La presentación de APYME ante la Defensoría del Pueblo, respaldada por más de mil firmas, propone negociar con bancos y mutuales para revisar intereses y refinanciar deudas ante el cierre de comercios y el endeudamiento familiar.
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) de Santa Fe presentó ante la Defensoría del Pueblo un reclamo para impulsar medidas frente al endeudamiento de las familias, el cierre de comercios y el deterioro del entramado productivo. La iniciativa, respaldada por más de mil firmas, propone abrir instancias de negociación con bancos y mutuales y avanzar en alternativas que permitan evitar nuevas quiebras.
El planteo incluye la revisión de los intereses aplicados a las deudas, la suspensión de determinados códigos de descuento automáticos y la implementación de mecanismos colectivos de refinanciación. Desde la entidad sostienen que la situación económica afecta tanto a los hogares como a las pequeñas y medianas empresas, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y aumento de los costos.
El presidente de Apyme Santa Fe, Mario Galizzi, puso el foco en la situación de la capital provincial y advirtió sobre la cantidad de procesos concursales registrados en la jurisdicción.
“De las 17 quiebras que se han planteado en la provincia, 13 son en la ciudad de Santa Fe, ciudad que no quiero dejar de recalcar es la cuarta ciudad más pobre de la República Argentina, lo cual la pone en una situación de extrema fragilidad”, afirmó.
Apyme advierte sobre el endeudamiento de las familias
Galizzi vinculó el crecimiento de las deudas con las dificultades para afrontar los gastos cotidianos y cuestionó las condiciones de financiamiento disponibles para los consumidores.
“Esta ley liberó las tasas de interés, liberó el aumento de los seguros, liberó el aumento de la obra social; liberó todo. Es peor que la Ley de Entidades Financieras y ha sido la madre de que cada 10 familias, siete estén endeudadas”, sostuvo.
El dirigente también alertó sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas y la pérdida de capacidad de consumo.
“Estamos con récord de quiebras y con récord de negocios cerrados. Se ha perdido en el país casi el 9% del entramado productivo. Es imposible que la gente pueda consumir porque los salarios están embargados, comprometidos, y los servicios aumentaron”, manifestó.
Como parte del diagnóstico, mencionó aumentos en las tarifas de los servicios públicos y los combustibles, además de incrementos en el transporte urbano de pasajeros en Santa Fe. También señaló dificultades en el mercado laboral de distintos puntos de la provincia.
Según los datos expuestos por Galizzi, la desocupación alcanzaba el 11,5% en el cordón industrial de Rosario, el 10,5% en Villa Constitución y el 9% en el Gran Santa Fe.
Qué le reclaman a la Defensoría del Pueblo
El abogado Néstor Pujato explicó que la presentación se realizó con el respaldo de más de mil firmas de ciudadanos que acercaron sus inquietudes y problemas vinculados con el endeudamiento.
“Con 1.000 firmas de ciudadanos que nos trasladaron su inquietud y su problemática, se hizo una presentación ante la Defensoría del Pueblo. Le pedimos que accione directamente con bancos privados y oficiales, ya que conserva una iniciativa legislativa que puede plantear reformas en ambas cámaras”, señaló.
Entre las propuestas de Apyme figura la convocatoria a mesas de diálogo con entidades financieras y mutuales para revisar las condiciones de las deudas y establecer alternativas de pago acordes con la capacidad económica de los afectados.
La organización también busca que se analicen los descuentos automáticos sobre los salarios y que se impulsen mecanismos de refinanciación colectiva para evitar que las obligaciones financieras profundicen la pérdida de ingresos de los hogares.
“La Defensoría del Pueblo tiene que estar al frente de este tema y sentarse a discutir con los bancos los intereses usurarios que nos están cobrando con las mutuales, eliminar los códigos de descuentos e iniciar un refinanciamiento en serio de la deuda”, plantearon desde la entidad.
La protección de la vivienda y el salario
Durante la presentación, Pujato también se refirió a las herramientas legales que pueden utilizar las personas endeudadas para resguardar sus bienes y sus ingresos.
El abogado recomendó consultar sobre la posibilidad de afectar la vivienda al régimen de protección de la vivienda —conocido anteriormente como bien de familia— y evaluar las alternativas legales disponibles antes de recurrir a prestamistas informales.
“Establecer un proceso de quiebra no es fácil, pero en muchos casos es preferible antes que el ciudadano recurra a préstamos de gente inescrupulosa. Aconsejamos que la gente constituya el bien de familia y proteja su casa única”, explicó.
Además, cuestionó las autorizaciones de descuentos voluntarios que, según indicó, pueden ser firmadas sin que los trabajadores comprendan plenamente sus alcances.
“Con el descuento voluntario muchas veces se engaña a la gente: se le hace firmar la autorización y nunca se le avisa. La gente lo puede revocar cuando quiera; el empleador tiene el deber de proteger el sueldo del trabajador según la Ley de Contrato de Trabajo”, argumentó.
Las recomendaciones apuntan a que los afectados conozcan sus derechos y reciban asesoramiento antes de asumir nuevas obligaciones financieras o aceptar condiciones de pago que comprometan una parte sustancial de sus ingresos.
Un reclamo para evitar más cierres y quiebras
Con la presentación ante la Defensoría del Pueblo, Apyme busca que el reclamo individual de las personas endeudadas se transforme en una instancia de discusión colectiva con los bancos, las mutuales y los organismos públicos.
La entidad sostiene que una negociación coordinada permitiría analizar alternativas para refinanciar las deudas, revisar los intereses y reducir el impacto de los descuentos sobre los salarios.
El planteo se apoya en un diagnóstico de dificultades económicas que, según los representantes de Apyme, combina menor capacidad de consumo, aumento de los costos y problemas para sostener la actividad comercial.
Ahora, el pedido apunta a que la Defensoría evalúe las propuestas y promueva instancias de diálogo que permitan encontrar respuestas para las familias y las pymes afectadas.
Fuente: UNO Santa Fe