El aumento del piso de ingresos que el futuro gobierno impulsará para trabajadores, jubilados y beneficiarios de planes podrá discutirse en el Consejo Económico y Social
El adelantamiento en el llamado del Consejo Económico y Social, que estaba pensado en el diseño original de Alberto Fernández para una segunda etapa, sumó argumentos como una solución intermedia para darle más chances de éxito a la iniciativa. Para el equipo gubernamental un decreto representaría una señal áspera hacia el empresariado -además de remitir a un primer kirchnerismo- en tanto que un mero entendimiento sin formalidad alguna le quitaría efectividad. Otra opción, confiaron en el Frente de Todos, será convocar al Consejo del Salario Mínimo y ampliar de facto sus atribuciones, en general asociadas únicamente al ajuste en el piso de ingresos formales.
El diseño original de la medida contempla un alcance amplio aunque no universal. Además de los salarios de los trabajadores formales del sector privado, jubilados y beneficiarios de planes, estarán incluidos empleados estatales y eventualmente, municipales. Este último rubro demandará, en boca de los responsables del plan, de una gestión artesanal con intendentes de todo el país en general acostumbrados a pagar sueldos por debajo del promedio de públicos y privados.
La iniciativa tal como es presentada aparece lejos de suplir las negociaciones salariales. De hecho las subas eventualmente acordadas en el ámbito de debate general deberían servir como anticipos a cuenta y base de debate para las paritarias del año que viene. En cualquier caso la implementación de la medida contemplará como excepciones los casos de trabajadores cuyas paritarias estuviesen en plena ejecución y de gremios que hubiesen quedado en una situación de paridad con la evolución de la inflación.
En la CGT alegaron que hay unos ocho sindicatos (como los albañiles de UOCRA y la Asociación Bancaria) cuyas paritarias fueron resueltas sin pérdida de poder adquisitivo y con aumentos que se ajustaron en la misma línea que el costo de vida. Y aclararon, ya desde el mismo día en que Alberto Fernández se impuso a Macri en primera vuelta, que haría falta una equiparación de amplios sectores que habían mermado su capacidad de compra en la ronda 2019 de negociaciones salariales contra una inflación que apunta al 50 por ciento.
El Consejo Económico y Social que planifica el futuro gobierno deberá tener independencia del Ministerio de Trabajo (se presume que para entonces recuperará esa denominación) y una dinámica propia con resoluciones de carácter consultivo pero cuyo peso, en caso de contar con consenso entre empresarios y gremialistas, deberá hacerlas vinculantes.
La reunión de Moroni con la mesa chica de la CGT contó con la presencia de los principales sectores de la central, y con sus dos secretarios generales, Héctor Daer –el sindicalista más cercano a Alberto Fernández- y Carlos Acuña. Entre otros participaron Antonio Caló (metalúrgicos, UOM), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Omar Viviani (taxistas), Víctor Santa María (encargados de edificios), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Sergio Romero (docentes de UDA) y Roberto Fernández (colectiveros, UTA) entre otros.
Fuente: Ámbito
Comenta sobre esta publicación