar de viaje.
Todos, junto a los exfuncionarios Leandro Davis Ronga, Marcela Rogg, Augusto Sciarretta y Marcelo Género, están acusados de autorizar la venta de lotes para, por ejemplo, la creación de barrios privados, sin contar con la correspondiente validación de la Provincia. En los inicios de la investigación, la fiscalía señaló que la operación habría generado ganancias para funcionarios y empresarios por un monto aproximado de 1.500 millones de dólares. A su vez, ocasionó un perjuicio económico tanto a los compradores como al Municipio en un monto estimado en 700 mil millones de pesos.
Tal como contó este diario el año pasado a partir del primer texto firmado por Condomí Alcorta, la maniobra se pudo desarrollar a partir de la sanción de la Ordenanza N° 12.150, la cual derogó el artículo 6 de la ordenanza 10.703. Con esta decisión, votada por el Concejo Deliberante durante la gestión de Garro, se permitió publicitar los lotes sin la aprobación final. Se los podía vender, sostuvo el escrito, “en contraposición a lo dispuesto en el decreto-ley 8912 y el 9078”. El 8912 sigue siendo la norma que regula el uso del suelo en la provincia de Buenos Aires.
Al momento de la denuncia en octubre de 2024, el entonces secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la gestión de Alak, Sergio Rega, explicó a Buenos Aires/12 que, por el volumen de trámites iniciados de forma irregular y las constantes observaciones y solicitudes del Gobierno provincial que fueron ignoradas, “no se puede hablar de un error”.
El funcionario municipal subrayó que los barrios privados fueron construidos sobre lotes que, según el código vigente, son rurales y tendrían valuaciones que oscilan los 50.000 dólares. Luego se subdividían en lotes a un valor de 30.000 dólares para ser vendidos para la construcción de viviendas. Además, un enorme porcentaje de estos emprendimientos están instalados en el cordón frutihortícola, lo que aumentó el precio de los alquileres de los pequeños productores, complejizó su acceso al agua e incrementó las inundaciones.
Por eso, la renovada imputación del fiscal Mennucci agrega que Garro también violó los artículos 27, 28 y 29 de la Ley General del Ambiente, cuya pena no es penal, pero podría derivar en la condena de restituir los daños sobre los ecosistemas afectados. Resulta que, sin importar el proceso de la investigación, los desarrolladores continuaron con algunas obras, ignorando la controversial manera en la que accedieron a los terrenos.
Es así que la Municipalidad pidió medidas cautelares que Condomí Alcorta no dio a lugar. Si bien inició su tarea pidiendo levantar el secreto de sumario bancario de Garro y los acusados, no avanzó en hacer uso de la información y tampoco dictó otra medida para recopilar datos. Así, la propia jueza Garmendia puso en jaque la labor del fiscal porque ya pasaron casi dos años desde la denuncia, notificó de la formación de la causa a Garro por asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público y fraude a la administración pública, pero no avanzó en la formalización de la imputación. Nadie fue citado a la Fiscalía, como sí sucedió este mes.
Recusación y avance
Según la resolución de la jueza Garmendia, Condomí Alcorta tuvo un “impulso” inicial donde recopiló información, pidió el levantamiento del secreto bancario y conformó las causas correspondientes sobre Garro y sus exfuncionarios. Pero ahí, paradójicamente, todo se detuvo. Incluso, no dio lugar a las cautelares pedidas por la Municipalidad para que se frenen las obras en aquellos terrenos vendidos de forma ilegal.
“Al día de la fecha y pese a haber transcurrido casi dos años de su inicio, no se ha producido auto de mérito alguno, ya sea de imputación formal o desincriminación, entendiendo que ello afecta tanto los derechos de denunciantes/víctimas a una investigación rápida y eficaz, como el derecho de los denunciados a que su situación sea resuelta en un plazo razonable”, sostuvo en el escrito al que tuvo acceso este diario.
Condomí Alcorta es socio e hincha del Club San Luis. Es la institución deportiva que se desprende del Colegio San Luis, establecimiento fundado por los Hermanos Maristas hace más de cien años. Allí cursó sus estudios Garro. En la jerga platense, ambos son “maristas” por pertenecer al círculo de dirigentes de toda índole que transitan por el San Luis.
Entre otros antecedentes, Condomí Alcorta cuenta con un pedido de juicio político por parte de la Comisión Provincial por la Memoria en 2022. El jury llegó por considerar que hubo “irregularidades” en la actuación del fiscal en dos causas que investigaban al intendente de Ensenada, Mario Secco, y a dirigentes sindicales del Astillero Río Santiago.
Según la CPM, se trató de una “persecución política” de parte de Condomí Alcorta contra Secco que se inscribió en una política implementada durante la gestión de Cambiemos para perseguir y presionar a dirigentes y jueces de acuerdo a los intereses políticos del gobierno. Mencionaron el caso del juez de garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale, el fiscal general de Lomas de Zamora Enrique Ferrari o el proceso que terminó con la destitución del juez Luis Arias.
Cabe recordar que, durante la gestión de María Eugenia Vidal, operó la “Gestapo sindical”. Se trató de un espacio liderado por el exministro de Trabajo bonaerense de la exgobernadora macrista, Marcelo Villegas, que quería crear una “fuerza de embestida” para terminar con los gremios.
Fuente: Página 12
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