Un informe muestra que la mayor parte de los detenidos con prisión domiciliaria -incluso por narcotráfico, homicidios y torturas- no tienen restricciones de visitas ni tienen puesta una tobillera. Un porcentaje importante hasta sale a trabajar, estudiar o caminar.
Por Raúl Kollmann / Página 12
Del total de personas que cursan prisión domiciliaria en la Argentina, apenas el 1,76 por ciento (menos de 2 de cada cien detenidos con domiciliaria) tienen restricciones a las visitas. Es la restricción que la justicia le impuso a Cristina Fernández de Kirchner, que sólo puede recibir 3 personas, 2 veces por semana y como máximo por dos horas. Incluso en detenidos por narcotráfico, lo que supone algún nivel de peligrosidad o de facilidad para continuar con la venta de estupefacientes, apenas el 0,86 por ciento (menos de uno cada cien) tienen limitadas las visitas. Del total de personas con domiciliaria, únicamente el 19,54 por ciento (menos del 20 por ciento) tienen puesta una tobillera, una medida que le impusieron a CFK, pese a que la expresidenta, además, tiene una custodia de la Policía Federal en la puerta de su domicilio, por lo que no tiene ninguna chance de fuga. Respecto de los presos por crímenes de lesa humanidad -homicidios, torturas, casi todos con reclusión perpetua- menos de la mitad tienen puesto el dispositivo de control electrónico. Lo habitual en personas con prisión domiciliaria es que tienen autorización para salidas, incluyendo a trabajar, a estudiar o a realizar tratamientos. Más de la mitad tienen autorizadas caminatas habituales, sin control alguno. Cristina Kirchner no cuenta con ninguna de esas autorizaciones, sólo le permiten subir a la terraza dos horas por día. Todo deja en claro que se trata de pura y dura persecución política.
Los datos surgen de un pedido de información realizado por cinco integrantes del Consejo de la Magistratura a la totalidad de los juzgados federales del país, lo que incluye a los tribunales que condenaron a cada una de las personas y a los jueces de ejecución penal, que son los que disponen las condiciones de detención. Como es obvio, la mayoría de los detenidos son por narcotráfico, trata de personas y por crímenes de lesa humanidad, todos delitos de competencia federal. Y se trata casi siempre de personas mayores a los 70 años, como es el caso de Cristina y también el de Julio De Vido, a quien le pusieron todas las trabas posibles para otorgarle la domiciliaria.
Con la respuesta de la justicia al Consejo, se articuló un análisis que deja en claro que las condiciones que se le imponen a Cristina Kirchner responden a la política y no al accionar habitual, normal, de la justicia respecto de los detenidos con prisión domiciliaria. El trabajo de análisis de la información lo hicieron los consejeros Rodolfo Tailhade, Vanessa Siley, César Grau, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti. Todavía no hay decisión sobre los próximos pasos, pero todo indica que podría haber presentaciones ante el Consejo, el Congreso Nacional, en la justicia y seguramente también planteos en tribunales internacionales. La decisión final en esta materia la tomará la propia Cristina.
Sin restricciones
Una de las situaciones más gravosas que afronta la expresidenta es la limitación a las visitas, que le permite visitas únicamente dos veces por semana, dos horas y tres personas, como máximo. Le impide desarrollar incluso de manera limitada su labor política.
La justicia federal de todo el país le informó al Consejo de la Magistratura sobre 1192 personas en detención domiciliaria. De ese total, sólo 21 tienen restricciones en las visitas. Es decir, el 1,76 por ciento, o, dicho de otra manera, el 98,24 por ciento no tiene ninguna restricción.
La cuestión de los condenados por narcotráfico es muy especial, porque una de las críticas es que la domiciliaria les permite continuar con su actividad: en el caso, por ejemplo, de personas que viven en los barrios, tienen chances de seguir en el comercio de estupefacientes y los que están más arriba, los dealers, también les abre la posibilidad de continuar en el narcomenudeo, mayor o menor.
