En el marco de las audiencias públicas de Cuyo que realizó la Defensoría del Público, la mediatización de los casos en los que las niñeces atraviesan violencia sexual o maltrato, fue una de las preocupaciones recurrentes.

En diálogo con La Rioja 12, Miriam Lewin, defensora del Público, explicó cuál es el rol de la institución que encabeza y cuál fue su incursión en este tipo de casos: “en la Defensoría del Público nos ocupamos de recibir reclamos de las audiencias por temáticas variadas relacionadas con medios de comunicación audiovisual. Entre ellas, género, infancias, y libertad de expresión”, comentó y sostuvo que “el caso Arcoíris se relaciona con esas temáticas: una niña presuntamente abusada, de la criminalización de su madre en medios, y de actos reñidos con el libre desempeño de su profesión de una periodista mujer”.

La defensora del público consideró que “las acciones judiciales en contra de este derecho constituyen un antecedente riesgoso, por eso, hemos dado curso a los reclamos recibidos sobre contenidos referidos al caso en medios de comunicación que vulneran los derechos de la niña, y además, hemos accionado en apoyo y defensa del derecho de la prensa a informar responsablemente sobre el caso”, djo.

Lewin alertó que “en general, notamos que en casos de abuso sexual en algunas coberturas se brindan datos que permiten identificar a las víctimas mediante publicación de imágenes o información que indica su domicilio o entorno”, y advirtió que “a veces se publican detalles escabrosos del abuso”.

Lewin comentó que desde su rol de periodista es “consciente de que en ocasiones son miembros del entorno afectivo de les niñes quienes desean hacer público el caso para promover la acción de la justicia o como reparación, en el plano subjetivo, pero es responsabilidad de quienes trabajan en comunicación hacerles comprender las consecuencias que esto puede tener en la superación de la situación traumática”. Además remarcó que es posible que operadores judiciales o policiales revelen datos, “que no deben ser divulgados.”

En este sentido la defensora del público recomendó “velar por el respeto a todos los derechos que establecen la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061, que incluyen respetar el interés superior del niñe, el derecho a opinar y ser oído, el derecho a la dignidad”. Por otro lado expuso que “es adecuado evitar la estigmatización y criminalización de la víctima de abuso sexual y su entorno.”

Miriam Lewin recomienda “recurrir a especialistas en casos de abuso sexual en la infancia, para divulgar las características específicas del abuso en general, y evitar especulaciones sobre cada caso puntual.” Instó a tener siempre en cuenta la asimetría de poder y evitar las especulaciones”. También plasmó la importancia de “eludir las argumentaciones basadas en el supuesto Síndrome de Alienación Parental, y manifestar la eficacia de las pericias y la improbabilidad de que un niño o niña sostenga una mentira, teniendo en cuenta también el fenómeno del backlash, que registra la posibilidad de que una víctima, ante la presión del entorno se desdiga.”

Lewin, que entre muchos de sus trabajos realizó la destacada investigación que reveló los abusos sexuales del Padre Grassi, explicó que “la posibilidad de que se informe responsablemente sobre el fenómeno de abuso sexual en la infancia, incluyendo los recursos accesibles para la población para su prevención, detección y denuncia en cada cobertura son de una importancia tal que no pueden ni deben ser obstaculizados con medidas judiciales que entorpezcan la tarea del periodismo”.

En este sentido alertó que “cuando esto incluye la censura previa y el secuestro de herramientas de trabajo, como en el caso Arcoíris y otros, no se está defendiendo el interés superior del niño o niña, sino que se está afectando la libertad de expresión, en contra de lo que establecen instrumentos internacionales suscriptos por la Argentina”.

Fuente; Página 12