Habilitaría la educación en el hogar y la enseñanza religiosa en escuelas estatales. Menos carga horaria obligatoria y planes de estudio elaborados a gusto de cada institución y de cada familia. El proyecto que atenta contra la Ley de Educación vigente y la escolarización como derecho y obligación.
Por Guillermo Lavecchia / Tiempo Argentino
La ‘libertad’ avanza y lo hace con la intención de llevarse todo puesto. También, la Ley Nacional de Educación. El presidente Javier Milei proyecta una reforma del ámbito escolar que destruye el sistema nacional actual, deposita la toma de decisiones en las familias, habilita la formación en el hogar y admite la enseñanza religiosa en escuelas estatales, entre otras transformaciones educativas impulsadas en nombre de la libertad. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ya expresó su repudio, ante una propuesta que sus detractores definen como “terraplanismo educativo”.
“El mamarracho que circula bajo el título ‘Ley de libertad educativa’ es un proyecto de reforma terraplanista que destrozaría el sistema educativo nacional”, advirtió el Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky. La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, cuestionó que el proyecto llevaría al sistema educativo argentino a una situación “anterior a la Ley 1.420, que es de 1884, y creo que escandalizaría a Domingo Faustino Sarmiento, porque las bases del sistema nacional, público, gratuito, son de esa época”.
Borrador filtrado de la posible reforma educativa
El borrador del proyecto fue difundido por el portal LPO –algo que, como reflejó este diario, indignó a Milei- y desde el Gobierno ya hubo confirmaciones sobre su veracidad. El documento refleja la intención del Ejecutivo de contar con una ley de libertad educativa, sostenida en “el derecho de toda persona a enseñar y a aprender conforme a sus propias convicciones, métodos y proyectos pedagógicos, con sujeción al orden jurídico y al respeto de los derechos fundamentales”. Un proyecto que busca desbancar a la Ley de Educación Nacional (26.206), que rige desde 2006.
La propuesta fue presentada en el Consejo de Mayo y sería obra no solo del secretario de Educación, Carlos Torrendell, sino también –según consignó el diario La Nación– del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. Alguien que probablemente nunca haya pisado un aula de una escuela pública.
El proyecto habilita el homeschooling o educación hogareña, retomando una propuesta que la Ley Ómnibus buscaba permitir a partir de los 9 años. En su momento, aquella iniciativa recibió tal repudio que se frenó. Ahora, tras el envalentonamiento electoral, la apuesta se redobla y ni siquiera se establece una edad mínima para la no presencialidad. Algo llamativo, en un gobierno integrado por muchas voces que en pandemia reclamaban por la apertura de las escuelas.
La norma educativa de Milei apunta a la libertad pedagógica y la autonomía como elementos principales, dando vía libre a que las instituciones diseñen sus propios planes de estudio “conforme a su ideario y proyecto educativo”. Que cada quien se eduque como quiera, con un piso mínimo de contenidos comunes y una base horaria obligatoria menor a la actual.
“Un verdadero retroceso reaccionario”
CTERA se pronunció para expresar su rechazo ante el documento que circula bajo el nombre de “Ley de Libertad Educativa”. El espacio que nuclea a las y los docentes lo definió como “un verdadero ataque al sistema democrático en su conjunto, que en todo su contenido arremete en contra de la garantía estatal del derecho a la educación, de la escuela pública, de las organizaciones sindicales y de los derechos sociales y laborales conquistados durante años de luchas sostenidas desde el campo popular”.
Mientras que la Ley de Educación vigente fue sancionada tras múltiples y prolongados debates entre distintos sectores, quienes están detrás de la reforma “desconocen e ignoran el proceso de participación respetuosa y plural que en el año 2006 logró definir a la educación como un derecho social y al conocimiento como un bien público, para reemplazarlo de manera antidemocrática con otro proyecto que claramente responde a los mandatos e intereses de las corporaciones empresariales del sector privado económicamente más concentrado, definiendo a la educación como un servicio y centrándose en los principios de la libertad individual por sobre los intereses sociales”.
