Los diputados de Encuentro Federal dijeron que no habilitarán el debate si el Gobierno no implementa las leyes de universidades, Garrahan y discapacitados. Unión por la Patria avanza con su propio dictamen.
El Gobierno, que atravesó sus dos primeros años de gestión sin presupuesto, se quedó sin tiempo. El Fondo Monetario Internacional y el Tesoro estadounidense exigen capacidad de negociación, y la prueba de fuego es la Ley de Leyes. El lunes, el Ejecutivo intentó crear puentes con la oposición, pero la conversación no llegó a buen puerto. En las últimas horas, el oficialismo dejó trascender que estaría dispuesto a discutir el dictamen alternativo impulsado por el diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal. El texto incorpora partidas para las tres leyes que el Ejecutivo se niega a cumplir: la Emergencia en Discapacidad, el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Pediatría. En paralelo, Unión por la Patria avanza con su propio dictamen. Las conversaciones se reanudarán la próxima semana. Mientras tanto, el Gobierno gana tiempo y espera los resultados del domingo para sentarse a negociar con mayor músculo político.
El intento desesperado del Gobierno por encarrilar las conversaciones tras la renuncia de José Luis Espert a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y sacar a flote la Ley de Presupuesto 2026 no tuvo el resultado esperado. Bloques como Democracia Para Siempre denunciaron en las redes la convocatoria paralela impulsada por el Ejecutivo por fuera de la Comisión, mientras que Unión por la Patria se negó a participar de una reunión ajena al ámbito institucional para debatir esa agenda. Por su parte, los diputados de centro nucleados en Encuentro Federal pusieron en jaque los planes del oficialismo con dos advertencias: primero, que no habilitarían el debate si el Gobierno no implementa las leyes cuyos vetos fueron rechazados por ambas cámaras; y segundo, que presentarían un dictamen propio el próximo 4 de noviembre, fecha prevista para ese fin. Lo mismo hará el peronismo que trabaja en su propio dictamen con foco en las partidas sociales.
En concreto, el proyecto que trabajaron los diputados Massot y Agost Carreño prevé un superávit fiscal de 0,9 por ciento menor al proyectado por el gobierno de 1.5 por ciento pero destina partidas al cumplimiento de la Emergencia en Discapacidad, el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Pediatría. “Le dijimos al gobierno que no queremos romper el déficit cero, pero sí meter las leyes que hemos insistido y que ellos no aceptan”, explicó Carreño a este diario. En el despacho de Martin Menem, presidente de la Cámara Baja, celebraron que el proyecto contemple el superávit y dijeron a Página12 que “no podemos acompañar algo que no conocemos, pero si la oposición está más racional estamos más cerca de sacar el presupuesto”.
Por su parte, Unión por la Patria trabaja en la letra de su propio dictamen. “Los lineamientos son nuestro ejercicio de representación y contempla las partidas para las Universidades nacionales, la Emergencia en Discapacidad, las jubilaciones, el Hospital Garrahan y la Ciencia y la Tecnología”, explicó una diputada de ese bloque. En principio, no está contemplado sumarse a la letra del proyecto de Encuentro Federal aunque eso “se ve al final” reconocieron.
El próximo 4 de noviembre, la fecha fijada para dictaminar según emplazaron los propios diputados, habrá tres proyectos: el de UxP, el de Encuentro Federal y el del oficialismo, que tendrá el apoyo del PRO y los radicales “con peluca”. Democracia Para Siempre y la Coalición Cívica aún no dieron pistas de cuál de los tres dictámenes podrían acompañar los diputados de Innovación Federal, el bloque alineado con los gobernadores de Misiones, RÍo Negro, Salta y Neuquén. Este espacio, que no participó de la reunión del lunes, quiere su propio encuentro con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; y Martín Menem. El encargado de gestionar la reunión es el misionero Daniel Vancsik que en las últimas horas se vio con Lule Menem.
Del resultado del domingo dependerá el futuro del Presupuesto 2026 y de sus interlocutores. El Gobierno aspira a ampliar su representación en ambas cámaras para ganar peso en la mesa de negociaciones. Cerca del presidente de Menem, siguen con cautela los tiempos: “Hay que ver si juntan las voluntades para llamar a sesión en las próximas semanas”, explicaron. Todo indica que el tratamiento podría extenderse durante el período de sesiones extraordinarias.
La próxima semana, el riojano buscará volver a reunir a los bloques. Democracia Para Siempre y Encuentro Federal supeditaron su participación a la puesta en marcha de las leyes que el Gobierno se niega a cumplir, mientras que las fuerzas provinciales intentan negociar por su cuenta. Si el resultado electoral es adverso, el poder de fuego del presidente de la Cámara para encarar las negociaciones con la oposición quedará debilitado. Martín y Lule Menem, junto a Karina Milei, quedarían bajo la lupa por la estrategia de “listas puras” en todos los distritos, que generó malestar entre varios gobernadores que supieron ser aliados del gobierno. En medio de esa interna, podría consolidarse la avanzada dentro del gabinete de Santiago Caputo, que impulsa a Cristian Ritondo para presidir la Cámara. Todo, por ahora, en suspenso.
Reforma laboral libertaria
En paralelo a las negociaciones por el Presupuesto 2026, la Comisión de Presupuesto y Hacienda recibió ayer al secretario de Trabajo, Julio Cordero. El funcionario sostuvo que el objetivo de la gestión es “mejorar la eficiencia en la inserción laboral” y adelantó que desde hace dos meses trabajan en una reforma laboral conjunta con los integrantes del Consejo de Mayo. La nueva normativa estará centrada en la negociación por empresa y la “modernización” de los convenios colectivos. Durante su intervención, buscó mostrar alineamiento entre el Presupuesto y el proyecto de flexibilización laboral que el oficialismo pretende enviar al Congreso a mediados de diciembre.
La respuesta de la oposición no tardó en llegar. Desde Unión por la Patria, el diputado Sergio Palazzo cuestionó la caída del salario mínimo —que se redujo un 34 por ciento y hoy apenas cubre el 27 por ciento de la canasta básica— y advirtió sobre el aumento del trabajo no registrado. “Si no existe ningún castigo para las empresas que no registran a sus trabajadores, difícilmente lo hagan”, señaló. También rechazó el enfoque del Ejecutivo sobre la reforma laboral, al que calificó como un retroceso. “Vuelven a hablar de cosas que en el país ya fracasaron porque duplicaron la desocupación” cuestionó.
Fuente: Página 12
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