La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó este mediodía a una movilización a la Casa de la provincia de Tucumán para reclamar la inmediata interrupción del embarazo de la niña de 11 años abusada sexualmente por la pareja de su abuela. Desde la organización repudiaron la negativa y las dilaciones pergeñadas por las dos fiscalías que hicieron caso omiso al deseo de la niña de abortar, tal cual como rige en el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo en estas causales. “Forzar a una niña a continuar con un embarazo resultado de abuso sexual y someterla a prácticas médicas riesgosas como la cesárea, es tortura”, aclaró la campaña.
La Defensoría de Menores, el juzgado de familia y el sistema de salud público de Tucumán ignoraron el derecho a abortar de la niña, quien imploró “quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, tal cual como contó este diario. La niña, menor de tres hermanas, quedó embarazada producto de la violación perpetrada por un hombre de 62 años y hace 23 días que quiere interrumpir la gestación, pero el secretario de Salud Gustavo Vigliocco, puso en marcha un operativo antiderechos –en connivencia con una fiscal que intervino arbitrariamente– para impedir el aborto.
Por eso, la Campaña se concentrará hoy en la Casa de la provincia de Tucumán, en Suipacha 140, para exigir que se practique el aborto legal y se destituya a “cada uno de los actores que fueron cómplices de la obstaculización del ejercicio de este derecho”. Acompañarán la protesta con un tuitazo.
Exigimos la interrupcion del embarazo de una niña de 11 años que ha sido victima de abuso sexual. #NiñasNoMadres #ILEyaesderecho pic.twitter.com/9gZM1Zb0No
— eli guerechet (@EGuerechet) February 25, 2019
“No queremos niñas madres, no queremos Chahlas y Viglioccos en nuestros hospitales, obstaculizando el acceso al ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Denunciamos la complicidad del Siprosa y el accionar nefasto del Poder Judicial”, puntualizó la Campaña de Tucumán, en referencia a la directora de la maternidad Rossana Chahla, al secretario de salud y al Sistema provincial de salud.
Desde la Campaña Nacional, denuncian que “buscan imponer la maternidad, aún cuando la niña y su familia expresaron claramente la intención de interrumpir el embarazo” y citan el art. 86 del Código Penal en la interpretación del Fallo F.A.L. emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que permite la interrupción del embarazo “si proviene de una violación”. La Corte determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación, sin importar la salud mental de la mujer, no es punible. Pero el sistema de salud provincial no tuvo en cuenta la reglamentación y sigue vulnerando a la niña.
“Es inadmisible que se siga poniendo en juego la salud y la vida de las niñas que, según determina el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo de 2015, es causal para acceder a la ILE sin judicialización. Es indignante que, una vez más, filtren datos de la paciente y su familia, exponiéndoles al juzgamiento social, en una práctica que debiera ser reservada e inmediata en cualquier hospital y centro de salud del país”, subrayaron desde la Campaña.
Fuente: Página 12
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