Reclaman por más de un billón de pesos que el Gobierno recaudó por el Impuesto al Combustible y que se destinan a la “timba financiera” o a provincias aliadas previo a votaciones del Congreso. Mientras, las rutas se deterioran y se suman los fallos para que el Estado se haga cargo del mantenimiento.
El escándalo por el desvío de fondos destinados por ley a obras viales sigue creciendo. En las últimas horas realizaron una denuncia a los funcionarios, mientras se conocieron más detalles, como el uso de parte de ese dinero para girarlos a provincias «aliadas» durante votaciones claves en el Congreso.
La diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz presentó una demanda penal ante la Justicia Federal contra funcionarios del Ministerio de Economía, de la Dirección Nacional de Vialidad y del Banco Nación por el desvío de más de un billón de pesos destinados a obras viales.
La noticia se conoció el fin de semana por una investigación del periodista Hugo Alconada Mon. De todo lo recaudado por el impuesto al combustible (más de un billón y medio de pesos), apenas usaron un cuarto para lo que dicta la ley: el mantenimiento y arreglo de las rutas nacionales. El resto lo destinaron a plazos fijos o títulos. Incluso lo admitió el vocero presidencial Adrián Ravier, cuando aseguró que se desvían fondos destinados a rutas para sostener el «equilibrio fiscal».
“Lo que estamos denunciando es que recursos tributarios que tienen un destino específico e irrevocable -el pago de obras y el mantenimiento de la red vial nacional- fueron retenidos y colocados masivamente en instrumentos financieros. Mientras al 31 de mayo había más de un billón de pesos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) en inversiones, las obras comprometidas y el mantenimiento de las rutas permanecían paralizados o con avances mínimos. Mientras miles de argentinos mueren en las rutas, Caputo y Wasserman timbean la plata del SISVIAL”, aseveró Tolosa Paz.
Entre los proyectos afectados, el escrito detalla las obras sobre las rutas nacionales 3 y 5 en la provincia de Buenos Aires, financiadas parcialmente mediante el crédito internacional CAF 11744. La iniciativa prevé la conversión en autovía de la RN5 (tramo Mercedes–Variante Suipacha) y de la RN3 (entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs), con el fin de agilizar la circulación y reducir la siniestralidad vial.
Pese a que el plan contemplaba una estructura de financiamiento con un 70% de crédito externo y un 30% de contraparte nacional, los informes de auditoría del período 2024 constataron un 0% de ejecución de los aportes locales, aun cuando existían recursos disponibles dentro del marco del SISVIAL.
“La situación de las rutas nacionales 3 y 5 es un ejemplo concreto de esta contradicción. Hay obras contratadas, financiamiento internacional y recursos del SISVIAL disponibles, pero la contraparte local no fue ejecutada en la medida comprometida. La Argentina toma deuda para financiar las obras mientras los fondos nacionales destinados a esas mismas obras permanecen colocados en instrumentos financieros”, cuestionó la legisladora.
Más recaudación de impuesto a la nafta, menos obras viales e hídricas
También se supo que más de $33.000 millones de ese fondo fiduciario que sólo debe financiar rutas fueron girados a provincias durante las semanas de votaciones clave del Congreso para el Gobierno, por ejemplo durante la Ley Bases. En algunos casos, más del 90% de lo cobrado en el año llegó en esas “ventanas” legislativas.
Dentro del impuesto a la nafta también hay otra parte que debe ser destinado a obras hídricas, es el caso del Salado, con inundaciones de enorme impacto en el sector agricola. Sin embargo, el gobierno de Milei subejecutó $ 260 mil millones para obras hídricas y los destinó a comprar deuda.
Entre 2024 y mayo de 2026, por el Impuesto a los Combustibles, el Gobierno recaudó $ 375.400 millones asignados a obras hídricas, pero sólo ejecutó $ 116 mil millones, según información oficial a la que accedió Chequeado.
En paralelo, en junio de 2026 el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica mantenía más de $ 290 mil millones invertidos en Letras del Tesoro y $ 49 mil millones en depósitos.
Hay plata pero no se usa
«Este Gobierno se robó la plata del impuesto a los combustibles y el ministro Caputo va a tener que dar explicaciones en tribunales y en el Congreso Nacional, porque la verdad es muy, pero muy grave», declaró este martes el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.
