La Justicia de Rosario homologó un acuerdo abreviado al empresario del juego ilegal Leonardo Peiti a la pena de seis años de prisión, reducida a tres años de prisión efectiva, por colaborar en el proceso que la Fiscalía de Delitos Complejos investigaba para desentramar una red de juego ilegal y el blanqueo de activos provenientes de esa actividad clandestina.

En la audiencia presidida por el juez Rafael Coria, a Peiti se le aplicó una multa de $42 millones a abonar en cinco cuotas consecutivas que, según el acuerdo, implica tres veces el dinero lavado. También abarca el decomiso de un barrio privado de Casilda y un vehículo Toyota Corolla.

El magistrado consideró admisible el aporte de Peiti en su rol de imputado colaborador. Esta figura había sido cuestionada por la defensa por no estar avalada por el Poder Legislativo de la provincia. Sin embargo, para Coria es aceptable por estar en la legislación de fondo, a nivel nacional.

Pagos de diesmos a senadores provinciales

La revelación más resonante de Peiti durante la audiencia pasó por la confesión de haberse contactado con el entorno del senador por San Lorenzo, Armando Traferri, para entregarle dinero a fin de que su grupo político hiciera lobby para conseguir que el gobierno provincial lo habilitara como concesionario en emprendimientos de salas de juego legal en la provincia. Aludió asimismo a pagos a otros senadores de la provincia con el mismo fin. En su declaración dijo haber pagado más de 250 mil dólares para tal propósito.

“Habré puesto para la campaña unos 200 mil dólares que le di a Traferri. El no me los pidió pero yo se los fui dejando para la campaña. Y él se los llevaba”, dijo Peiti en su testimonio, según lo que se volcó en la audiencia que se realizó ayer.

Uno de los cuatro fiscales presentes en el trámite señaló que se pudo acreditar cinco reuniones en los que Peiti decía que se iba a encontrar con Traferri. “Las antenas demuestran que tras los avisos las dos personas se juntan”, indicó.

En un testimonio extenso y detallado volcado ante una jueza el pasado 13 de septiembre, Peiti contó que su llave de acceso a este sector fue Ricardo Paulichenco, ex apoderado del PJ y secretario Legislativo de la provincia, quien lo contactó con Traferri.

El lugar y modo en que conoció a Paulichenco hizo abrir los ojos a quien seguían la audiencia: fue en el Club del Orden, una institución que reúne a los círculos sociales más tradicionales y acomodados de la ciudad de Santa Fe, ubicado en San Martín 1936, donde funcionó durante años algunas ruletas, que Peiti aseguró que era uno de las tantas que explotaba.

En la audiencia, los fiscales sostuvieron que el caso exponía una “trama de corrupción” entre actores del juego ilegal, del Poder Judicial y de la política.

En su extensa declaración, recogida en video, Peiti sostuvo que se allegó a Traferri para que lo ayudara a legalizar en su favor el negocio del juego. Dijo que merced a las gestiones de este grupo, a través del empresario y ex piloto de fórmula 1 Oscar “Poppy” Larrauri, consiguió que lo recibiera el ex gobernador Miguel Lifschitz en la Casa de Gobierno. Sostuvo que en esa ocasión Lifschitz no lo hizo pasar a él sino a Larrauri. “Nos habrá atendido diez minutos, o sea al señor Larrauri, yo no entré, quedé afuera. Y lo sacó, lo limpió en diez minutos, le dijo que el socialismo no quería apoyar el desarrollo del juego y no tuvimos ninguna clase de chance ni éxito”, sostuvo.

El juego digital

Reveló entonces que Traferri le dijo que lo iba a ayudar a legalizar en su favor el negocio del juego digital. Afirmó haberle dado 50 mil dólares al senador por Iriondo Hugo Rasetto y que también le había aportado durante varios meses 5 mil dólares a Paulichenco en cada entrega. Afirmó que Rasetto se oponía al juego en su departamento. “La traba que teníamos era Rasetto. Pero al tener la reunión con él se llegó a un acuerdo y él dijo está bien pueden jugar y nos autorizó”.

Peiti también aseguró haber estado en una reunión cuya existencia se había probado en audiencias anteriores: una en la que participaron el ex diputado provincial del peronismo Darío Scattaglini, el senador Traferri y el ex secretario Legal de Villa Gobernador Gálvez, el abogado Jorge Fernández Chemes. Sostuvo que lo que cerraron fue que de la concesión del juego legal por la que se haría lobby institucional. Calcularon que con el negocio se obtendrían 1200 millones de pesos y el 30 por ciento de lo adjudicado “quedaba para la política y así la política decidía qué hacer con ese dinero y a buen entendedor pocas palabras”.

Pero finalmente el gobierno provincial, ya con Perotti en la Casa Gris, adjudicó las licencias del juego online a otro grupo, el que controla los casinos de Rosario, Santa Fe y Melincué. Frente a eso la conclusión de Peiti fue que las sumas millonarias que había pagado las había malgastado porque no consiguió su propósito.

Peiti sostuvo haber entregado dinero para el senador Lisandro Enrico (UCR/General López) aunque sostuvo que cedió los fondos a Paulichenco y no personalmente al legislador radical.

La palabra de los fiscales

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery dijeron haber preguntado si el señor Enrico había recibido ese monto. “Peiti respondió no saber si había recibido ese dinero lo que sí indicó es que a partir de esa situación pudo trabajar en el ámbito de esos departamentos, no sabía si por cuestiones de azar o por alguna intervención para favorecerlo. Peiti sostuvo que había arreglado con Scattaglini apoyar a Perotti. “Esto es lo que dijo y no lo que nos consta”, observó Edery.

Los fiscales señalaron que en el testimonio de Peiti respecto de los sobornos que pagó a Traferri queda validada evidencia obtenida previamente. Por ejemplo audios en los que Peiti le cuenta a su esposa que se reunió con Traferri para hacerle un pago en San Lorenzo lo que también estaba, dijeron los acusadores, validado por el impacto de los celulares de ambos en antenas de San Lorenzo a la hora en que se decía iban a encontrarse. Con el reconocimiento de Peiti de que esa cita fue para entregar dinero, sostuvieron, aquella evidencia se ratifica.

En la audiencia se leyó la transcripción de un audio de una llamada en la que Traferri dialoga con Luis Rossini, el abogado de Peiti. En ese audio el senador le dice que hablará con los dirigentes socialistas Rubén Galassi y Antonio Bonfatti “para ver si llegan a Drivet”. Su referencia es al camarista penal Matías Drivet que tenía que fallar en causas penales contra Peiti. Luego el propio Traferri, según el fiscal, les indica que habló con esos dirigentes y que no tenían llegada. “Lo que se indica es que (Traferri) alguna gestión hizo”, dijo Schiappa Pietra.

Por esta imputación de explotación ilegal de juego los fiscales y la defensa de Peiti acordaron para el empresario una condena de seis años de prisión reducida a tres años de pena efectiva por el aporte que Peiti realizó como imputado colaborador. También le impusieron una multa de 48 millones de pesos más otros 17 millones por lotes de terreno en el barrio Tierra de Sueños de Casilda más dos vehículos.

La condena propuesta implicó también la investigación por acciones de juego ilegal de los fiscales de Melincué, Matías Merlo, y de Rafaela Guillermo Loyola.

Con info de Uno Santa Fe