En Diputados la oposición trabaja para que sea derogado luego del rechazo que obtuvo del Senado en 2024. En el medio, se consolidan reclamos para llevar a la marcha federal del 15 de octubre.
Los tres poderes del Estado tuvieron esta última semana su fuerte dosis de atención (y de tensión). El Ejecutivo estuvo dividido entre la presencia de Javier Milei en el Argentina Week de París y su defensa del modelo económico, y la vicepresidenta Victoria Villarruel en España para participar del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, donde se volvió a desmarcar de la agenda del mandatario, por ejemplo, en materia de IA.
En tanto, la Corte Suprema de Justicia concentró titulares tras la resolución que revocó el fallo que había declarado inconstitucional el artículo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que derogó la Ley de Tierras y estableció límites a la posesión de tierras rurales por parte de extranjeros.
Por el lado del Congreso Nacional, del Senado emergió la autoridad a cargo de los destinos del país durante los últimos días en la figura de Bartolomé Abdala, presidente pro témpore de la Cámara alta y tercero en la sucesión presidencial.
Desde el mismo espacio, Patricia Bullrich continuó acercando fichas a una posible y aún no definida candidatura para 2027 mientras se reunió con el “círculo rojo”, es decir, la elite empresarial que se dio cita en el último Coloquio de IDEA.
Pero por efecto de todo lo anterior y de la intensa agenda de comisiones que mantuvo esta semana, es sobre la Cámara de Diputados adonde apuntaron todos los reflectores. O las alarmas, según desde qué ángulo se mire.
Cuando todavía no se había apagado el estruendo del debate por el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional que inició su discusión el miércoles en plenario de comisiones y terminó en medio de exabruptos, la oposición pidió una sesión especial para el 15 de octubre a fin de derogar el mega DNU 70/23; además, claro, de tratar el tema de morosidad y el pedido de prórroga a la Ley de Discapacidad.
Será el mismo día de la quinta Marcha Federal Universitaria en reclamo, una vez más, del cumplimiento de la ley de financiamiento educativo y tendrá epicentro, más allá de las manifestaciones que se esperan en todo el país, frente al Congreso Nacional. Allí confluirá un amplio abanico de reclamos: discapacidad, morosidad y venta de tierras a extranjeros.
El oficialismo, en tanto, espera que la convocatoria en la Cámara baja no reúna el quórum necesario y apuesta a una sesión para el 21 de octubre, en lo posible ya con un dictamen sobre la Ley de Soberanía Nacional y el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que desde el 7 de agosto (de madrugada) tiene media sanción del Senado, sin el capítulo de Tierras que fue quitado luego de la fuerte presión en las calles.
Y todavía falta arrancar con el Presupuesto 2027 en Diputados y continuar con la Reforma Electoral, que incluye la pretensión del oficialismo de derogar las PASO, en el Senado. Hasta el 30 de noviembre, cuando concluya el período de sesiones ordinarias, todo seguirá siendo atención (y tensión).
¿Por qué vuelve el mega DNU?
El nuevo impulso parlamentario a la derogación del mega decreto 70/23, que fue votada por el Senado en marzo de 2024 pero necesita el acompañamiento de Diputados para hacer caer al instrumento, se produjo luego de que recuperase vigencia por efecto de la revocación de la medida judicial que lo había suspendido.
Así, la Corte Suprema no se expidió sobre el fondo de la cuestión (es decir, la constitucionalidad o no del DNU), ni cerró la puerta a que haya otras cautelares para suspenderlo. Sí consideró que, en este caso, la medida judicial estaba mal concedida, por falta de legitimación de quien la planteó, el Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas de La Plata (CECIM).
En el mismo y controvertido decisorio firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejan a salvo la facultad del Congreso para rechazar el DNU, aunque con el alto nivel de exigencia que estipula la ley regulatoria.
En cualquier caso, junto con el repudio al fallo y a sus firmantes, esto reactivó las gestiones de la oposición para intentar “voltear” definitivamente el mega decreto, pedir una sesión especial a tal efecto y tratar de reunir el quórum y los votos necesarios para conseguir en la cámara baja la media sanción requerida.
En definitiva la decisión de la Corte reavivó un debate pendiente en la Cámara baja que se suma a las demandas que fueron cobrando fuerza en las últimas semanas: morosidad y emergencia en discapacidad.
¿Cómo se hace?
La figura del decreto de necesidad y urgencia está prevista en el artículo 99 (atribuciones del Presidente) inciso 3 de la Constitución Nacional.
Allí se establece que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”.
El Senado y Diputados solo pueden aceptar o rechazar el DNU sin introducir enmiendas. Si ninguna cámara lo trata, sigue vigente; si una cámara lo acepta y otra lo rechaza, sigue vigente y sólo queda sin efecto si es rechazado por ambas, pierde vigencia.
El Senado rechazó el DNU 70/23 el 14 de marzo de 2024. Falta aún el pronunciamiento de Diputados que es lo que la oposición busca acelerar para el 15 de octubre. No obstante, más de dos años después, son numerosos y profundos los efectos de aquel ensayo de Ley de Bases que el gobierno presentó apenas días después de haber iniciado la gestión.
Mientras tanto, Diputados tiene un único antecedente para impulsar la derogación: en septiembre de 2024 el Congreso dejó sin efecto el DNU 656 que otorgaba 100 mil millones de pesos en concepto de fondos reservados a la SIDE.
Milei dictó más de 80 DNU en su gobierno. ¿Será el 70/23 el segundo en la lista de rechazos?
Y si esto ocurre, ¿qué pasará con las desregulaciones que rigen desde entonces, por ejemplo en alquileres, prepagas, actividad aerocomercial, régimen laboral y empresas públicas?
Ya se abrió un debate jurídico al respecto y seguramente los próximos días serán para analizar variantes y votos.
Mientras tanto, con la derogación del mega decreto se mantendría la vigencia plena de la Ley 26.737, que limita la compra de tierras por parte de extranjeros. Ese es, en definitiva, el eje de la controversia tras el fallo de la Corte Suprema, causa de la concesión que debió hacer el oficialismo en el Senado durante el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y razón de la multitudinaria marcha del 6 de agosto en todo el país que, con nuevos bríos y más banderas, se va a repetir en 10 días.
Fuente: El Litoral