Washington y Buenos Aires trabajan en un acuerdo para permitir que Estados Unidos deporte a migrantes de otras naciones al país sudamericano.
Emma Bubola y Hamed Aleaziz / New York Times
Emma Bubola reportó desde Buenos Aires y Hamed Aleaziz desde Washington D. C.
Estados Unidos y Argentina están en conversaciones avanzadas para firmar un acuerdo que permitiría a Estados Unidos deportar a migrantes de otros países a la nación sudamericana, según dos personas familiarizadas con las negociaciones y registros del gobierno estadounidense obtenidos por The New York Times.
Las negociaciones se producen en un momento en el que el gobierno de Donald Trump ha movilizado un amplio y agresivo esfuerzo de deportaciones que incluye el despliegue de agentes de migración en ciudades estadounidenses, a veces con consecuencias fatales.
Las conversaciones también se dan mientras el gobierno argentino intensifica la retórica antiinmigración bajo la presidencia de Javier Milei, que incluso afirma haber realizado un número récord de expulsiones y ha enviado a la policía a operaciones de control migratorio en los suburbios de Buenos Aires, la capital.
Las dos personas que describieron las ideas generales del acuerdo hablaron bajo condición de anonimato por el carácter privado de las negociaciones.
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Aunque no se ha llegado a un acuerdo definitivo, las conversaciones ponen de relieve el afán de Milei por reforzar su alianza con Estados Unidos y apoyar las medidas de represión del presidente Trump, aun a riesgo de chocar con su propia campaña antiinmigración en su país.
El gobierno de Trump ha recurrido cada vez más a los llamados acuerdos de deportación de terceros países en su intento de cumplir las promesas de realizar una campaña de deportación masiva. Hay varias razones que justifican estos acuerdos, como el envío de un mensaje disuasorio para desalentar a los migrantes de entrar ilegalmente en Estados Unidos. Los acuerdos también cumplen otra función: permitir la deportación de ciudadanos de países con los que resulta difícil establecer acuerdos de repatriación, ya sea por falta de lazos diplomáticos o por la imposibilidad de obtener documentos de viaje para los migrantes.
El gobierno de Trump ha deportado a migrantes de otras naciones a varios países dispuestos a recibirlos, como Costa Rica, El Salvador, Esuatini y Panamá. Las deportaciones han sido objeto de escrutinio legal, pero hasta ahora los tribunales han permitido que continúen.
El subsecretario de Política Exterior en funciones de Argentina, Juan Navarro, presentó una propuesta a principios de este mes para finalizar el acuerdo de tercer país, según documentos del gobierno estadounidense consultados por el Times. El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno, se había comprometido con las autoridades estadounidenses a suscribir el acuerdo, según muestran los documentos.
El acuerdo permitiría a Estados Unidos enviar a ciudadanos extranjeros a Argentina, a miles de kilómetros al sur de Washington, con la idea de que desde allí se les ofrecerían vuelos para regresar a sus países de origen.
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Según el acuerdo propuesto, Argentina aceptaría a personas detenidas cerca de la frontera poco después de entrar ilegalmente en Estados Unidos, dijo una de las personas —un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional— familiarizada con las conversaciones.
El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino declinó hacer comentarios sobre las negociaciones en curso y el Departamento de Estado estadounidense no respondió a una solicitud de comentarios.
Los detalles sobre la aplicación del acuerdo siguen debatiéndose: el gobierno de Milei ha expresado su preocupación por el riesgo de reacción pública y por sus propios esfuerzos para limitar la migración a Argentina, según los registros del gobierno. Otros obstáculos son la posible carga económica para Argentina en medio de los recortes presupuestarios aplicados por Milei y la falta de infraestructura para alojar y transportar a los migrantes, según los registros.
Si se llega a un acuerdo, Argentina seguiría a otras naciones sudamericanas que han cerrado tratos similares con Estados Unidos, entre ellas Paraguay y Ecuador, cuyos dirigentes también son aliados políticos de Trump.
En septiembre, Estados Unidos concedió a Argentina una ayuda de 20.000 millones de dólares, la cual fue decisiva para apuntalar la fortuna del presidente Milei antes de las elecciones intermedias.
Durante gran parte de su historia moderna, Argentina ha tratado la migración como un principio fundamental de su identidad nacional y no como una cuestión que pueda desencadenar una fractura política. El país se construyó con oleadas de recién llegados y lleva mucho tiempo acostumbrado a ver a los extranjeros como parte del tejido nacional, lo que se traduce en políticas relativamente permisivas. Por lo general, las plataformas antiinmigración no han formado parte de las campañas electorales como en otros países.
Sin embargo, a medida que Milei ha intentado promocionarse como líder de la derecha global y estrecho aliado de Trump, ha empezado a despotricar contra la migración masiva, con el argumento de que los países occidentales han abandonado su interés nacional en favor de la migración masiva.
En una entrevista reciente con Louis Sarkozy, hijo del expresidente francés Nicolas Sarkozy, Milei dijo que cuando un migrante “no se adapta a tu cultura, entonces es una invasión”, propensa a “cambiarte la base cultural” de un país.
En el país, los aliados de Milei han adoptado cada vez más el término “invasión” para describir la migración y han propuesto endurecer el acceso de los migrantes a servicios públicos como la salud y la educación. El gobierno de Milei también ha tomado medidas para acelerar las expulsiones de extranjeros con antecedentes penales.
El cambio de tono también ha ido acompañado de un enfoque de la política de migración más centrado en la seguridad, en el que las autoridades hacen hincapié en el control de las fronteras y la vigilancia policial federal.
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La semana pasada, mientras miles de estadounidenses se lanzaban a las calles de Mineápolis para protestar contra las redadas del ICE, el gobierno argentino llevó a cabo redadas de migración en las que estuvieron presentes agentes de policía, que no suelen participar en este tipo de operaciones.
La ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, dijo en una publicación en X esta semana que 5000 inmigrantes habían sido “expulsados, inadmitidos, capturados y extraditados” durante los dos últimos meses, batiendo un “récord histórico” nacional.
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