Alrededor de 100 familias están preocupadas por la sentencia de desalojo que fue firmada para el próximo lunes 8 de agosto, fecha en la que quizás lamentablemente tendrían que dejar sus hogares en Arroyo Aguiar.

No solo se desalojarán a familias arraigadas hace más de 30 año sino que también se cerrará el camino comunal que conecta con la laguna. De tal manera, FM Chalet dialogó con la profesora Marianela Poletti y vecina que junto a otros habitantes del barrio explicó que en el 2008 en otro juicio la sentencia había sido favorable a los vecinos y vecinas pero que ahora con otro juez, y un nuevo litigio se obtuvo otra sentencia desfavorable. Desde los vecinos aseguran que el juicio tiene vicios sustanciales y procesales.

“Se hizo una presentación en el juzgado del circuito n°22 de Laguna Paiva donde el juez Adrián Orellana afirmaba ya la cedula de lanzamiento, con fecha de desalojo para el 8 de agosto. Se han hecho algunas presentaciones, el viernes pasado en el juzgado donde nuestra abogada presenta todo el papeleo y certificado de vivienda familiar la cual contamos del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y que somos un barrio reconocido por la entidad, inscriptos bajo la ley 27.453″.

En el artículo 15 de la ley 27.453 dícese que “Suspéndanse por el plazo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el RENABAP, tanto los sujetos a expropiación, como aquellos de propiedad del Estado nacional. La aplicación del presente artículo es de orden público.”

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“Lo que a nosotros nos llama la atención es que el juez todavía no se exprese en relación a esta ley que es de orden público y que todos los actores del poder judicial deben de conocer”. afirmó Poletti

“Estamos esperando a que el juez Orellana expida en relación a las presentaciones que ha hecho a nuestra abogada y también en consonancia con las presentaciones que hizo la Secretaría de Integración Socio-Urbana de la Nación, así como también se ha presentado para intervenir la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia”.

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