El colectivo docente alertó: “observamos con preocupación que bajo el uso banalizado de valor de la ‘libertad’, este proyecto de la derecha en la Argentina pretenda eliminar la figura del Estado como garante principal del derecho a la educación y su responsabilidad total por el financiamiento de todo el sistema educativo, relegando su rol a la mera subsidiariedad”. De hecho, la reforma reflota la idea de los vouchers educativos, una de las promesas de campaña de Milei.
“Rechazamos públicamente este nuevo intento de los sectores de la derecha en el que se quiere avanzar con la privatización y destrucción de la Educación Pública. Se trata de un verdadero retroceso reaccionario que pretende llevarnos educativamente al siglo XIX”, concluyó la Junta Ejecutiva de CTERA en su comunicado.
Aquí exponemos un análisis realizado por el Prof. Dr. Pedro R. Dabin *
La educación argentina se encuentra ante la posibilidad de una transformación estructural sin precedentes en las últimas dos décadas. Un análisis comparativo entre la normativa vigente, la Ley de Educación Nacional N°26.206, y el denominado Proyecto de Ley de Libertad Educativa expone diferencias que van mucho más allá de la gestión administrativa: se trata de una disputa filosófica sobre el rol del Estado, la familia y el mercado en la formación de los ciudadanos. El contraste expone dos visiones de país: una centrada en la igualdad y el derecho social, y otra en la competencia, la eficiencia de recursos y la libre elección individual.
Mientras la ley actual concibe a la educación como un “bien público” y un derecho personal y social garantizado por el Estado, la nueva propuesta busca instaurar la “libertad educativa” y el derecho preferente de los padres como eje rector. Este giro copernicano desplaza al Estado de su rol de garantía principal e indelegable hacia una función de subsidiariedad, donde actúa como verificador de acceso y validez, pero cede el protagonismo a la iniciativa familiar y privada.
El fin del sostenimiento del sistema y la lógica del voucher
El corazón de la reforma propuesta radica en las alteraciones de la lógica de distribución de recursos. El modelo vigente se basa en el financiamiento de la cobertura educativa; es decir, el Estado financia el sistema educativo y sus estructuras para sostener la educación como un derecho, con una meta de inversión del 6% del PBI. En contraposición, el proyecto libertario propone financiar la «demanda». Bajo criterios de «equidad entre instituciones estatales y privadas», se establece un sistema centrado en el estudiante donde los recursos siguen al alumno. Si bien no se utiliza explícitamente la palabra “voucher” en los apartados, la mecánica es idéntica: el presupuesto de una escuela dependerá directamente de su capacidad de captar matrícula, introduciendo una lógica de competencia de mercado en el sistema escolar.
La amenaza para las escuelas rurales y técnicas
Uno de los puntos más críticos del análisis se centra en el impacto de este cambio de financiamiento en los sectores más vulnerables y costosos del sistema: la educación rural y la educación técnica.
En la ruralidad, el desafío es la baja densidad demográfica. Actualmente, el Estado sostiene escuelas con muy pocos alumnos (incluso menos de diez) asumiendo los costos fijos para garantizar el arraigo local y el derecho a la educación, independientemente de la rentabilidad. Bajo el modelo propuesto, donde el dinero “sigue al alumno”, una escuela rural recibiría fondos insuficientes para cubrir sus sueldos y mantenimiento, poniéndola en riesgo de cierre físico. El proyecto sugiere mitigar esto legitimando “formas alternativas de enseñanza” como la educación virtual, lo que podría derivar en el reemplazo de la escuela física -centro vital de socialización en el campo- por pantallas en el hogar.
Similar suerte corre la educación técnica. Al ser intrínsecamente más costosa por el uso de talleres, insumos y maquinaria, hoy cuenta con fondos específicos. Si el nuevo sistema asigna un valor “plano” por estudiante para asegurar equidad con las escuelas de aula común, las técnicas quedarían desfinanciadas operativamente. Aunque el proyecto fomenta prácticas en empresas, existe el riesgo de que la formación se delegue excesivamente en el sector privado para ahorrar costos estatales.
