Hablamos con Emanuel Rodríguez, presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Profesorado N° 8 “Almirante Guillermo Brown”, sobre la marcha que realizarán mañana frente a la institución.

“Nosotros queremos visibilizar dos problemáticas porque creemos que ya hemos agotado los canales formales. Una son las que se conocen como obras de avance, horas cátedra que vienen a sumarse a horas ya existentes que están estipuladas en los nuevos planes curriculares. Cada cuatro años hay modificación de los planes curriculares de todas las carreras para que se actualicen, se agregan nuevos contenidos, etc. El Ministerio de Educación de la Provincia aprobó estos planes, pero no los ha presupuestado.  Lo que sucedía generalmente es que los docentes tomaban estas horas nuevas y en septiembre recibían un retroactivo, es decir que el Ministerio les pagaba. Lo que ha salido a decir el Ministerio ahora es que esas horas no están presupuestadas y por lo tanto no las van a pagar. Y los docentes han decidido tomar una medida de fuerza que es la suspensión del dictado de estas horas. A nosotros nos afecta directamente, pero reconocemos que el causante de la problemática es el ministerio y no los trabajadores, por eso nos solidarizamos con ellos y los acompañamos en su lucha. Pero también porque nos afecta porque no se están cumpliendo los planes establecidos por el Ministerio de Educación.

Y por otro lado, tenemos una problemática más interna de tipo institucional. Nosotros tenemos un servicio de fotocopiadoras excesivamente caro, mucho más caro que en otro lado.  Y no lo entendemos, porque al interior de esta institución el servicio de fotocopiado no paga alquiler, no paga servicios, no paga impuestos, y enfrente tenemos un fotocopiado que sí paga todo esto y es más barato. Nosotros como estudiantes estamos exigiendo dos cosas, por un lado queremos la rebaja en el precio de las copias porque impacta directamente en nuestra economía. Nosotros vemos que a muchos compañeros se les está complicando el acceso al material y por lo tanto están dejando de estudiar. Y lo vemos como una vulneración del derecho que tenemos a estudiar. Y entendemos que tiene que haber una regulación en cuanto al precio del servicio de fotocopiado al interior de las instituciones. Porque nosotros tenemos un servicio que es una concesión que se lleva adelante a partir del consenso entre las tres cooperadoras de las tres instituciones que comparten este edificio, el primario, el secundario y el terciario. Pero en la letra del contrato no están contemplados los intereses de los estudiantes del nivel superior, porque a nosotros se nos cobra el mismo precio por copia que se le cobra a un niño que saca una copia por día cuando nosotros sacamos 50. Entonces nosotros somos los que más aportamos a la fotocopiadora. Y la fotocopiadora no paga ningún tipo de canon a la cooperadora del nivel terciario y sí se paga un canon fijo a la cooperadora del nivel secundario que está destinado al arreglo del edificio, que nos se ve porque el edificio se viene abajo.

También estamos impulsando la lucha por tener un edificio propio. Hemos tenido una reunión con representantes del gobierno de la Provincia y del Ministerio de Educación, somos 3000 estudiantes cursando en este edificio y en el anexo de calles San Gerónimo y nos ofrecen 24 aulas que es un insulto para nosotros.”

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