El lunes 18 de Junio en horas de la mañana se presentó una asistente social del Proyecto Urbanístico Integral del Noreste, empleada de la Municipalidad de Santa Fe, manifestando la necesidad de relevar la situación de una familia conformada por la pareja y sus hijxs menores, unx de ellxs discapacitadx, que con mucho esfuerzo levantaba una vivienda precaria en Playa Norte ante la falta de política habitacional inclusiva por parte del Estado.
Hablamos con Liliana Berraz de Manzanas Solidarias.
“La familia entendió que la asistente social se presentó a ofrecer ayuda. Sin embargo el informe que ha llevado esta persona hizo que los responsables de la Municipalidad envíen en horas de la tarde a un empleado de Edificaciones Privadas, con unos papelitos amarillos donde le dicen a la persona que no tiene permiso para edificar. Imaginate la situación: permiso para edificar cuatro chapas. Esta familia hace 4 meses que está viviendo con los cuñados esperando algún tipo de solución porque ellos vienen del oeste con una situación seria porque le mataron a un hijo de 14 años. Estaban en conversación con el Director del proyecto urbanístico pero del oeste. Y en 4 meses no se resolvió nada. Y la verdad que estaban tan amontonados con la otra familia que decidieron hacer una piecita de chapa muy precaria.
La cedula que le entregan está como amparada en una ordenanza de edificaciones privadas que dice que si hay una edificación que no corresponde tenés hasta 30 días para resolverlo. Ellos tren el papel y viene la policía, viene la GCI, y viene el camión de la Municipalidad con empleados para desarmar. Y cuando nosotros le discutíamos que tienen 30 días para resolver esta persona nunca había leído ni siquiera la ordenanza. Los policías estaban en una actitud amedrentadora. No se sigue un protocolo, ni mínimamente la ordenanza, primero; segundo, hay leyes provinciales, tercero están las declaraciones universales de los derecho del hombre. Transgreden absolutamente todo. Por suerte los vecinos están bastante organizados, hay un grupo de whatsapp donde se comunican cuando pasan estas cuestiones, así que inmediatamente estaban los vecinos apoyando a la familia y estábamos nosotros también. Fueron llegando los jefes, el jefe de la CGI, alguien superior de la policía. Nosotros le explicamos a cada empleado, sabemos que cumplen órdenes, pero tenemos la conciencia de explicar las cosas porque casi todos los empleados vienen de un origen muy humilde y es importante que sepan estas cuestiones muy profundamente porque si no aparece como un hecho policial, un delito. Y no hay delito, no debería estar la policía. Se reunieron los jefes y decidieron hacer una denuncia en la 8va, por supuesto que nosotros no teníamos idea de qué podían denunciar. Al día siguiente, nosotros estábamos trabajando en huertas en esa zona, y aparece la policía y los intiman a que los acompañen a la 8va. Cuando preguntamos de qué era la denuncia nos dicen que era de usurpación. Otra falsedad, porque ellos no están usurpando nada. Alguien puede denunciar de usurpar algo cuando es dueño de una casa.
Nosotros estamos en esta lucha desde 2005, o sea que han pasado varias gestiones. Esos terrenos son privados, nunca fueron reclamados por sus dueños. No hay ningún juicio contra estos pobladores que están hace 30 años ocupando este lugar y que lo han mejorado, han abierto calles, lo han levantado. Hay leyes que los amparan como la Ley Pierri, la Ley de Usucapion, tienen derechos adquiridos. Esto no quiere decir que a los dueños no se los reconoce si hubiera algún heredero. En ese caso es el Estado es el que tiene que proceder con decisiones políticas”
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