Educación como “servicio esencial” y flexibilización laboral
El conflicto docente es otro eje central de la reforma. La propuesta busca resolver la tensión entre el derecho a huelga y la continuidad de clases declarando a la educación general básica como “servicio esencial”. En la práctica, esto obliga a garantizar una “continuidad mínima del servicio” (guardias) durante los paros, limitando significativamente el impacto de las medidas de fuerza gremiales, a diferencia de la ley vigente que prioriza derechos laborales amplios.
Hacia el interior de las escuelas, el cambio en el régimen laboral es profundo. Se transita de un modelo estatutario, donde la estabilidad es la norma y el acceso es por concurso de antecedentes, a uno de “gestión flexible”. El proyecto habilita mecanismos de contratación y remoción más ágiles y otorga a los directores -quienes pasan a tener un rol de autoridad ejecutiva- la potestad de seleccionar y evaluar a su personal según el “perfil del proyecto institucional”. Esto podría significar el fin del sistema de puntuación objetivo a favor de la afinidad con el ideario de la escuela, incluso en el ámbito estatal. Además, la evaluación docente dejaría de ser formativa para vincularse a los resultados de los alumnos y la continuidad laboral.
Rankings, competencia y el fin de la privacidad institucional
Para que un sistema de competencia y elección funcione, se requiere información. Aquí surge otro contraste nítido. La Ley N°26.206 prohíbe expresamente la difusión de evaluaciones que identifiquen a las escuelas para evitar su estigmatización y la creación de “escuelas de primera y de segunda”.
El Proyecto de Libertad Educativa elimina esta protección. Ordena la publicación de un informe anual que distinga los resultados por institución. El objetivo es claro: permitir que las familias comparen el rendimiento académico de cada escuela para decidir dónde enviar a sus hijos (y sus recursos), fomentando la creación de rankings educativos. La evaluación deja de ser una herramienta de diagnóstico sistémico para convertirse en una brújula para el consumidor educativo.
Valores, religión y universidad
La reforma no es solo económica, es profundamente cultural. El proyecto rompe con el monopolio de la escuela presencial, legitimando el homeschooling (educación en el hogar) desde los 4 años.
En cuanto a los contenidos, se observa un retroceso del Estado en la imposición de valores transversales. Mientras la ley actual obliga a la Educación Sexual Integral (ESI) basada en un enfoque de derechos, el nuevo texto guarda silencio sobre la ESI y prioriza el derecho de los padres a educar según sus convicciones, permitiendo que las escuelas adapten estos contenidos a su “ideario”. Además, se habilita la enseñanza religiosa confesional optativa en escuelas públicas (fuera de horario) y de historia de las religiones dentro de la currícula, modificando la tradición laica del sistema.
Finalmente, el sistema universitario también sufriría modificaciones clave. El proyecto permite que las universidades con más de 50.000 estudiantes definan sus propios regímenes de admisión, lo que abre la puerta legal al restablecimiento de solicitudes de ingreso eliminatorios, revirtiendo el principio de ingreso irrestricto vigente. Las universidades extranjeras que deseen abrir programas académicos en Argentina deben cumplir los mismos requisitos que las universidades nacionales privadas. Asimismo, se habilita el arancelamiento para estudiantes extranjeros no residentes.
A modo de conclusión
El análisis de los documentos evidencia que el Proyecto de Ley de Libertad Educativa no es una mera reforma, sino una refundación del sistema. Mientras el modelo vigente busca homogeneizar oportunidades mediante un Estado protector y centralizado, la propuesta libertaria apuesta a la descentralización, la competencia por los recursos y la primacía de la decisión familiar. El impacto de este cambio de reglas se modificaría desde la estabilidad del maestro rural hasta la forma en que se accede a la universidad, redefiniendo el concepto mismo de la educación argentina.
*Doctor en educación, ex rector del Instituto Superior de Educación N°16 de Rosario.
Comenta sobre esta publicación