Con el argumento de ir contra el “fraude” de pensiones mal otorgadas, el Gobierno busca profundizar el ajuste sobre uno de los sectores más golpeados por la gestión de Milei. “Lo que no dicen es que están metiendo mano en el corazón del sistema, que es el Nomenclador”, advierten desde el colectivo, que se moviliza ante la cartera de Lugones.
Ante un nuevo embate del gobierno de Javier Milei contra las personas con discapacidad, sus familias y quienes trabajan con ellas, el colectivo convoca este miércoles a un cese de tareas y moviliza a las 11 al Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones. Al largo reclamo que sostienen contra la vulneración de sus derechos por parte de esta gestión se suma el rechazo al nuevo proyecto de ley impulsado por el oficialismo, que con el argumento de ir contra el “fraude” de pensiones mal otorgadas amenaza con destruir el sistema en su conjunto.
“Esta iniciativa, que modifica el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad, instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad y desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural del sistema”, denunció el Foro Permanente Discapacidad, que nuclea a organizaciones del sector. “Mientras se pone en duda el acceso a derechos, el sector atraviesa: atraso arancelario, pagos irregulares, deudas acumuladas y prestaciones en riesgo. Las personas con discapacidad no son responsables de la crisis. Necesitan respuestas urgentes, no retrocesos”, expresó el Foro.
“Este proyecto es un engaño. Se presenta como una ley contra el fraude pero en realidad es una excusa para ajustar a las personas con discapacidad. Siguen insistiendo con el relato de las pensiones truchas pero no muestran pruebas concretas que justifiquen esta reforma. Mientras ponen bajo sospecha a todo un colectivo, que ya viene siendo golpeado y maltratado hace mucho tiempo”, cuestionó Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), en diálogo con Urbana Play. Y agregó: “Lo que no dicen es que están metiendo mano en el corazón del sistema, que es el Nomenclador nacional. Es lo que establece el valor de las prestaciones que brindan las instituciones y asociaciones en todo el país. Eso va a hacer que cada institución tenga que negociar como pueda los aranceles con cada prepaga u obra social”.
Van contra el Nomenclador
Es uno de los puntos que más preocupa al sector: desarmar el Nomenclador nacional es desarmar el sistema y validar la desigualdad y el desamparo para las familias más vulnerables. No es la primera vez que lo intentan. Hace dos años, en mayo de 2024, circuló el borrador de un proyecto de decreto que apuntaba exactamente en ese sentido: destruir el Nomenclador.
“Siempre tuvimos cuestiones desiguales. El Nomenclador de alguna manera emparda esa desigualdad, compensa. El CUD (Certificado Único de Discapacidad) hace que se acceda, y el Nomenclador hace que haya profesionales para esas terapias. Con el Nomenclador mercantilizado –porque desregular es un término edulcorado para vender ajuste- lo que sabemos es que va a generar ciudadanos de primera y de segunda, en un colectivo ya de por sí vulnerado”, decía por entonces a este diario Julia Domínguez, psicopedagoga y miembro de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión. En su momento, la movilización frenó el avance de aquel decreto, cuyo mismo objetivo ahora avanza en forma de proyecto de ley.
“El proyecto contempla un reempadronamiento obligatorio para las personas que hoy reciben pensiones, bajo amenaza de suspensión en caso de no cumplir con nuevos requisitos. Asimismo, establece un endurecimiento de los criterios de acceso, una reducción de prestaciones y un refuerzo de los mecanismos de control sobre una población que ya se encuentra sometida a evaluaciones permanentes”, advirtió Guadalupe Bargiela, de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA). “Los riesgos que enfrentamos no son abstractos. Implican la interrupción de tratamientos, la pérdida de ingresos esenciales y la dependencia de circuitos burocráticos que deshumanizan y dificultan el acceso a derechos fundamentales”, remarcó.
La movilización al Ministerio de Salud se da en el marco de fuertes reclamos a la cartera de Lugones, no solo del colectivo Discapacidad. También, por la crisis en Pami, las denuncias por escasez de vacunas, los recortes en las residencias y la reforma inconsulta de la Ley de Salud Mental.
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