Fernanda De Luca es esposa del profesor Juan Trigatti, docente de Educación Física que fue absuelto recientemente por cinco casos de abuso sexual en el Jardín de Infantes Ceferino Namuncurá.

La senadora de la Unión Cívica Radical (UCR) Carolina Losada reflotó un proyecto en el que propone modificaciones en el Código Penal en los artículos vinculados a los delitos al honor, imponiendo penas a quien “denunciare falsamente un delito” ante la autoridad.

Fernanda De Luca es esposa del profesor Juan Trigatti, docente de Educación Física que fue absuelto de cinco casos de abuso sexual en el Jardín de Infantes Ceferino Namuncurá, fue una de las seis personas que expuso ayer en el Senado de la Nación en la jornada en la que se presentó el Proyecto para agravar las penas de quienes denuncien falsamente.

En diálogo con LT10, Fernanda sostuvo que hace un tiempo “nadie imaginaba que esto sucedía y que alguien pudiera hacer una denuncia falsa y que la Justicia no tenía los elementos, y lo que es peor, la intención de determinar si la denuncia es verídica o falsa”.

Además, sostiene que “se pasó de no creer el relato de una mujer víctima de violencia y no brindarle mecanismos de protección cuando efectivamente lo estaba atravesando, a creer únicamente en el relato de una mujer y desestimar otro tipo de pruebas. En ese contexto, las falsas denuncias han avanzado en distintas partes del país”.

También expusieron las “irregularidades o faltas de capacidad de la Justicia para investigar estas denuncias”.

En el caso de Trigatti, “los hechos que se describían eran imposible de haberse realizado, no solo por el contexto de donde se daban las clases, la visibilidad de los espacios, la existencia de cámaras, sino porque desde un principio hubo testimonios de profesionales que desestimaban esta denuncia y que fueron absolutamente ignorados y dejados de lado por la fiscalía al momento de tomar la denuncia e investigar, y direccionados hacia el servicio local de niñez que confeccionó informes exprés a pedido de la fiscalía para lograr la imputación inmediata y la preventiva de Juan”.

“No había necesidad de vulnerar sus derechos al momento de investigar, existían cámaras de seguridad en el jardín que la Agencia de Investigación debió resguardar en el momento en el que se iniciaron los actos vandálicos en el jardín para preservar la única prueba, y nos negó durante un año peritar las cámaras” agregó.

También se refirió al después: “Juan no va a volver a trabajar frente a las aulas, él todavía tiene su trabajo pero está definiendo a donde ir. Lo que él sabe es que no quiere estar de nuevo frente a un aula, es imposible establecer un vínculo con los niños después de lo que le pasó. No existe posibilidad de que se vuelva a parar frente a un aula”.

Fuente: LT 10

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