El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 establece un esquema de marcada austeridad con fuertes reducciones de recursos para las universidades públicas y la infraestructura. La iniciativa contempla partidas en cero para obras locales y vivienda, al tiempo que consolida la quita de subsidios a los estados provinciales.
El proyecto de ley del Presupuesto Nacional 2027, presentado por el Poder Ejecutivo, expone la hoja de ruta económica de la gestión central trazada en torno al objetivo irrenunciable del equilibrio fiscal. De acuerdo con los detalles brindados por la periodista Liliana Franco en su columna semanal por LT10, el texto reafirma la línea oficial de restricción presupuestaria para garantizar la baja de la inflación, lo que impacta de lleno en las universidades, los subsidios y la infraestructura regional. Ante este escenario, la analista advirtió que el proyecto revela las prioridades de la Casa Rosada y anticipa un panorama financiero complejo para el ámbito educativo e industrial de las provincias.
En el terreno de las universidades públicas, la propuesta presupuestaria mantiene el conflicto latente con las casas de altos estudios al sostener un severo recorte de fondos. El proyecto destina una partida de 7,3 billones de pesos, un monto lejano a los 11 billones de pesos que había solicitado como mínimo de funcionamiento el Consejo Interuniversitario Nacional. Esta diferencia de cerca de 4 billones de pesos se da en un contexto donde las universidades denuncian un atraso salarial acumulado del 31,2 %, frente a estimaciones oficiales que proyectan una recuperación salarial del 20,4 % contra una inflación del 18 % para 2027. La poda de recursos alcanza además a organismos de desarrollo científico y productivo regional, registrando reducciones del 12,4 % nominal para el INTA y de casi el 5 % para el INTI.
En materia de infraestructura para Santa Fe y el resto del país, la iniciativa nacional consagra el “cero peso” para partidas sensibles como vivienda y obras de urbanismo o cloacas. La única excepción puntual en la provincia abarca una partida superior a los 88 millones de pesos destinada a cinco corredores viales clave —las rutas nacionales 178, 11 y 33, la autopista a Buenos Aires y la hidrovía—, aunque requerirán un aporte de contraparte obligatoria por parte del ejecutivo provincial. En contraste, proyectos estratégicos previamente acordados con la Nación, como la ampliación de la planta potabilizadora de agua en la capital santafesina, quedaron excluidos por completo del presupuesto para el próximo ejercicio.
En lo relativo a los subsidios económicos y giros provinciales, las planillas presupuestarias ratifican un escenario de fuerte retracción en las partidas asignadas al transporte, la energía y el gas. Este esquema profundiza la crisis de las finanzas locales, luego de que las provincias y municipios sufrieran un desplome del 86,6 % en sus cuentas de ingresos, lo que derivó en la paralización de la obra pública local. Pese a que el Estado nacional continúa percibiendo los ingresos derivados del impuesto a los combustibles, estos fondos no regresan en forma de compensaciones a las provincias. Al respecto, Franco remarcó que “las transferencias a provincias que vienen bajando a lo loco van a seguir bajando”, consolidando la decisión política de replegar el auxilio financiero central.
Finalmente, la crudeza del proyecto de ley es interpretada por analistas como una estrategia de la Casa Rosada para condicionar las negociaciones políticas con los gobernadores. Liliana Franco calificó el diseño presupuestario de “casi ofensivo” para los mandatarios del interior, al plantear una postura donde las provincias deben resolver de forma autónoma sus demandas de infraestructura. La necesidad que tiene el Ejecutivo de obtener el respaldo legislativo para reformas institucionales convierte a este presupuesto restrictivo en un eje de presión y negociación, reafirmando el axioma oficial de no ceder en el equilibrio fiscal
Fuente: LT10
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