La defensora del servicio público de la defensa penal, Jaquelina Balangione, llamó a revisar el dictado de prisiones preventivas en Santa Fe.
Por Matías Albani/UNO Santa Fe
La compleja realidad del servicio penitenciario santafesino se traduce en cifras que preocupan en torno a la lucha contra la inseguridad. La desmedida utilización de juicios abreviados, prisiones preventivas que son dictadas sin tener en cuenta las condiciones de hacinamiento que se viven en las comisarías y alcaldías, junto con la falta de un sistema de justicia restaurativa son algunas de las cuestiones en las que se hace hincapié para ser revisadas desde la Defensa Pública del servicio penal de Santa Fe.
La defensora general del Servicio Público de la Defensa Penal, Jaquelina Balangione, se pronunció sobre esto poniendo énfasis: “No me baso en la crítica misma ni para echar males a todos los problemas que tenemos, sino que son aportes de una crítica constructiva. Hay que darle un rumbo a todo esto y hay varias cosas por hacer”.
—¿Cuáles son los proyectos que quedan pendientes en lo que le resta de gestión en la Defensa Pública?
—Desde la Defensa Pública venimos proponiendo desde hace mucho tiempo, con un anteproyecto, la posibilidad de construir en cambio de un servicio de defensa penal un Ministerio de la Defensa que brinde un servicio de defensa integral. Esto es para trabajar con cada una de esas personas que ya cometieron un delito para ver qué es lo que lo llevó a eso y hacer intervenciones de tipo civil en esas familias. Buscamos ir pudiendo apagar esos focos conflictivos cuando todavía no escaló hasta llegar al delito penal sino cuando por ejemplo esto está encerrado en un problema familiar. Respecto a los delitos en torno al consumo de drogas, el 90% empiezan en la casa y ahí no hay una defensa civil que participe activamente de eso.
—¿En qué instancias se encuentra este anteproyecto?
—Nosotros lo seguimos militando, cada vez que nos reunimos con algún político, con el secretario de Justicia, con ministros de la Corte, incluso lo hablamos con el gobernador. Esto también lo charlé con el doctor Erbetta, quien está totalmente a favor de este cambio. Algunos ministros no me han dado una respuesta muy clara porque convengamos de que esto para la Corte significaría otro recorte debido a que la defensa civil todavía está bajo su órbita y pueden ser un poco reticentes con respecto a esto.
—¿Cómo analiza esto a un año de culminar su gestión en la defensa pública?
—Me queda un año de gestión sin tener posibilidades de repetir este cargo y realmente es una frustración porque vine con toda la fuerza pensando que esto se podía lograr. En las reuniones del Consejo Federal de Defensores Públicos del que formo parte están los representantes de todas las provincias que tienen un servicio público de defensa penal o Ministerio Público de Defensa Penal, junto con la defensora general de la Nación. Santa Fe es la única provincia que tiene dividido esto, y vemos es que los conflictos son integrales porque todos se componen de otros aspectos del ordenamiento jurídico. Nos quedamos con muy poco, que es lo penal y es una función hasta antipática para la sociedad porque nos toca la defensa de la persona que está acusada de cometer un delito, sin tener posibilidades de actuar o intervenir con esa persona y su grupo en instancias previas a que se cometa el delito. Cuántos podrían salvarse de ir a la cárcel y de ser captados. Ahí es donde está el peligro, ahí adentro conocieron a los demás y es un problema de gestión.
—El 44% de los presos en la provincia se encuentra sin condena y en sedes policiales el porcentaje es del 89%. ¿Cuál es su punto de vista sobre esto?
—Es gravísimo. Y otra cosa grave es la gran cantidad de juicios abreviados en la provincia, donde se abrevian cosas que son inabreviables. No estoy en contra del procedimiento abreviado, creo que está bien utilizarlo pero en su justo punto y no que todo proceda por juicio abreviado. Eso desvirtúa el sistema y además genera muchas situaciones injustas.
—¿Esto podría pensarse como un replanteo para el Poder Judicial?
