Se trata de un texto breve y claro -–y por ello contundente–- acerca de lo que significa la aplicación de una ley. Tema que cuando en la Argentina se resuelva sana y definitivamente, será, dicho sea sin la menor duda, una de las grandes reparaciones a la democracia, la paz y la convivencia .
López basa su argumentación, como corresponde, en el DNU 690/20 por el cual en agosto pasado el presidente Alberto Fernández decretó que el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) «es un derecho humano básico y por lo tanto la telefonía celular, la fija, internet y la TV por pago son servicios públicos esenciales en competencia».
Al ser refrendado por el Senado, ese DNU se convirtió en una ley por la cual los precios de esos servicios dejaron de ser de libre mercado y todo incremento posterior debe ser autorizado por el Enacom, incluso y especialmente la prestación básica universal (PBU) destinada a la población de menores ingresos (iguales o inferiores a dos salarios mínimos). La idea era, razonablemente, que ningún/a compatriota quede sin conectividad por razones económicas. Para lo cual se crearon planes especiales garantizando acceso generalizado desde 150 pesos mensuales por línea y partiendo del razonamiento, en palabras de López, de que «si para estudiar, enseñar, trabajar, acceder a la cultura y al conocimiento, para emitir una receta o para llenar la planilla del IFE se necesitaba conectividad, el Estado debía garantizar el acceso equitativo e igualitario, atendiendo a los más vulnerables».
En ese artículo, López (que también es presidente de Forja) dice expresarse no en su rol de funcionario sino «como ciudadano, abogado, militante político y luchador desde hace más de 30 años por la democratización de los medios». Lo que es no sólo válido sino también ejemplar, y bueno sería que su ejemplo cunda. Sobre todo porque «las leyes están para ser cumplidas y cuando una empresa no lo quiere hacer, además de obligarla legalmente, vale una indagación ciudadana».
Como sea, y aunque quizás la mayoría de la población no lo sepa con precisión, el Enacom hace sólo un mes (en diciembre pasado) puso en marcha la mencionada PBU mediante dos resoluciones, y autorizó sólo un 5% de aumento para el mes de enero en los servicios TICs. Pero de inmediato, y argentinamente, varias empresas adujeron que las resoluciones estaban fechadas el 18 de diciembre y –¡pobrecitas!– ya habían emitido las facturas con un aumento no autorizado de hasta el 20%. El Ente hizo público entonces un comunicado advirtiéndoles que todo lo cobrado de más debía ser devuelto en la factura de febrero. Sólo algunas comunicaron a sus clientes la futura devolución, pero por lo menos una, Cablevisión, no sólo ni lo hizo sino que facturó febrero con un mismo aumento del 20%.
Como todo servidor público ante un abuso, López de inmediato tomó las medidas correspondientes a su cargo de director del Ente Regulador y, en consecuencia, el juzgado Civil y Comercial N°10 de Mar del Plata ordenó a la empresa devolver los importes cobrados por encima del aumento autorizado.
Pero eso mismo motivó en el funcionario -–que se declara «militante del tema y abogado conocedor de la política judicial»–- algunas dudas ante «una posible maniobra económico-judicial que podría perjudicar a millones de usuarios en beneficio de una sola empresa, salteando a las instituciones de la Constitución que establecieron la ley vigente».
Seguramente no son dudas caprichosas, toda vez que desde la sanción del DNU original en agosto pasado, todas las grandes empresas judicializaron el tema. Y aunque todavía ningún amparo les fue otorgado, sí se supo que en plena feria judicial –la que hoy transcurre– se presentó una demanda de medida cautelar en el juzgado Contencioso Administrativo Federal N°10 a cargo del juez de Feria Edgardo Walter Lara, quien -–según López–- recibió el expediente en la segunda quincena de este mes de enero en curso. Por lo que muy velocísimamente tendría que ratificar la ley vigente y la PBU, y determinar que se devuelva el dinero mal cobrado o -–»como pasó en otras oportunidades», López dixit–- «dejar a millones de personas a merced de los intereses económicos de una empresa, sin PBU y al aumento antojadizo que pretendan».
Como se aprecia, este caso pondría en cuestión una vez más la duda que atormenta a la política nacional: si nos regimos por el sistema democrático o nos rigen los intereses de las corporaciones. Y duda, por cierto, que está viva y tiene perfectas equivalencias en todo el país y en todos los órdenes, pues los debates son inagotables. Sin ir muy lejos, este fin de semana se condenó la figura presidencial desde posiciones políticas diversas en materia ambiental.
En Chilecito, La Rioja, la defensa del Famatina llevó a fundamentalistas a manifestarse «en contra de toda la clase político-partidaria» y «gobierne quien gobierne», y acusaron al Presidente de una voluntad megaminera que nunca expresó y es de esperar que jamás lo haga. Y al mismo tiempo en Chubut el diario Jornada, de Trelew, editorializó a cuatro columnas el supuesto reiterado apoyo de AF a la megaminería chubutense «desde hace 15 meses», deduciendo y exagerando un firme apoyo presidencial a las reformas legales con que amenaza a esa provincia el gobernador Arcioni.
Son preocupantes tanto las exageraciones ambientalistas por izquierda como los negocios peronistas por derecha, todos a una falseando la figura presidencial para degradarla. Lo cual no quita validez a los muchos y justificados reclamos de las bases del Frente de Todos que sí están viendo con mucha preocupación cómo el Presidente pierde seguidores en la medida que se encienden serias y bien fundadas dudas sobre la acción -–y sobre todo las inacciones–- de gobierno. Ésas que analiza con precisión un estupendo artículo de la socióloga Paula Canelo que circuló el sábado en casi todas las redes sociales.