Es para quienes cometan delitos graves a esa edad. El proyecto se suma a otras medidas anunciadas por la Nación, e iría a extraordinarias en febrero. Contempla un régimen socioeducativo.

Los primeros anuncios que hizo el gobierno nacional en el arranque de 2019 estuvieron fuertemente vinculados con el tema seguridad, materia que sin dudas estará instalada de lleno en la compulsa electoral por la presidencia. El anuncio de la compra de 300 pistolas eléctricas o Taser para ser utilizadas en aeropuertos y trenes; la creación de una fuerza de 10 mil reservistas para actuar en un posible caso de conflicto bélico; la expulsión de extranjeros que cometen delitos y la baja en la edad de imputabilidad, componen el combo de medidas que tienen a los ministerios de Justicia, Seguridad y de Defensa en un primer plano.

En efecto, este domingo se conoció la novedad de que el gobierno tiene listo un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 15 años, y podría enviarlo al Congreso en febrero, durante el período de sesiones extraordinarias.

La versión fue confirmada por el Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano, a través del jefe de Gabinete de la cartera, Martín Casares, quien señaló que el Poder Ejecutivo aceptaría un texto más moderado que el que proponía el ala más dura del oficialismo, que sostenía que la edad de imputabilidad debía fijarse en los 14 años de edad, en lugar de los 16 que rige en la legislación vigente.

La iniciativa del nuevo régimen penal juvenil ya había sido anunciado en 2017 por el ministro de Justicia, Germán Garavano, e incluso ya había avanzado en la construcción de consensos con sectores de la oposición, como por ejemplo con el jefe de la bancada justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, pero la coyuntura electoral obligó a postergar el debate.

Bullrich habla de “consenso”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien pretendía que la edad de imputabilidad sea fijada en los 14 años, le dio el visto bueno a Garavano para que la edad quede en 15. La moderación del proyecto facilitaría los acuerdos con sectores de la oposición, y permitiría reemplazar lo previsto por la Ley 22.278 sancionada en plena la dictadura militar.

Este lunes, en diálogo con Radio Mitre, la funcionaria sostuvo que “se ha trabajado más de dos años” en el nuevo régimen penal juvenil que el Ejecutivo enviará al Congreso. Dijo que reunieron “experiencias de todo el mundo” y se elaboró en una mesa de “ONGs y los ministerios de Justicia, Seguridad y Desarrollo Social”. “Hemos llegado a un consenso, que es la imputabilidad para los delitos graves a los 15 años”, remarcó.

“Algo muy importante que va a cambiar las condiciones de seguridad y de futuro en la Argentina es la creación de un régimen socioeducativo que hace que cuando un menor comete un delito, entra en un régimen -manejado por el gobierno nacional y administraciones provinciales de resarcimiento, de entendimiento de la conducta gravosa que le generó a la sociedad y a su familia”, apuntó la ministra de Seguridad.

“Es un régimen compuesto de imputabilidad y tratamiento que pueda ser social o terapéutico dependiendo de la conducta”, explicó. Según Bullrich, el objetivo que persigue el gobierno con la creación del régimen socioeducativo “es trabajar para que el joven no siga en el camino delictivo”.

Escalas por edad

El proyecto de baja en la edad de imputabilidad contempla que los delitos cometidos por adolescentes mayores a 15 y menores de 18 sean reprimidos con una pena máxima de 15 años. La iniciativa contemplará un criterio de escalas por edad: a los 15 años, los adolescentes serán imputables únicamente por delitos considerados graves, como homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robos con armas de fuego.

Entre los 16 y los 18 años, serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.

En el caso de los menores de 15 años (inimputables) que cometan delitos reprimidos con penas de hasta 10 por el Código Penal, el proyecto contempla un programa de asistencia a través de la intervención de equipos interdisciplinarios (integrados por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales) para acompañar a los niños y evitar que desarrollen una carrera delictiva.

Los adolescentes de 15 años que reciban una condena de prisión en ningún caso compartirán encierro en establecimientos carcelarios con adultos, ya que lo que se busca es que el Estado tenga una respuesta especializada.

Primeras reacciones

A través de su cuenta en Twitter, el diputado nacional de la UCR-Cambiemos Luis Petri celebró la decisión del gobierno de bajar a 15 la edad de imputabilidad. “La edad de imputabilidad debe fijarse desde el momento en que la persona tiene capacidad para comprender la criminalidad del hecho que comete, de lo contrario olvidamos a las víctimas y su necesidad de tener Justicia”, consideró el mendocino.

Por su parte, el diputado nacional Leonardo Grosso (Movimiento Evita) cuestionó el proyecto y aseguró que “la política de (Mauricio) Macri y (Patricia) Bullrich es meterlos presos antes que preocuparse por su alimentación y porque tengan una niñez digna”.

“Si lo quieren tratar en el Congreso lo vamos a votar en contra porque tenemos razones suficientes que nos indican que para el problema del delito de menores la solución no es punitiva, sino que debe ser preventiva”, anticipó Grosso.

Extranjeros que delinquen

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró este lunes que el gobierno trabaja en un programa que será enviado al Congreso para agilizar la deportación de extranjeros que cometan delitos en la Argentina, que incluye la creación de una Cámara (una instancia judicial específica) que investigue esos hechos, “para que todo aquel que se radique en el país lo haga con un objetivo de colaboración y no de venir a delinquir”.

Bullrich precisó que se trata de un proceso que comenzó con un decreto de Mauricio Macri y puso de relieve que “en el último tiempo y sobre todo en drogas, el aumento del delito en manos de extranjeros es importante, llegando al 20% de las personas detenidas”.

Según detalló en declaraciones a Radio Mitre, el área de Migraciones “ha construido un listado de personas impedidas de estar en el país y esta es una primera parte de un programa más extenso que será llevado al Parlamento”.

Según publica este lunes el matutino Clarín, unos 1.000 extranjeros están comprendidos en el primer tramo de la medida.

Fuente: Diario El Litoral