Los presidentes subordinados a Washington, incluido Javier Milei, firmaron una declaración conjunta que respalda la acción del gobierno boliviano en conjunto con la DEA. La detención se dio dos días después de que EEUU le quitara la visa.
Los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago expresaron conjuntamente este jueves su respaldo a la detención del fiscal general del Estado boliviano, Róger Mariaca, quien estaba a cargo del caso de Fernando Cerimedo, el ex asesor de Javier Milei y operador de la extrema derecha regional acusado de enriquecimiento ilícito y de instigar el intento de femicidio de su ex pareja.
En una declaración conjunta difundida por el Departamento de Estado estadounidense, los 15 países del denominado ‘Escudo de las Américas’ felicitaron al Ejecutivo boliviano por las medidas adoptadas para “perseguir las redes vinculadas al tráfico de drogas y reclamar responsabilidades a quienes contribuyen a su actividad”.
Los gobiernos firmantes instaron asimismo a La Paz a mantener abiertas las investigaciones y a llevar ante la Justicia a los integrantes de estas estructuras. En este contexto, destacaron las recientes operaciones policiales de alto perfil dirigidas contra altos cargos –antiguos y actuales– presuntamente vinculados con actividades de narcotráfico.
Estas actuaciones, destaca el comunicado, “envían un mensaje contundente” tanto dentro de Bolivia como al conjunto de la región, al poner de manifiesto que los gobiernos elegidos democráticamente y los Estados integrantes de esta iniciativa rechazan la penetración de redes ilícitas en el hemisferio.
La declaración subraya además que la cooperación regional se sustenta en el compromiso compartido de proteger a los gobiernos surgidos de procesos democráticos y reforzar la seguridad frente a organizaciones narcoterroristas.
“Hoy, nos solidarizamos firmemente con Bolivia”, concluye el comunicado conjunto, evocando la reunión de líderes del Escudo de las Américas celebrada el pasado 22 de septiembre, encuentro en el que reafirmaron su voluntad común de hacer frente a la influencia de estas organizaciones y preservar la estabilidad y la seguridad regional.
Este comunicado se conoce después de que Róger Mariaca haya sido detenido junto al fiscal del departamento de Santa Cruz, Alberto Zeballos, en el aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, tan solo días después de que fueran sancionados por Estados Unidos, acusados de corrupción y de favorecer al narcotráfico.
En un video publicado en redes sociales, portavoces de la Fiscalía General de Bolivia denunciaron el “secuestro” de Mariaca y la “vulneración de sus Derechos Humanos”, señalando que “no se está respetando la institucionalidad del Estado” y que el fiscal había sido “retenido” en el aeropuerto de Viru Viru de forma informal y “sin una orden de aprehensión”.
En paralelo, autoridades policiales señalaron al diario boliviano ‘El Deber’ que Mariaca y Zeballos fueron interceptados por policías de Inteligencia dentro de la terminal aérea cuando llegaban de Sucre, aunque no informaron los motivos de la detención.
El episodio tiene lugar en un momento en el que Washington puso el foco sobre el fiscal general y otros altos cargos y ex altos cargos del país, a los que prohibió la entrada a Estados Unidos y aplicó sanciones.
El Gobierno dice que el nuevo fiscal interino será detenido
El Gobierno de Bolivia señaló que la Policía detendrá al nuevo fiscal general, Luis Montaño –quien asumía el cargo apenas unas horas antes–, por usurpación de funciones e intento de obstaculización de la investigación contra las autoridades involucradas en el caso Marset, que incluyen a su destituido y arrestado predecesor, Róger Mariaca.
“Quiero denunciar al señor Luis Montaño Morales, que de manera ilegal e ilegítima está haciendo usurpación de funciones, autodeclarándose como fiscal general”, afirmó el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, en una rueda de prensa en la que subrayó que “esta persona está siendo buscada y va a ser detenida porque también va a tener que rendir cuentas ante la Justicia”, según recogió el diario boliviano ‘El Deber’.
El anuncio llegó apenas unas horas después de que Montaño asumiera en funciones el cargo de fiscal general del Estado tras la detención de Róger Mariaca, arrestado junto al fiscal del departamento de Santa Cruz, Alberto Zeballos.
Gálvez acusó al fiscal interino de intentar frenar las investigaciones contra los detenidos, acusándolo así de ponerse “del narcoterrorismo y de la estructura criminal” y asegurando que, por ello, “recibirá una respuesta firme y directa de parte del Gobierno”.
El relato del portavoz de Rodrigo Paz contrasta con el presentado por Montaño, quien alegó haber asumido el puesto en funciones por ser el fiscal superior con mayor antigüedad y a fin de evitar un vacío institucional tras la detención de Mariaca.
La propia Fiscalía –que denunció como “ilegal e informal” la operación policial para detener a 14 personas, entre ellas Mariaca y Zeballos– respaldó la versión de su jefe interino, señalando que, ante la ausencia definitiva del titular, la dirección del organismo corresponde al fiscal departamental o superior, de acuerdo con el orden de prelación establecido legalmente.
Sin embargo, el Ejecutivo no reconoció esa interpretación y el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, reclamó que debe ser la Asamblea Legislativa Plurinacional la que elija al nuevo fiscal en una sesión programada para este viernes.
“Mañana es la Asamblea la que decide. No se puede autonombrar fiscal interino. Será la Asamblea, de donde emerge el nombramiento del fiscal general, la que tendrá que decidir mañana en una sesión que está convocada”, declaró en una intervención en la que también defendió la legalidad de las detenciones llevadas a cabo.
El caso, que sacudió la política boliviana, tuvo una evolución notablemente rápida: fue este lunes cuando el Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra una serie de ciudadanos y autoridades sudamericanas, entre las que se encontraba el hasta entonces fiscal general, Róger Mariaca.
Pese a que este rechazó lo que consideró como presiones, afirmando que no retrocedería en ninguna investigación, Lima pidió información al respecto a Washington al día siguiente y dos días después lanzó la operación en la que fue detenido.
GS con información de Xinhua y Europa Press
