Adorni anunció ayer supuestos desvíos de 3400 millones de dólares, aunque la auditoría relevó apenas 2559 casos. Además expuso el caso de una radiografía de perro que en realidad nunca fue aceptada y esa persona nunca cobró. Detrás, recortes millonarios a discapacidad. Las asociaciones denuncian: “están cometiendo abandono de persona”.
La estrategia ya ocurrió con otras áreas sociales destinadas a las poblaciones más vulnerables, por ejemplo con los comedores: el gobierno anuncia supuestos desvíos de millones y millones de pesos (o dólares, como en este caso, aunque la Nación se maneje con pesos) utilizando casos particulares para generalizar o auditorías que en realidad relevan un universo mucho menor al que anuncian y así justificar el recorte; lo amplifican medios amigos (casi siempre primero el mismo periodista del mismo portal de noticias), para llegar luego a la decisión del Ejecutivo, amparada en todo lo anterior: cortar los fondos de todo ese sector. Eso mismo está pasando con el área de discapacidad.
Desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, las personas con discapacidad tuvieron que alzar la voz en distintas oportunidades para alertar que estaban cercenando sus derechos. Para reclamar ante ajustes que ponían en riesgo sus prestaciones, para manifestarse en contra de la eliminación de un nomenclador que iguala el acceso a terapias y tratamientos, para cuestionar la decisión de pasar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a la órbita del Ministerio de Salud, entre otras cosas.
Ahora, se pronuncian también ante el embate sobre las pensiones por invalidez, puestas en cuestión por el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia de este viernes, donde enarboló la radiografía de un perro detectada en un expediente en Corrientes como ejemplo de todas las “irregularidades” detectadas en el otorgamiento de esos derechos durante la gestión anterior.
Adorni informó que una auditoría realizada en la ANDIS sobre pensiones por invalidez otorgadas durante gestiones anteriores detectó “una actividad fraudulenta a gran escala” con desvío de fondos estimados en 3.400 millones de dólares solamente durante el último año. Un número a todas luces grandilocuente. Demasiado.
Pero a lo que apunta el gobierno a la cantidad de beneficiarios que aumentó el programa desde 2003. Según la versión oficial, la auditoría encabezada por el Director Ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, “reveló que durante los gobiernos kirchneristas sucedidos entre los años 2003 y 2015, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.000.045, mientras que a diciembre de 2023 la cifra se ubicó en 1.222.000 beneficiarios”. Para Adorni, se trata de un número “estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales”.
El tema ya es investigado por la Justicia, a partir de la denuncia de Spagnuolo. Más allá de las acusaciones rimbombantes, el documento difundido refleja que hasta el momento sólo se auditaron 2.559 casos. De esos, el Gobierno denuncia que sólo el 7% cumple con los requisitos establecidos. Las organizaciones sociales que acompañan a pacientes y familiares no tardaron en expresar su preocupación ante lo que consideran una nueva vulneración de derechos en puerta: sembrar dudas para justificar la quita de derechos.
Un déjà vu en discapacidad
Eduardo Maidana, del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuestionó los números planteados por el vocero presidencial. “En nuestro país hay al menos 4,5 millones de personas con discapacidad. Hay un 55 % de pobreza hoy, un 45% desde hace varias décadas. Al menos 2,25 millones de personas con discapacidad son pobres, casi todos sin trabajo en blanco o trabajo informal de su familia. No veo que sea una cifra tan loca 1,2 millones de pensiones”, consideró en diálogo con Tiempo.
“El discurso de la guerra y catástrofe ya lo decían (Mauricio) Macri y sus periodistas, ahora lo repiten estos. Ya hicieron en su momento una quita compulsiva de 120.000 pensiones y las tuvieron que devolver porque la Justicia lo indicó, ya que fue injustificada”, dijo en referencia a las pensiones dadas de baja durante el macrismo, algo que la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) denunció y obtuvo un fallo a favor.
Fuente: Tiempo Argentino
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