De los que están en domiciliaria por narcotráfíco, el informe releva 929 casos, de los cuales 8 (ocho) tienen restricciones en el régimen de visitas. Se trata del 0,86 por ciento.
Los tribunales fueron esquivos a informar sobre los que tienen prisión domiciliaria por crímenes de lesa humanidad. Se sabe que en el país hay 247 en esa situación, pero se informó únicamente sobre 32. De esos 32, apenas 5 tienen restricciones, el 15 por ciento, lo que significa que el 85 por ciento no tiene limitación alguna. El caso más emblemático fue el de Jorge Olivera, condenado por homicidios y torturas, que celebró con su esposa los 50 años de casado en 2024 con la presencia de 60 personas y la actuación de Ramón Palito Ortega.
Demás está decir que en casi todos los casos de crímenes de lesa humanidad las condenas son a perpetua y no hay punto de comparación con la condena de Cristina, 6 años por administración fraudulenta, con el viejo truco de “debió saber” como presidenta el desarrollo de las licitaciones de rutas en Santa Cruz y sin que se hubiera comprobado ni se le imputó que se haya beneficiado económicamente.
Sin tobillera
El Tribunal Oral 2, integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso resolvió que a Cristina se le colocara una tobillera. Tomaron esa medida pese a que CFK tiene custodia policial -por ser expresidenta-, lo que evita cualquier fuga o salida del domicilio, que es el objetivo del control electrónico. Significa que la medida apuntó a una humillación política, dado que no tiene ningún efecto práctico. La decisión fue apelada por el abogado de Cristina, Carlos Alberto Beraldi, y la Casación ratificó que debe seguir con la tobillera. Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos respaldaron lo resuelto por el Tribunal, mientras que Mariano Borinsky votó en contra.
En la respuesta al pedido de información del Consejo de la Magistratura se habla de un total de 1.468 personas que tienen puesto el aparato de control electrónico. De ellos, el 23,9 tiene la tobillera, uno de cada cuatro. Es evidente que se trata de personas a las que se les adjudica algún peligro de fuga, lo que en el caso de Cristina no existe.
Vale aclarar que, en algunos casos, los tribunales federales informaron de manera imprecisa, no sobre la totalidad de los detenidos con domiciliaria. Se les está pidiendo que completen la información. En algún caso dieron cuenta de los que cursan condenas por narcotráfico, pero no informaron de los que condenados por lesa humanidad, a veces incurrieron en el error contrario. Se esperan nuevos informes.
Permisos de salida
En el informe al Consejo de la Magistratura se establece que, de un total de 1.190 detenidos con domiciliaria, 534 tienen permisos de salida: para trabajar, para estudiar, para caminar por la zona por motivos de salud o tratamientos de distinto tipo. Incluso la mitad de los condenados por narcotráfico y más de la mitad de los condenados por crímenes durante la dictadura cuentan con permisos de salida.
Cristina sólo tiene autorizado ir 2 horas a la azotea de su edificio. Esta semana fue a hacerse un tratamiento médico, que no sólo fue autorizado por el juez García Uriburu, sino que después se le hicieron llegar los certificados correspondientes. Aun así, en las redes hicieron circular un video en que se la veía entrar a San José 1111, pero omitiendo que estaba llegando acompañada de la custodia.
Los datos provistos por la justicia federal de todo el país exhiben que a la exmandataria se la somete a regímenes que no tienen comparación alguna con lo que sucede con todos los demás detenidos con domiciliaria. Ni siquiera con los condenados por narcotráfico o por homicidios y torturas durante la dictadura. Es una manifestación más de lo que se llama lawfare, o sea la utilización del aparato judicial para la persecución política. En el juicio conocido como Vialidad no hubo ni un testigo ni un documento que refiriera a alguna participación de ella en el proceso de las rutas sureñas. Pese a ello, el juicio terminó en una condena, ratificada por la Casación y luego, en tiempo record, por la Corte Suprema. Como en Brasil, con Lula; Ecuador con Rafael Correa; en Bolivia con Evo Morales, se trata del uso del aparato judicial para silenciar a líderes progresistas.
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