El detalle de los gastos presentados por el ex jefe de Gabinete ante el fiscal Pollicita incluye viajes al exterior y consumos en efectivo que no aparecen vinculados a las inversiones inmobiliarias que Adorni justificó con razones de seguridad. Todo con la coartada de la inversión en criptomonedas.
Por: Ariel Stemphelet / Tiempo Argentino
Son varios los puntos de la justificación patrimonial que presentó el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni que no cierran. Más allá de los números finos, hay una contradicción argumentativa entre el supuesto objetivo de sus ahorros familiares y el destino final que tuvo parte de ese dinero: pasó del futuro educativo de sus hijos a usar parte del ahorro en los viajes a Aruba, Llao Llao y España.
En la primera de las preguntas que le respondió al fiscal Gerardo Pollicita, la defensa del ex funcionario respondió que el origen de los casi u$s 600 mil que incorporó a sus declaraciones juradas a partir de la rectificativa de 2023 fue la liquidación de sus inversiones en Bitcoin. A lo largo del escrito, Adorni intentó sostener el relato que había esbozado semanas atrás durante la entrevista que le dio al periodista José del Río en LN+, respecto de que había comprado activos digitales por u$s 200 mil y que había obtenido una ganancia cercana a u$s 300 mil. También que los fondos de esa inversión fueron el resultado de años de ahorro familiar.
Tras vender los activos que tenía en ocho direcciones que aportó a la Justicia y que dijo tener el control y los medios para despejar cualquier duda sobre su titularidad, Adorni relató que junto a su mujer Bettina Angeletti decidieron guardar los dólares provenientes de la liquidación de manera física, en su casa. No sin aclarar que desde que eso ocurrió, en 2018, ambos “optaron deliberadamente por ‘vivir como si no lo tuvieran’, privilegiando el ahorro y la prudencia patrimonial por sobre cualquier cambio en su nivel de consumo, con la mira puesta en garantizar, a mediano y largo plazo, la educación de sus hijos y su propia jubilación”.
Sin embargo, ese objetivo tuvo un quiebre a partir del ingreso de Adorni en la función pública. Según explicó su defensa, la decisión de preservar esos fondos para la educación de sus hijos “debió ser forzosamente modificada” por razones de seguridad. Primero porque el departamento de la calle Asamblea no tenía cochera y además los vecinos les arrojaban objetos al patio, al tiempo que hubo un “altercado” que Adorni protagonizó en la vía pública. Esas circunstancias fueron la base sobre la cual el matrimonio decidió encarar la compra de la quinta en Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz y el departamento de la calle Miró, en la ciudad de Buenos Aires.
Más allá de esa utilización ¿inesperada? del dinero en la compra de los dos domicilios, el matrimonio entendió que llegado el caso de necesitarlo, venderían. “Mi asistido y su cónyuge fueron conscientes de que, con esas decisiones, el dinero que venían ahorrando con miras al futuro de sus hijos pasó a destinarse, en cambio, a la adquisición y refacción de la casa de Indio Cua y a la adquisición del departamento de Miró. Pero no lo es menos que esos mismos inmuebles, en el estado en que se encuentran, podrán, de ser necesario, enajenarse para asegurar la educación y el futuro de sus hijos y la jubilación del matrimonio”, planteó el abogado Matías Ledesma en el escrito de 78 carillas presentado el lunes.
Lo llamativo es que unas páginas después ese relato entra en crisis. La propia defensa admitió que la utilización del dinero no fue exclusivamente para responder a esa demanda de seguridad sino que también se usó para afrontar pagos de viajes al exterior y otros gastos no especificados. Todos ellos después de la asunción del gobierno de Javier Milei y del propio Adorni como funcionario.
El detalle de la utilización del dinero aparece en la séptima respuesta. De los u$s 591.544 iniciales producto de la venta de bitcoin, hay al menos cinco conceptos correspondientes a 2024 y 2025 que nada tendrían que ver con las operaciones inmobiliarias esgrimidas como argumento. Aparecen:
- El viaje familiar a Aruba: tuvo lugar a fines de 2024 y la defensa reconoció erogaciones por u$s 14.697 con ese concepto.
- El viaje a Llao Llao: ocurrió a fines de junio de 2024 y fue justificado en u$s 9 mil.
- Y “consumos varios” correspondientes a 2024 por un total de u$s 8.848,37 pagados en efectivo.
En el cuadro correspondiente a 2025, la defensa también reconoció:
- Una transferencia de u$s 2 mil en favor de Angeletti, para el viaje a España junto a sus amigas que tuvo lugar en septiembre de ese año.
- Y “consumos varios” en efectivo por u$s 22.610,56.
El detalle de esas erogaciones aportadas por la propia defensa pone en crisis el planteo inicial de “vivir como si no lo tuvieran” que primó entre 2018 y la asunción de Adorni como funcionario y también la excepción por motivos de seguridad. Se trata de consumos que, en principio, escapan a esa lógica.
Esta tensión argumentativa forma parte de uno de los ejes que tendrá que analizar ahora el fiscal Gerardo Pollicita a cargo de la investigación por enriquecimiento ilícito. Adorni se enfrenta a un posible llamado a indagatoria en caso de que el representante del Ministerio Público determine que su justificación presenta irregularidades.
La defensa planteó que no existió un “salto patrimonial” del ex funcionario a partir de su llegada a la gestión pública y que los $43 millones que para el fiscal no encuentran explicación no son más que una “brecha residual” típica de toda reconstrucción. Por eso planteó la inexistencia del delito de enriquecimiento ilícito y apunta a intentar que la causa sea investigada como un eventual delito tributario, lo que eximiría a Comodoro Py de seguir con la causa para que, en su lugar, intervenga el Fuero en lo Penal Económico.