Y agregó que con ese billón y medio que recaudaron, Milei y Caputo podrían haber intervenido en el 50% de toda la red vial nacional: «Son 40.000 kilómetros en total y la cuenta nos da que podrían haber intervenido con obra en 20.000».
Bajo el lema “Milei arreglá las rutas”, en febrero de 2025, Katopodis junto a intendentes e intendentas de la provincia encabezó en Luján una presentación judicial contra el Gobierno Nacional ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 1 de San Martín por el desvío de fondos y el estado de las rutas y sus consecuencias directas sobre el desarrollo productivo de las regiones y la vida de las personas que transitan en ellas.
“Milei es el único presidente de la Nación que en 40 años de democracia no hizo un solo kilómetro de ruta y paralizó todas las obras que estaban en ejecución –sostuvo Katopodis–. Queremos que la justicia le ordene al Estado Nacional el reinicio urgente de todas estas obras porque lo que está en juego es la vida de la gente”.
Desde diciembre de 2023, el Gobierno Nacional dispuso la paralización de más de 2.300 obras públicas que se encontraban en marcha en la Argentina, situación excepcional que se sostiene hasta el día de hoy y que impacta en forma directa en el desarrollo de las ciudades y sus habitantes.
Del total de 277 obras viales en ejecución por parte del ex Ministerio de Obras Públicas, a noviembre de 2023 según el Mapainversiones, 150 fueron frenadas con un avance físico de más del 40%, y de ese grupo, 85 contaban con más del 70% de los trabajos ejecutados, es decir, muy pronto a ser finalizadas.
Las denuncias por las rutas deterioradas
Lo que sucedió en el último año y medio es que fueron intendentes los que empezaron a reclamar en la justicia por el estado de las rutas en sus jurisdicciones. Fue el caso de Azul, donde pasa la Ruta 3, que en dos años y medio quedó abandonada, con una multiplicación de siniestros viales, en un corredor muy utilizado por camiones.
Frente a una demanda presentada por el intendente azuleño, Nelson Sombra, la Justicia terminó ordenando obras urgentes en la Ruta Nacional 3 entre Azul y Cacharí. La resolución judicial obliga al Estado y a la concesionaria a intervenir de manera urgente en uno de los tramos más peligrosos de la Ruta 3.
En un máximo de 120 días deberán reparar de forma provisoria los pozos y sectores de mayor riesgo, instalar señalización de emergencia, balizamiento y reducción de velocidad, e implementar desvíos o restricciones parciales donde sea necesario.
Además deberán presentar un plan de cumplimiento y demostrar que las tareas comenzaron. La Cámara Federal de Mar del Plata fundamentó su decisión en el grave estado de la ruta, donde se registraron 11 siniestros fatales en apenas seis meses, y recordó que el Estado tiene el deber de prevenir riesgos para la vida y la seguridad de quienes transitan por ese corredor. En las últimas horas, la nueva concesionaria Corredores Viales del Sur-Corresur (que va a colocar 5 peajes desde Las Flores hasta Dorrego) dijo que en un acto generoso adelantarán las obras que iban a hacer en un año para terminarlas en 120 días, a pesar de que no era una obligación que le había impuesto el Gobierno.
La Ruta 3 no es la única. En las últimas horas un juez federal de Venado Tuerto hizo lugar a un amparo y ordenó la reparación integral de los tramos de las rutas nacionales que atraviesan el departamento General López en Santa Fe.
El Juzgado Federal ordenó al Estado Nacional la inmediata y urgente reparación integral de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en los tramos de esa región: acreditó el grave deterioro de las calzadas y el incumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento.
La decisión se dio tras una acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). El magistrado señaló que el estado de las rutas requiere una intervención urgente y destacó que la propia documentación de Vialidad permitió comprobar el deterioro existente.
En particular, sobre la Ruta Nacional 33, el fallo menciona la presencia de “importantes grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos”, que implican “un gran riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios y usuarias».
El juez concluyó que quienes se encargan de los corredores viales “han incumplido con los deberes mínimos de mantenimiento y conservación”.
Fuente: Tiempo Argentino
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