—Creo que pasa por ahí y pasa porque los fiscales tienen muchísimo poder que le han concedido las leyes. Pasó en lo que nosotros denominamos la contrarreforma aquí en Santa Fe, cuando se extendió el plazo por el cual un fiscal puede tener detenida a una persona sin la participación de un juez. Esos plazos se duplicaron, siendo 96 horas las permitidas para detener a una persona previo a que se dicte prisión preventiva. Además, muchas veces los fiscales difunden la información a través de los medios, los medios la divulgan y se genera mucha presión, y los jueces también trabajan con presión.
—¿Cómo debe actuar la gestión pensando en una eficaz resocialización de los presos?
—Santa Fe se debe replantear y analizar la posibilidad de construir un sistema de justicia restaurativa, para trabajar con los jóvenes, con los menores y con los principiantes. La mayoría de los presos tienen entre 18 y 24 años, y muchos de ellos son delincuentes menores. Nadie dice que esté bien lo que hacen, si alguien cometió un delito existe un Código Penal, existen las penas, nosotros nos dedicamos a la defensa para que se respeten sus garantías como marca la Constitución. Esto debe estar en su lugar, pero está todo mal organizado.
—¿Qué acciones implicaría esto?
—Implica buscar la solución entre las partes, tratar de reconducir la conducta de esa persona y que la cárcel no sea la única respuesta punitiva del Estado, con el agravante de las condiciones dentro de la cárcel. A alguno le puede servir pero con otros se puede agravar la situación. Es hora de que el Estado se ponga a trabajar seriamente en esto. La otra respuesta en lugar de la cárcel es devolverlo a la casa, nadie hace nada con esto y esta persona viene de cometer un delito. Esto es lo que le da la razón a la gente cuando se dice que “entran y salen, nadie hace nada” y esto es cierto. Un sistema de justicia restaurativa no lo deja que vuelva solo a su casa, sino que se le hace un seguimiento. Esto implica tener una serie de programas y de cuestiones que implican respuestas en forma articulada en los distintos estamentos y sectores del Estado como la educación, salud, la Justicia, el Ejecutivo a través de la Secretaría de Justicia y el Ministerio de Gobierno. Es muy poco lo que se hace y se hace sin tener en cuenta la diversidad que ingresa a la cárcel. No puede haber buenos resultados con esto y el mismo gobierno lo está reconociendo con este informe (por el informe anual del servicio penitenciario del OSP).
—¿Cree necesaria una participación más activa de la defensa pública en donde se toman las decisiones respecto a este problema?
—Días atrás hubo una reunión convocada por el gobernador a una mesa de Seguridad, a la que no fuimos convocados. Si uno lo piensa rápidamente se puede decir que la defensa pública no tendría nada que hacer si se habla de la seguridad y nosotros somos quienes tenemos la defensa de las personas acusadas de cometer un delito. Pero si uno lo piensa de una manera más compleja se concluye que la defensa tiene que estar ahí porque somos quienes conocemos el problema. En la reunión se habló principalmente de la foto del servicio penitenciario y la mayoría de los funcionarios no pisaron ni conocen la realidad de las cárceles.
—¿Cuáles son las prioridades para la gestión de cara a lo que viene?
—Creo que hay que convertir al servicio público de la defensa penal en un Ministerio Público de la Defensa, por la simple razón de que la defensa es la puerta de acceso a la Justicia de todos los ciudadanos, no solamente los que cometen delitos. Luego hay que evaluar la estructura de las cárceles, reorganizar la gestión sin acudir a la limitación de derechos de los presos porque eso es inconstitucional y prohibido por las leyes. La gestión debe tener en cuenta el tipo de delito que las personas cometieron y cuál es su historia de vida delictual para ver dónde las ubica en los pabellones o establecimientos penitenciarios, evitando la captación de muchachos jóvenes a participar en actividades armadas por criminalidad organizada. Y además, se debe sacar a la gente de las comisarías para ponerlas en lugares que sean adecuados para que tengan un lugar de resocialización. Por el lado de la Justicia se debe revisar el tema de la prisión preventiva, este porcentaje de presos había bajado y ahora volvió a subir. Para esto apelo a fiscales y jueces que tengan en cuenta cuando piden prisión preventiva podrían recorrer un poco las cárceles para saber adónde van esas personas. Por último ser más claros en la comunicación con la gente, porque muchas veces se dice lo que la gente quiere escuchar y no se analiza profundamente este tipo de cosas. Los resultados están a la vista porque año a año esto es peor.
Con info de UNO Santa Fe
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