En relación a la investigación en la que está imputado el fiscal adjunto suspendido de Venado Tuerto, Mauro Blanco, se realizaron de forma remota dos audiencias en los tribunales de Venado Tuerto.

A primera hora de la mañana se llevó a cabo la audiencia imputativa, y luego la de medidas cautelares que finalizó a la noche.

Tal como contó Santa Fe 24 Horas, Blanco fue detenido el viernes en el marco de 16 allanamientos realizados en ciudades de Santa Fe y Córdoba.

El fiscal estaba suspendido en sus funciones luego que la Justicia federal de Venado Tuerto detectara el vínculo con un comercializador de drogas de esa localidad.

Ambos aparecen en escuchas telefónicas coordinando la compra de “revistas”, allanamientos, intercambio de información reservada del MPA. También se detectó, a través de escuchas y en los seguimientos, la presencia del fiscal provincial en la casa del narco, quien tiempo después fue allanado con secuestro de drogas y armas.

En enero pasado al tomar contacto con la información entregada por la Justicia federal, la auditora general María Cecilia Vranicich inició en paralelo el proceso disciplinario interno del MPA derivado de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Blanco. Pero además Vranicich agregó luego una denuncia penal en función de tres delitos contemplados en el Código Penal: encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de secreto.

Así dicha denuncia fue elevada al fiscal general de la provincia Jorge Baclini, quien decidió que la investigación penal la llevase adelante un fiscal de la jurisdicción de Reconquista para evitar interferencias.

El fiscal a cargo de la investigación es Leandro Mai, de la Unidad Fiscal Reconquista. Por su parte, el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) es Adrián Godoy de Venado Tuerto.

“En primer lugar, realizamos la imputación de nueve hechos ilícitos”, informó Mai. En tal sentido, Mai se refirió a las calificaciones legales atribuidas y dijo que “se le endilgó la autoría de enriquecimiento ilícito de funcionario público; omisión de insertar datos en la declaración jurada; omisión de denunciar; omisión de los deberes de funcionario público; cohecho pasivo agravado por ser miembro del Ministerio Público de la Acusación (dos hechos); incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal; violación de los deberes de funcionario público; revelación de información secreta e incumplimiento de los deberes de funcionario público; y allanamiento ilegal”.

El funcionario del MPA agregó que “luego se debatió acerca de la legalidad de la detención del imputado”, indicó Mai. “Si bien los abogados defensores plantearon objeciones, el juez resolvió declarar legal la detención”, agregó.

“Finalmente, pedimos la prisión preventiva sin plazo y el magistrado resolvió imponer la prisión preventiva domiciliaria”, aclaró el fiscal. “El magistrado fundamentó su decisión en cuestiones familiares, puntualmente, refirió a la existencia de jóvenes a cargo del imputado”, señaló Mai.

“Por otra parte, el magistrado consideró que había evidencias suficientes en cuatro de los nueve hechos ilícitos atribuidos: el de enriquecimiento ilícito; uno de los cohechos pasivos agravados; la violación de secreto y el incumplimiento de los deberes de funcionario público”

El fiscal del MPA también indicó que “se ordenó la inscripción de los bienes del imputado como litigiosos”.

Fuente: Santa Fe 24 horas