La ausencia del Estado tiene sus consecuencias; nada es gratuito si la decisión es apartarse, correrse y no redistribuir recursos de los impuestos que recauda. Entonces estamos en presencia de un verdadero robo planificado, pues si de hecho no existen intenciones de redistribuir los ingresos, muchos se preguntarán: ¿para qué seguir financiando a un Estado que no cumple con sus obligaciones? Cabe aquí pensar que este gobierno de Javier Milei tiene en sus raíces el saqueo y la entrega.
La aceptación y la indiferencia de una gran parte de nuestra sociedad es quizás peor que las intenciones de un gobierno que tiene como objetivo primordial esquilmar a la mayoría de sus ciudadanos.
Si algo no queda claro, esquilmar tiene como sinónimos: empobrecer, disminuir, arruinar, arrasar, agotar, exprimir, destruir, dañar. Todo a cambio de nada para el pueblo, pues la calidad de vida ha caído de manera exponencial desde diciembre de 2023.
Lo fundamentalmente importante es la planificación del saqueo, pues desde el inicio de la gestión libertaria, el DNU 70/2023 estableció las emergencias en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Luego ratificada con la Ley de Bases que desde julio de 2024 cambiando el régimen fiscal, manteniendo el régimen de saqueo impositivo sin cumplir con la redistribución hacia las provincias.
Será motivo del análisis las consecuencias de la llamada motosierra libertaria; en este caso haremos pie en las consecuencias explícitas de las decisiones tomadas hace ya dos años. Hablamos del freno a la obra pública que, en primera medida, paraliza uno de los motores económicos como lo es la construcción y, por ende, a todos los engranajes productivos que tiene inmersos en su cadena de valor.
Uno de esos efectos es el deterioro de las rutas nacionales, hoy en situación irreversible, pues ya es necesaria una inversión mayor que la del mantenimiento para lograr restablecer la logística del comercio interno y la exportación. Algo que en muchas provincias como la de Santa Fe esté hecho es altamente preocupante, pues sin rutas seguras no hay salida de las producciones agrícolas a los puertos y sin ellas no hay ingreso de divisas.
Para poder tener una visión amplia de cómo hemos llegado progresivamente a esta situación, solo analizaremos la importancia de cumplir con la responsabilidad del uso de recursos fiscales, quién los cobra y, sobre todo, qué destinos específicos tienen. Analizaremos los impuestos que se cobran cuando se compra un litro de combustible líquido en Argentina.
En relación a los gravámenes que tiene la compra de un litro de combustible líquido en Argentina, entre un 40% a un 50% del precio final son impuestos, que están conformados por el ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos), IDC (Impuesto al Dióxido de Carbono), IVA (Impuesto al Valor Agregado) con alícuota del 21% sobre el precio neto, impuestos provinciales y municipales (incluye Ingresos Brutos, Tasas de Inspección, Seguridad e Higiene). Finalmente, el Impuesto al Cheque.
Ahora bien, aquí de movida al menos nos surgen dos preguntas importantes: ¿Quién recauda y qué destinos tienen los fondos del ICL y del IDC? ¿Quién recauda y qué destinos tienen los fondos del IVA?
Los dos impuestos ICL e IDC que el Estado Nacional recauda tienen como objetivo primordial a un Fondo Fiduciario Nacional creado para la construcción y mantenimiento de las rutas nacionales y provinciales. Aunque el ente recaudador es el ARCA, gran parte, por no decir en un 100%, es retenida por el Estado Nacional.
La recaudación de IVA se asigna: 11% a la seguridad social, 35% va a la Nación y el 54% restante a las provincias. La recaudación del Impuesto a las Ganancias se asigna 100% a la masa coparticipable, de la cual 39% va a la Nación y 61% a las provincias.
Como vemos, si esto no fuera una variable de ajuste o de presión hacia las provincias por parte del Ejecutivo Nacional para torcer el brazo ante cualquier medida legislativa para que sea favorable, siempre se ha utilizado la fórmula “el látigo y la chequera” que han sabido demostrar todos los gobiernos nacionales, favoreciendo a los fieles y castigando a los infieles. Todo esto en detrimento de las mayorías y favoreciendo a las minorías sectarias de todo color.
Otro aspecto a resaltar es el manejo discrecional de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional), que son mecanismos inmersos dentro de la Ley de Coparticipación Federal (Ley 23.548) que tienen como objetivo primordial atender emergencias y desequilibrios financieros de las provincias. Según esta norma, del total de los impuestos coparticipables, el 42,34 % queda en manos del gobierno nacional, el 56,66 % se distribuye automáticamente a las provincias y el 1 % restante se destina al fondo del ATN.
¿Cómo se han utilizado los ATN y quiénes han sido favorecidos?
Parecería una verdad de Perogrullo, una pregunta tonta o una obviedad, pero ante la duda veamos en un cuadro a quiénes, cuánto y cómo se distribuyeron los ATN durante el periodo 2004 al 2025.
Como se podrá observar según los datos del Ministerio de Economía, lejos del 1% en distintos gobiernos, los ATN no han sido significativos, pues ningún gobierno superó la barrera del 0,30%. Lo que sí se puede afirmar es que en los gobiernos nacionales y populares 2004-2015, el porcentaje de los ATN varió desde el 0,16% (año 2010) al 0,22% (2015); en el periodo del gobierno del PRO (2015-2019), de 0,11% al máximo de 0,20%. En el periodo de Alberto Fernández (2020-2024), con un mínimo de 0,12 % a un máximo de 0,25 % en 2020, periodo de pandemia donde todo fue para las provincias. En 2024, todo fue para Nación y se ha instalado en el 2025, pues solo el 0,03% del 0,11 fue para las provincias.
La distribución de los ATN por cada gestión de gobierno reafirma su discrecionalidad.
La distribución de los ATN a las provincias en diferentes gestiones responde siempre a un patrón común, que es su afinidad o alineamiento con el gobierno nacional, que lo vemos reflejado en esta tabla comparativa.
Con fines comparativos, también se incluye una estimación del reparto que habría resultado de aplicar los criterios de la distribución secundaria de la coparticipación federal. Esta referencia permite dimensionar las diferencias entre un esquema automático y la asignación efectiva de los ATN.
Como se podrá ver en la gestión nacional actual, la provincia de Buenos Aires dejó de ser la principal beneficiaria y las transferencias discrecionales hacia las provincias tradicionalmente favorecidas han sido inexistentes; el factor central de distribución está basado en las alianzas con los gobernadores, donde los ATN han compensado el recorte de las transferencias automáticas.
Sí, sabiendo que cuando el Estado Nacional recauda impuestos, estos deben tener cierto grado de reciprocidad, es decir, deben ser devueltos en inversiones para garantizar ciertas necesidades colectivas como la educación, la seguridad, la salud, la justicia con programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y económico de la ciudadanía. Que debe manifestarse de manera explícita en la construcción de rutas, escuelas, hospitales; podemos ver claramente calificar a este periodo como un déficit de responsabilidad y que la motosierra está dañando el tejido social. Con lo cual uno podría preguntarse: ¿hasta cuándo vale la pena seguir soportando tanta falta de responsabilidad? ¿Cuáles son las razones por las cuales vale la pena seguir apoyando tamaño daño? El Estado ha dejado de ser un buen garante de nuestros derechos, transformándose en un impávido y obsecuente espectador de sus propias decisiones.
FM Chalet
Fuentes consultadas:
“Milei sigue recaudando impuestos, pero no sabemos que hace con el dinero de los argentinos” Código Baires.com
ATN: cómo funciona el fondo y cómo se utilizó en cada gobierno IDESA 18/12/2025
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