¿El gobierno de Milei tiene rasgos de la corrupción?

De un total de 185 funcionarios políticos de la administración centralizada, 55 registran 182 participaciones en 171 sociedades comerciales, que operan en 17 sectores de actividad. La mayoría, en el Ministerio de Economía y en la Jefatura de Gabinete, áreas clave en la distribución de recursos públicos y definición de medidas que impactan en la cuenta de resultados de empresas privadas.

Por Alfredo Zaiat/ Página 12

En estos días, el tema de la corrupción asociada a la gestión estatal ha ocupado el centro del debate público. Resulta oportuno plantear entonces los siguientes interrogantes:

1. ¿Es un acto de corrupción o, en forma matizada, puede sospecharse de corrupción que funcionarios participen al mismo tiempo en sociedades comerciales y asociaciones empresariales?
2. ¿Existen conflictos de interés y procesos de captura de la decisión pública en el doble rol de los funcionarios (cargo público y en el sector privado a la vez), situaciones que pueden ser definidas como prácticas corruptas?
3. ¿La denominada “puerta giratoria”, expresión que alude al paso de algunas personas por altos cargos en el sector público y privado en diversos momentos de las trayectorias laborales, es corrupción?

Si las respuestas a estas preguntas son positivas, se arriba a la conclusión de que el gobierno de Javier Milei tiene marcados rasgos de la corrupción.

¿Por qué? Porque un tercio de sus funcionarios (29%) ocupa cargos de dirección en empresas privadas. De un total de 185 funcionarios políticos de la administración centralizada (ministerios y secretarías de Presidencia), 55 registran 182 participaciones en 171 sociedades comerciales, que operan en 17 sectores de actividad.

¿En qué dependencias? La mayoría, en el Ministerio de Economía y en la Jefatura de Gabinete, áreas clave en la distribución de recursos públicos y en la definición de medidas que impactan en la cuenta de resultados de empresas privadas.

¿Existe corrupción aceptable y corrupción repudiable?

En general, cuando se tratan de gobiernos de derecha, en este caso de ultraderecha, estas cuestiones no son evaluadas como corruptas. Por el contrario, se elogia que personas del sector privado asuman la tarea de participar en la gestión pública.

Los bolsos de López es un acto de corrupción evidente. Existe un intercambio dinerario por un beneficio otorgado a una empresa. ¿No lo es la toma de una decisión estatal, que implica ganancias millonarias para una empresa o un sector económico, definida e implementada por un funcionario que a la vez trabajó o sigue en la nómina de directorio de firmas participantes de ese mercado beneficiado? En este caso no habría intercambio dinerario porque es el mismo sujeto (de un lado y del otro del mostrador) beneficiado.

Se lo considera sólo una violación a la Ley de Ética en el ejercicio de la función pública. Es un poco más que eso.

No hay corrupción tolerable ni inaceptable. Cobrar coimas, favorecer a una empresa en licitaciones, funcionarios impulsando medidas que benefician, con ingresos millonarios, a compañías donde trabajaban o siguen trabajando, son prácticas corruptas.

Conflictos de intereses y captura de la decisión pública en el gabinete nacional

Ana Castellani es una investigadora dedicada a estudiar las elites, quiénes las componen, la relación que entablan con el poder político y la participación directa que tienen en los gobiernos. Su último trabajo es “Funcionarios públicos, intereses privados. Análisis de la participación en sociedades comerciales y asociaciones empresariales del gabinete nacional”, publicado en el Observatorio de las Elites, de Citra-Conicet-Umet.

Presentó el análisis de la participación de funcionarios públicos en sociedades comerciales y asociaciones empresarias en el gobierno de Milei. A partir del relevamiento realizado advierte sobre “situaciones de alto riesgo de conflictos de intereses y captura de la decisión pública en el gabinete nacional, especialmente en el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete”. En otras palabras, corrupción mileísta.

Castellani ofrece algunos datos abrumadores que apuntalan esta idea:

• Como se mencionó antes, sobre un total de 185 funcionarios políticos de la administración centralizada (ministerios y secretarías de Presidencia), 55 registran 182 participaciones en 171 sociedades comerciales que operan en 17 sectores de actividad.
• Este tipo de perfil de funcionario atraviesa toda la escala de rangos de autoridades superiores de la administración pública centralizada, con especial concentración en el cargo de secretarios: ministros (4 de 8), secretarios (33 de 60) y subsecretarios (35 de 117).
• De los 55 funcionarios que registran participaciones, la mayor parte se desempeña en el Ministerio de Economía (23) y en la Jefatura de Gabinete (7 más los 5 del ex Ministerio del Interior).
• De las 182 participaciones, 106 se concentran en el Ministerio de Economía, que emerge como el lugar privilegiado para los entrecruzamientos de intereses públicos y privados.
• En cuanto al tipo de sociedad, el 56% de las 182 participaciones son en Sociedades Anónimas, el 21% en Sociedades de Responsabilidad Limitada y el 19% en Sociedades Extranjeras.
• Más del 50% de las empresas (97 de 171) operan en cinco sectores principales: energía e hidrocarburos, tecnología, servicios financieros, servicios de consultoría y actividad agropecuaria. De las 182 que registran los funcionarios, 26 son en el sector energético, 23 en empresas tecnológicas, 19 en servicios financieros, 19 en servicios de consultoría y 17 en firmas agropecuarias.
• En la cartera económica hay “una concentración alarmante” de participaciones de funcionarios en sociedades comerciales que operan en los mismos sectores que esos funcionarios deben regular, en especial servicios financieros (16), actividades agropecuarias (13), energía (12), tecnológicas (12), minería (8), telecomunicaciones (4). En la Jefatura sobresale también la presencia de funcionarios con participaciones en el sector energético (9), tecnológico (5) y en el de telecomunicaciones (5).
• Se identificaron 37 funcionarios que registran 72 participaciones en 55 entidades civiles de diverso tipo. La mayoría de estas participaciones se concentran en el Ministerio de Economía, donde 13 funcionarios tienen 24. Sobresalen dos tipos particulares de asociaciones civiles: las gremiales empresarias (14) y las impulsoras de políticas públicas (13).

Este análisis se nutre de la intersección de dos fuentes de datos clave: la Base Integrada de Mapa del Estado, que registra las autoridades superiores de la administración pública nacional, y la Base de Autoridades de Sociedades Comerciales y Asociaciones Civiles constituidas en la Inspección General de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Ambas bases de datos son de acceso público.